El nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), volvió a colocarse en el centro del debate nacional luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reactivara la hipótesis del “segundo tirador” en el asesinato del priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Sánchez Ortega, originario de Sinaloa, ingresó al CISEN en 1993 y fue asignado a labores de inteligencia en Baja California, justamente en los meses previos al magnicidio. Su presencia en Tijuana durante los actos de campaña de Colosio nunca ha estado en duda: formaba parte del aparato civil de espionaje del Estado mexicano.
Fue detenido en 1994 para ser interrogado, luego de que agentes hallaran una chamarra con manchas de sangre y de que la prueba de rodizonato —empleada para detectar rastros de disparo— arrojara un resultado positivo. Pese a esos indicios, el entonces agente fue liberado casi de inmediato con el argumento de que no había elementos suficientes para procesarlo.
Durante décadas, su expediente se mantuvo en un nivel casi anecdótico dentro del cúmulo de irregularidades que rodearon la investigación original.
Sin embargo, las cartas y declaraciones de Mario Aburto Martínez —condenado como asesino solitario— insistían desde 1994 en la existencia de otro hombre armado detrás de él, señalando directamente a Sánchez Ortega. Afirmaciones que fueron descartadas o minimizadas por las autoridades de la época.
Treinta y un años después, la FGR retomó esa línea. El pasado 15 de noviembre, un juez de control dictó auto de formal prisión contra Sánchez Ortega, abriendo un nuevo capítulo en un caso que durante décadas se dio por resuelto.
La Fiscalía sostiene que hubo encubrimiento, fallas deliberadas en la integración del expediente original y omisiones que permitieron que un agente de inteligencia presuntamente involucrado quedara en libertad sin una investigación exhaustiva.
La FGR no ha detallado todavía la participación específica que atribuye al exagente, pero sostiene que existen elementos suficientes para reexaminar su cercanía con la escena del crimen, su asignación oficial en la cobertura del mitin y la evidencia técnica que en su momento se desestimó.
A más de tres décadas del asesinato que cambió la historia política del país, el perfil de Jorge Antonio Sánchez Ortega vuelve a ser pieza central.
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