El Congreso del Estado dejó para la próxima administración estatal la decisión de otorgarle a Javier Corral escoltas, luego de su mandato.
La propuesta enviada por el gobernador se discutiría durante este lunes, de acuerdo con el orden del día, en la última sesión de la actual legislatura.
Sin embargo, la Comisión de Seguridad en el legislativo local adicionó dos artículos; en los cuales encarga la definición del asunto a la próxima titularidad de la Fiscalía estatal.
«Para acceder a la protección y seguridad por parte del Estado, la parte interesada tendrá que hacer la solicitud ante la Fiscalía General del Estado; quien la turnará a la Fiscalía Especializada de Análisis, Control y Evaluación», indica el artículo 308 transitorio.
Además, las personas titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría, en su ámbito de competencia, vigilarán y darán seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto.
En caso de hacer mal uso de los elementos o recursos, se investigará y analizará si se continua con la protección por parte del Estado.
La inciativa para escoltas
El pasado 18 de julio, Corral Jurado envió al Congreso una iniciativa que le permita tener escoltas, gasolina y auto blindado con cargo al erario.
Pidió reformar los artículos 305, 306, 307 y 308 de la Ley Estatal de Seguridad Pública para que los titulares del Poder Ejecutivo reciban los beneficios por cuatro años.
También propone que se convocará a una mesa técnica con expertos para evaluar la temporalidad y nivel de riesgo para la designación de escoltas.
«Coincidimos con el iniciador en el sentido de que existen personas servidoras públicas o exfuncionarias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, debido a que durante el desempeño de sus funciones desarrollaron tareas y tomaron decisiones que afectaron su seguridad y la de sus familias, por lo que el Estado podrá otorgarles protección y seguridad», argumentó la Comisión.
«Sin embargo, esta protección deberá ser otorgada previo análisis de riesgo que determine la necesidad; los recursos humanos y materiales; así como la temporalidad de esta medida para salvaguardar la integridad física de las personas», finalizó.
Actualmente, a nivel federal existe un mecanismo similar que otorga seguridad a los ex presidentes y sus familias.
«Al hacer un estudio de derecho comparado nos percatamos de que diversas entidades federativas cuentan dentro de sus legislaciones con mecanismos de protección a funcionarios y ex servidores públicos», se lee en el documento.
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