Antonio Enrique Tarín estuvo comisionado por el exgobernador César Duarte Jáquez como enlace con el PRI nacional en la Operación Safiro para el desvío de 246 millones de pesos, de acuerdo con las distintas causas penales que en su momento siguió la Fiscalía General del Estado contra exoperadores duartistas y el proceso que se abrió en Chihuahua a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias La Coneja.
Como Operación Safiro se conoce al mecanismo que presumiblemente se implementó para desviar, entre 2015 y 2016, desde tesorerías de Gobiernos estatales como el de Chihuahua, por medio de empresas fantasma y simulación de adquisiciones, recursos públicos para el financiamiento de varias campañas electorales. La operación habría sido concertada entre el PRI nacional, la Secretaría de Hacienda federal y gobernadores emanados de ese partido, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
En los testimoniales de personajes clave como el exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral, quedó asentado que Duarte Jáquez acordó con el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, la entrega de los 246 millones de pesos, con la intermediación de Alejandro Gutiérrez. La Coneja, operador financiero de Beltrones y exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, fue inicialmente procesado en Chihuahua por el delito de peculado, aunque se libró del juicio porque la Procuraduría General de la República atrajo el caso para después desistirse de la acción penal.
No únicamente los testimoniales del exsecretario de Hacienda apuntaron como uno de los enlaces para las operaciones a Antonio Tarín, quien murió la madrugada del pasado 7 de abril, también el exsecretario de Educación y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, procesado y sentenciado por el mismo desvío, lo señaló como responsable de hacer las transferencias a las empresas fachada que propuso La Coneja.
Tarín era el director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y era hombre de confianza del exgobernador Duarte, al igual que Gerardo Villegas Madriles, quien fungía como director general de Administración en la misma dependencia.
De acuerdo con las declaraciones de Yáñez que se conocieron en las audiencias públicas, Ricardo Antonio Tarín fue comisionado por parte del Gobierno de César Duarte “para operar esa salida de dinero del estado al PRI nacional”.
Por el lado del PRI, Alejandro Gutiérrez, con la colaboración de su hijo del mismo nombre “serían los encargados de proporcionar lo necesario para simular la prestación de servicios al Gobierno, y que entonces la idea era armar procedimientos simulados de contratación entre la Secretaría de Hacienda local y la secretaría de Educación que yo dirigía”, narró Yáñez.
Así ocurrió, de acuerdo con los hechos que acreditó la Fiscalía y que llevaron a la sentencia contra el secretario de Educación por el delito de peculado.
Tarín habría sido el encargado de hacer cuatro transferencias a las empresas factureras o fantasma proporcionadas por La Coneja para sumar el monto total de 246 millones. Servicios y Asesorías Sisas recibió 46 millones; Servicios y Asesorías Samex recibió 55 millones; Servicios y Asesorías Sinnax otros 55 millones y Despacho de Profesionistas Futura 90 millones más.
Los pagos eran supuesta contraprestación por cursos de capacitación y un software cuya realización o entrega nunca fueron debidamente comprobados, de acuerdo con los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua.
La Fiscalía también acreditó que esas cuatro empresas eran simuladas en domicilios de colonias populares de la ciudad de México y el Edomex.
Las mismas empresas aparecen como factureras en una investigación que realizó la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), respecto al mismo modus operandi detectado en otros estados como Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la Ciudad de México.
MCCI documentó que esas y otras empresas fantasma fueron utilizadas como parte de la Operación Safiro para desviar al menos 650 millones de pesos en siete entidades, incluyendo los 246 millones en Chihuahua.
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