La exfiscal Sully Ponce Prieto fue una de las figuras más polémicas durante la gestión del exgobernador Patricio Martínez García.
Estuvo al frente durante 1998 de la entonces Fiscalía Especial para la Investigación de los Homicidios de Mujeres, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Su labor fue siempre motivo de controversias y cuestionamientos.
Ciudad Juárez era en ese año objeto de atención mundial por la creciente estela de muertes de mujeres, que comenzó a ser visibilizada con el conteo elaborado desde 1993 por la activista Esther Chávez Cano.
El fenómeno de los feminicidios adquirió mayor relevancia tras el caso del Campo Algodonero, donde fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres asesinadas
Era noviembre de 2001. A Sully Ponce le tocó lidiar desde entonces con las críticas de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas, además de las organizaciones sociales, debido a sus malos resultados.
Este fenómeno de resonancia internacional, fue algo de lo que la exfiscal salió mal librada y con implicaciones legales.
Uno de esos factores fue el caso de la llamada “Banda de los Ruteros”.
Víctor García Uribe, “El Cerillo”, y Gustavo González Meza, “La Foca” fueron dos choferes de ruta detenidos y acusados de ser responsables de los crímenes del Campo Algodonero.
Con la muerte de González Meza en el penal de san Guillermo, en condiciones catalogadas de sospechosas, y la posterior liberación de García Uribe, el caso perdió fuerza.
La investigación de Ponce fue cuestionada por organismos derechohumanistas al considerarse a los señalados como chivos expiatorios y objeto de torturas.
La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, con Guadalupe Morfín a la cabeza, recomendó investigar a Ponce y su equipo.
¿El motivo? Acciones y omisiones que permitieron “mediante tortura y fabricación de evidencias” que Víctor García Uribe fuera procesado y sentenciado”, según Morfin.
Esto y los continuos roces sostenidos con familiares de las víctimas, la llevó a ser incluida en una lista de funcionarios y exfuncionarios negligentes, elaborada por María López Urbina, quien fungía en esta ciudad como Fiscal de Crímenes de Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se giró un auto de formal prisión en su contra, del que años después fue exonerada por el juez federal Juan Carlos Carrasco Borunda.
Cuestionada por unos y admirada por otros, Ponce Prieto regresó al ejercicio público.
En 2021, la abogada se registró como precandidata a diputada federal por el Distrito 03 por el Partido Morena, que no obtuvo.
Hasta antes de su muerte fungía como docente y abogada.
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