n los últimos días circuló entre el magisterio chihuahuense una versión preliminar del Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes en Educación Básica del Estado de Chihuahua, promovido por el Gobierno estatal. A través de una supuesta encuesta de conformidad, las y los docentes se enteraron de que dicho protocolo les atribuye, de manera amplia y general, la responsabilidad de operacionalizar diversas acciones orientadas a garantizar la seguridad al interior de los planteles.
Como es habitual, resulta prácticamente imposible encontrar voces que se opongan a medidas dirigidas a proteger los derechos, la seguridad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Con mayor razón cuando estas estrategias se sustentan en marcos normativos legítimos y acordes con los principios fundamentales en materia de protección de las infancias y juventudes.
No obstante, la propuesta presentada reproduce prácticas ya conocidas, según las cuales se asume que la escuela y los colectivos docentes deben encargarse de detectar, canalizar, atender, reportar y acompañar a las y los estudiantes en casos de acoso escolar y diversos tipos de violencia, incluida la sexual y la digital. Esto ocurre en un contexto en el que las instituciones educativas enfrentan nuevas y múltiples demandas sociales y culturales, mientras que el profesorado se encuentra cada vez más sobrecargado por una creciente cantidad de responsabilidades y funciones.
El protocolo establece que, además de impartir clases, las y los docentes deberán ofrecer capacitaciones a estudiantes y sus familias sobre temas como educación sexual integral, prevención de embarazos, masculinidades, derechos sexuales y ciberseguridad —esto último condicionado a procesos previos de alfabetización digital—, así como detectar situaciones de violencia y diseñar estrategias para su atención.
Una vez identificados los casos, los colectivos docentes deberán levantar actas de hechos y canalizar las situaciones ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, el protocolo no incluye medidas que garanticen la protección de las y los docentes que, en cumplimiento de sus funciones, denuncien incidentes de violencia. No se establecen procedimientos que salvaguarden su integridad física ni su seguridad laboral. Vale recordar que existen antecedentes de docentes que han sido víctimas de agresiones tras realizar denuncias, sin que se les haya brindado apoyo institucional suficiente.
Este tipo de protocolos desplaza hacia las escuelas y su personal docente responsabilidades que corresponden al Estado, en sus tres niveles, en materia de seguridad y protección de las infancias y juventudes. Además, asigna tareas propias de agentes de seguridad pública y adopta un enfoque clínico de la salud que presupone que las y los docentes cuentan con las habilidades para detectar y atender necesidades físicas y psicológicas sin contar con una formación especializada.
En este escenario, el profesorado continúa desempeñando su labor en condiciones precarias, no solo en términos salariales, está sobreexigido ante el aumento de demandas sociales y la asignación de nuevas responsabilidades, se le exige asumir funciones adicionales, mientras sus métodos son sometidos a críticas constantes y rara vez se les proveen incentivos económicos o mejoras en infraestructura que acompañen estas exigencias.
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