Rebasado, Sector Salud, para proporcionar tratamientos contra adicciones
La infraestructura y el personal no alcanzan para atender los cientos de casos que son canalizados por el Tribunal Especializado en Narcomenudeo
Con la operación del Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN) en Ciudad Juárez, se avanzó hacia una justicia terapéutica, pero la infraestructura del Sector Salud se quedó corta ante la problemática de las adicciones vinculada con este delito.
El TEN es único en el país y ya se plantea como modelo nacional para dejar de criminalizar las adicciones. Sin embargo, su mayor reto es proporcionar la atención oportuna y de calidad a quienes ingresan en esa condición al sistema judicial, para evitar recaídas y reducir la reincidencia delictiva.
La metanfetamina o cristal está en cerca del 70 por ciento de las detenciones que luego se judicializan por posesión simple de drogas, de acuerdo con la responsable de la Unidad de Delitos contra la Salud de la Fiscalía Zona Norte, Claudia Alejandra Cruz Cruz.
En el restante 30 por ciento quedan la mariguana, la heroína y la cocaína. De los casos que se judicializan, ni el diez por ciento corresponde a comercialización, ya que es más difícil acreditar la venta.
Distintos actores que participan en el esfuerzo interinstitucional para hacer frente al delito de mayor incidencia en Ciudad Juárez, el narcomenudeo, coinciden en que el área de Salud fue rebasada en el plan piloto.
En el modelo especializado, se opta por la suspensión provisional del proceso a prueba para evitar que las personas vayan a prisión y entonces puedan derivarse a la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic).
Ya como usuarios de drogas, los procesados se canalizan a un establecimiento residencial (operado por Organizaciones de la Sociedad Civil) si se requiere de un ingreso o internamiento, o a los Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) si el tratamiento requerido es ambulatorio.
“Nos damos cuenta cuando hay incumplimiento en la suspensión condicional, que nos comentan que a veces los reagendan porque está saturada el área”, dice la titular de la Unidad de Delitos contra la Salud en Juárez.
Considera que es necesario que se amplíe la cobertura para que las personas canalizadas por el Tribunal puedan recibir la atención médica adecuada.
“Hay muy pocos CAPA. Y no se puede, la ciudad es demasiado grande y al mes son 400 o hasta 500 personas canalizadas, para tres o cuatro capas en toda la ciudad. ¿Cuántas personas pueden estar trabajando en esos CAPA para otorgarles el tratamiento a las personas? Es demasiado”, indica la fiscal.
Lo atienden tres años después
Cuando Norte Digital acudió al CAPA Altavista, ubicado en la colonia del mismo nombre, pudo platicar con “Isaac”, un usuario de 30 años que asistió a su primera cita terapéutica con una de las psicólogas del Centro.
Él fue detenido por posesión de mariguana desde el 2019. Fue puesto a disposición de la Fiscalía Zona Norte que le abrió carpeta de investigación, pero la judicialización de su caso se quedó pendiente.
Precisamente antes de la prescripción del delito que se da en tres años para el caso de posesión de narcóticos, le llegó un citatorio el pasado 30 de abril, para presentarse ante un juez el 9 de mayo.
“Lo más seguro es de que se quedó ahí archivado. A lo mejor no tenían trabajo y ya sacaron los papeles de ahí. O puede ser otra, que se empezaron a preocupar, no sé”, dice “Isaac” cuando se le cuestiona si supo por qué se tardaron tres años para darle su cita.
La responsable del CAPA Altavista, Gabriela Carzoli, respondió, ante la misma pregunta, que es poca la capacidad que se tiene ante la problemática de drogadicción y su vinculación con el delito de narcomenudeo.
“Nos rebasa”, admitió la psicóloga. Indicó que por eso hay lista de espera en la atención a los usuarios que son derivados del Tribunal Especializado en Narcomenudeo.
En el CAPA Altavista hay tres consultorios. A uno de ellos entró “Isaac” para ser atendido por una de las cinco terapeutas con que cuenta ese Centro que trabaja en dos turnos.
Acudió al CAPA porque así se determinó en el Centro de Atención a las Adicciones (Ceadic), después de que en la cita a la que acudió en la Ciudad Judicial, el juez lo derivó (canalizó), por medio del Instituto de los Servicios Previos al Juicio.
