El reloj marcaba las 11:12 horas del 27 de octubre, cuando el juez de Control Carlos Jaime Rodríguez, dio inicio formal a la audiencia de vinculación a proceso penal en contra de Nancy Iveth A.A. y Roberto Isaac A.A., por los delitos de inhumación, exhumación, respeto de cadáveres y fraude, cometidos en agravio de Daniel Méndez Flores y su familia, cuando los imputados eran empleados de la Funeraria Del Carmen.
A diferencia de otras audiencias en las que Nancy Iveth y Roberto Isaac, madre e hijo, se han enfrentado a la justicia por causas penales relacionadas con sus actividades en la funeraria, esta vez hubo una diferencia significativa: la víctima que los acusa estaba presente entre el público.
Ana Isela, hija de Daniel Méndez Flores —quien falleciera el pasado 9 de mayo—, acudió a la sala 20 de Ciudad Judicial. Afectada por una congestión nasal y la presión emocional de revivir los hechos, apenas pudo seguir las intervenciones a lo largo de la audiencia.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Ana Isela y Nancy eran vecinas desde hacía más de 16 años. Esa relación de confianza fue la que llevó a la hija del señor Daniel, fallecido por complicaciones médicas, a contratar los servicios funerarios de la Funeraria Del Carmen.
Si bien parte de los servicios se realizaron, la encargada incumplió el contrato, fallando principalmente en la entrega de documentos que la funeraria debía tramitar.
Un arreglo que no prosperó
Se suponía que la defensa de Nancy Iveth había solicitado la comparecencia de Ana Isela para presentarla como testigo en favor de los acusados. Sin embargo, al inicio de la audiencia el abogado defensor informó que había intentado un arreglo económico con la mujer por los daños ocasionados, por lo que desistió de usar su testimonio.
El defensor reconoció que la Fiscalía General del Estado (FGE) comprobó de manera fehaciente el delito de fraude imputado a Nancy Iveth, aunque negó que existieran pruebas científicas que acreditaran la comisión del delito de inhumación, exhumación y respeto de cadáveres.
Afirmó que a la víctima se le entregó una urna con cenizas —supuestamente las de su padre—, por lo que consideró que no se demostraba la comisión del delito.
También acusó a la FGE de emprender una “persecución ensangrentada” contra sus defendidos, al considerar que, tras el hallazgo de cientos de cuerpos en el crematorio Plenitud, la sociedad juarense se encuentra “dolida” y exige responsables.
Pidió al juez que se juzgara con base en los hechos y no bajo la presión social.
El cuerpo que nadie registró
El Ministerio Público respondió recordando que ningún crematorio del estado tenía registros de haber realizado una cremación a nombre de Daniel Méndez Flores, según los oficios enviados a varias funerarias.
Tampoco existía la autorización previa de cremación ante la FGE, requisito obligatorio.
Eso, argumentó la Fiscalía, genera dudas razonables de que la cremación nunca se realizó, que la urna entregada a la familia no contiene los restos de su ser querido, y que el cuerpo aún podría estar en posesión de los imputados.
El Ministerio Público también sostuvo que Nancy Iveth fue quien consumó el engaño, obteniendo un beneficio económico de 14 mil pesos por los servicios funerarios.
“Tuvo la oportunidad, pero no quiso”
Al cerrar el debate, el juez Carlos Jaime Rodríguez comenzó la deliberación y se dirigió directamente a los imputados. Les recordó la propuesta que les había hecho en la audiencia anterior: si decían qué hicieron con el cuerpo de Daniel Méndez Flores y revelaban su ubicación, podrían ser liberados de la causa penal.
“Tuvo la oportunidad, pero no quiso. Usted no quiso decir qué hicieron con el cuerpo. Si decían y daban información de dónde está el cuerpo, yo los hubiera liberado”, dijo el juez a Nancy Iveth.
El juzgador coincidió con el argumento del Ministerio Público: no existe documento alguno que acredite el destino de los restos de Daniel Méndez Flores, lo que confirma tanto el fraude como los delitos vinculados con el trato indebido de un cadáver.
Por ello, madre e hijo fueron vinculados a proceso penal.
El plazo de investigación complementaria fue fijado en dos meses, tiempo durante el cual se realizarán estudios forenses para determinar si las cenizas que la familia Méndez Flores tiene en su poder pertenecen realmente a un ser humano, además de un estudio psicológico a la víctima.
“Queremos justicia, no dinero”
Con tristeza y frustración, Ana Isela salió de la sala 20 de Ciudad Judicial.
Dijo no sentirse satisfecha con la decisión del juez ni con la propuesta de la defensa, que únicamente ofreció una compensación económica.
“Mi principal interés, y la razón por la que estoy tan mal físicamente, es la presión de no saber dónde está mi padre”, expresó.
Añadió que lo que su familia desea no es dinero, sino verdad y justicia: “Que nos digan dónde está el cuerpo y que nos paguen los daños”, concluyó.
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