Luego de evidenciar que mujeres víctimas de la violencia han perdido la confianza en las autoridades responsables de procuración de justicia, el Congreso del Estado de Chihuahua dio entrada a una iniciativa para reformar el Código Penal y llevar a prisión a funcionarios que sean omisos en denuncias de feminicidio y tentativa de feminicidio.
Esas omisiones incluyen a ministerios públicos y jueces penales, según explicó la diputada juarense por Morena, Ana Estrada, quien llevó al pleno del Poder Legislativo la Iniciativa Abril para reformar los artículos 288 y 293 del Código Penal de la entidad.
La propuesta, está inspirada en el caso de Abril Cecilia Pérez Sagaón, quien resultó muerta el 25 de noviembre de 2019 presuntamente por su exesposo. Previo al asesinato, el 4 de enero de 2019, su aún esposo la golpeó en la cabeza con un bat de beisbol mientras dormía, por lo que ésta decidió denunciarlo por intento de asesinato.
El marido de Abril fue aprehendido, pero un juez cambió el delito de tentativa de feminicidio por violencia familiar, y el victimario quedó en libertad. Posteriormente Abril denunció temer por su vida, y aún así no se le otorgaron medidas cautelares, “es decir, la autoridad se convirtió en cómplice”.
De acuerdo a la diputada Ana Chávez, la iniciativa ciudadana pretende obligar a las autoridades a brindar las medidas de protección a las víctimas aun cuando no sean solicitadas y evitar más casos como el de Abril.
Entre las sanciones que promueve esta ley destaca la prisión a servidores públicos que se desempeñan en el ámbito de la procuración y de la administración de justicia, como:
Prisión (de 2 a 8 años) a los servidores públicos (Ministerio Público) que se abstengan de imponer medidas de protección a favor de la víctima o testigo. Y, Prisión (de 2 a 8 años) a los servidores públicos (Jueces) que se abstengan de imponer medidas cautelares en contra del imputado que garanticen la protección de la víctima o testigos.
En la iniciativa, participaron agrupaciones como Movimiento de Unidad, Justicia y Respeto, una asociación civil con sede en la CDMX, cuya representante, Ivonne Canseco, acompañó la rueda de prensa a la diputada juarense.
“Todos ponen la vista en el agresor pero no se habla de la omisión de las autoridades y eso hace que las víctimas pierdan la confianza no sólo en los ministerios públicos si no en las fiscalías especializadas de la mujer”, señaló la diputada Estrada.
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