Cuando acudió al Ceadic, le correspondía someterse a un examen antidoping. Sin embargo, no contaban con los insumos y debieron creerle que ya tiene cuatro meses limpio de drogas. Como no requirió desintoxicación, fue canalizado al CAPA de su elección.
“Isaac” optó por el Capa Altavista, ya que, aunque se ubica lejos de su domicilio de Infonavit San Lorenzo, es de fácil acceso en transporte público.
“Necesitas una ayuda, es progresivo, poco a poco. Me canalizaron a mí a un programa donde es de prevención de recaída. Ya no tanto para desintoxicarme porque yo ya estaba desintoxicado. A mí me están ayudando para mantenerme firme, en pocas palabras”, narra quien ha consumido drogas desde los 12 años.
“Ya está en cada uno –agrega– porque del 100 por ciento, el 70 por ciento de los drogadictos vuelven a caer, o sea son muy poquitos los que llegan a una recuperación. La recuperación no es instantánea, pero es una lucha que se va a llevar por toda la eternidad”.
“Isaac” trabaja hoy en una carpintería y además es misionero y predicador en una iglesia. Antes delinquía habitualmente y consumía hasta 10 cigarros de mariguana al día, aparte de cocaína, alcohol y pastillas psicotrópicas. “Las clonazepam eran mi delirio”, admite.
Ahora no solo debe cumplir con acudir a sus terapias, también debe firmar ante el Poder Judicial cada mes. Ya lleva dos firmas y le faltan cuatro. Al Ceadic deberá presentarse cada dos meses para su examen antidoping.
Depende del diagnóstico, pero lo más común es que en los CAPA se programen tratamientos de entre tres y cuatro meses de duración.
Todas las suspensiones de proceso se canalizan al Ceadic
De acuerdo con las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, en las 7 mil 028 causas penales que se abrieron en 2021 por narcomenudeo, hubo 2 mil 192 suspensiones provisionales concedidas por los jueces de Control. Cada caso debió llegar hasta Ceadic para el tratamiento de la adicción.
De todas esas suspensiones concedidas para dirigir la acción hacia el tratamiento terapéutico, únicamente se cumplieron 370.
Es decir, en 370 casos, las personas cumplieron con las obligaciones impuestas, tanto las firmas periódicas ante el sistema judicial, como el tratamiento de las adicciones ante el Sector Salud.
No queda claro qué tanto fue incumplimiento de firmas o qué tanto porque se abandonaron los tratamientos. La responsable del Instituto de Servicios Previos al Juicio en la Ciudad Judicial, Liliana Carrillo, se negó a dar una entrevista para hablar del seguimiento al modelo del TEN.
De acuerdo con la jueza de Control comisionada al TEN, Nancy Cristina Reyes Esquivel, en ese año puede haber más casos que se iniciaron y cumplieron debidamente pero no alcanzaron a radicarse y se contabilizan hasta el 2022. También se rezagan los expedientes si a las personas se les giran órdenes de aprehensión para que comparezcan ante los jueces.
En los 370 casos de suspensiones cumplidas, procedió el sobreseimiento con efecto de sentencia absolutoria. De esa manera, no le queda el antecedente penal a la persona procesada.
Es precisamente en la fecha que se decreta el sobreseimiento por parte del juez, cuando se contabiliza el caso de suspensión como cumplida.
Judith Ávila, la enlace en Juárez del TEN con el Tribunal Superior de Justicia, considera que se deben “llevar a la práctica” los convenios con el Sector Salud para tener suficiencia presupuestal y ampliar el servicio.
“Que efectivamente se logre obtener recursos para que todos los imputados logren tener el tratamiento adecuado, pero además en óptimas condiciones. Lograr a lo mejor prolongar un poquito más los tratamientos para tener una mayor efectividad en cuanto al objetivo que es la justicia terapéutica”, señala la también encargada de despacho de la Segunda Sala Penal.
“La magnitud del problema –agrega Ávila–, nos supera, entonces tenemos que adecuar esta necesidad con la oferta que se está dando por parte del Sector Salud”.
Para la jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel, en el modelo falta fortalecer el Sistema de Salud y dar seguimiento puntual a los usuarios, después de que reciben los tratamientos.
