La tranquilidad en el mundo del cheerleading en El Paso se rompió el pasado fin de semana con el arresto de Christopher Sotelo, exentrenador de los Texas Bandits All-Stars, quien enfrenta acusaciones por grabar a porristas sin su consentimiento en espacios privados.
De acuerdo con registros de la cárcel del condado de El Paso y de medios de comunicación de la vecina ciudad, Sotelo fue ingresado el sábado bajo dos cargos de “invasive visual recording” —grabación visual invasiva— y liberado ese mismo día tras pagar una fianza de 15 mil dólares por cada cargo (enfrenta dos cargos en su contra).
El caso se destapó luego de que, dentro de las instalaciones de los Texas Bandits, se descubriera un aparato con apariencia de cargador portátil que en realidad era un dispositivo de grabación. El hallazgo fue reportado a las autoridades, lo que derivó en una investigación inmediata.
Sotelo fue removido de manera definitiva de la organización para la que laboraba.
La respuesta del equipo
En una carta dirigida a padres de familia y atletas, los Texas Bandits All-Stars expresaron su consternación:
“Se trata de una situación profundamente preocupante. El programa tiene cero tolerancia hacia conductas que comprometan la confianza y la seguridad”, señalaron.
La organización detalló que presentó formalmente la denuncia, coopera con los detectives a cargo del caso y que, por respeto a la investigación en curso, no brindará más información hasta que las autoridades lo autoricen.
El artículo 21.15 del Código Penal de Texas establece que una persona incurre en grabación visual invasiva cuando fotografía o graba áreas íntimas de otra persona en espacios donde existe expectativa razonable de privacidad —como baños o vestidores— sin el consentimiento de la víctima.
La ley clasifica este delito como un “state jail felony”, con penas que pueden ir de seis meses hasta dos años en prisión estatal, además de multas económicas de hasta 10 mil dólares.
Por ahora, Christopher Sotelo enfrenta el proceso en libertad, pero con dos cargos formales en su contra. La investigación continúa bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de El Paso, mientras familias y atletas aguardan respuestas en torno a un caso que ha sacudido a la comunidad deportiva juvenil de la frontera.
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