“Es como no dejarlos a la deriva. A lo mejor, encaminados también a generar más adelante bolsas de trabajo, becas de estudio, precisamente para dar este seguimiento y que estas personas que logran salir del uso problemático de sustancias, puedan tener estas oportunidades más a la mano”, dice Reyes.
Falta llevar justicia terapéutica a etapa de sentencias
La jueza de primera instancia considera que otra área de oportunidad sería trasladar la justicia terapéutica a una etapa de ejecución, no nada más cuando hay suspensión condicional del proceso.
“Todas estas personas que no pudimos rescatar en esta primera etapa, entonces ahora hacerlo en la etapa de ejecución de una sentencia”, agrega.
Desde el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), organismo que impulsó la creación del TEN, se le da seguimiento al modelo, precisamente para ver qué se puede mejorar.
“La verdad es que es bastante el tope que tenemos en capacidad o es muchísima la demanda que tenemos, y tenemos que ver cómo aperturamos más servicios para brindarle la atención a los usuarios del sistema que están siendo canalizados o que tienen una suspensión del proceso y que necesitan este tratamiento”, dice Luisa Ponce Acevedo, coordinadora de la Unidad de Vinculación Ciudadana en Ficosec Zona Norte.
A Salud le faltan recursos para poder ampliar esos servicios, concluye.
Todas estas personas que no pudimos rescatar en esta primera etapa, entonces ahora hacerlo en la etapa de ejecución de una sentencia”
Debe hacerse traje a la medida del usuario
Ponce Acevedo asegura que, como se planteó al lanzarse el proyecto, se trata de hacer un traje a la medida de cada usuario.
“Que se atienda lo que se requiera, terapia psicológica, desintoxicación, algún trauma, alguna cuestión de la que fue víctima y necesita ser atendido”, expresa.
Destaca que es un esfuerzo de todos y que no es culpa de nadie que las capacidades estén topadas.
“A final de cuentas sí se canaliza, pero tenemos tiempos de espera, por ejemplo, o recortamos un poquito la terapia, o la pausamos un poquito. Si era dos veces a la semana o cada semana a lo mejor es cada 15 días. A lo mejor no dando el tratamiento tan puntual”, detalla la representante de Ficosec.
Ponce Acevedo considera que debe de subir la calidad de la atención, específicamente del tratamiento.
“Y no es que no lo hagan bien, es que creo que nos falta darnos el tiempo de decir, un diagnóstico, necesita 10 sesiones o 20 o 50 sesiones esta persona, y así se las demos. Es ahí donde estamos topados”, explica.
Hay 15 terapeutas y 6 trabajadores sociales en los tres CAPA
La coordinadora de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones Zona Norte, Lizeth Gutiérrez Perea, señala que precisamente para poder ampliar la atención a usuarios derivados del sistema penal, se habilitó el Centro de Salud B.
La doctora asegura que, aunque están a tope en los tres CAPA, sí tienen capacidad de atención.
En conjunto para los tres Centros, cuentan con 15 terapeutas y 6 trabajadores sociales, además de seis administrativos que cubren dos turnos.
Sin embargo, deben atender a las cerca de 200 personas referidas al mes por el TEN, además de atender a sus usuarios regulares y brindar un apoyo en terapéutica para grupos de AA (Alcohólicos Anónimos).
Sigue siendo un reto, ¿por qué? Porque no somos exclusivos para justicia. Nosotros también damos la atención al público en general. Qué quiere decir, aquellos que no tienen ningún problema dentro del área de justicia, también tienen un acceso a la atención en CAPA”, explica.
En las colonias Altavista, Azteca y Águilas de Zaragoza, los tres CAPA trabajan en doble turno, es decir, desde las 7 de la mañana, hasta las 8 de la noche.
“Somos tres CAPA, ese es el reto para nosotros, el hacer estos convenios de colaboración con el Gobierno Municipal, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mover a todas esas instituciones implica un reto porque no nada más es la gestión, sino la homologación de los procesos para llevar a un mismo resultado”, destaca la especialista.
Asegura que ya se está trabajando con instituciones como el IMSS y el Issste para desfogar las derivaciones que se reciben del sistema penal y ofrecer los tratamientos a quienes tienen esa derechohabiencia.
Sin embargo, las cifras de las derivaciones se mantienen al alza, igual que ocurre con el delito de mayor incidencia en Ciudad Juárez: el narcomenudeo.
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