La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el 11 de octubre un proyecto que validará un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador que permite la aplicación extraterritorial de leyes de Estados Unidos y de programas como “Quédate en México”, contra los migrantes en territorio mexicano y que de facto se convirtió en el muro fronterizo que exigió el expresidente estadunidense al gobierno mexicano.
Se destacó que dicho proyecto de la ministra ponente Yasmín Esquivel, propone sobreseer, es decir suspender, el amparo 606/2022, interpuesto por la Fundación para la Justicia, en contra de la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos, firmada en junio de 2019, la cual viola los derechos de las personas migrantes al permitir la aplicación de leyes estadounidenses en territorio mexicano, que son contrarias a la Constitución y tratados internacionales firmados por nuestro país.
En rueda de prensa, Ana Lorena Delgadillo, Directora de Fundación para la Justicia FJEDD; Brenda Ochoa, Directora de Fray Matías de Córdova; Christina Asencio, Directora de Investigación y Análisis en materia de protección a refugiados, Human Rights First; Natalie Cadwalader-Schultheis, Florence Immigrant & Refugee Rights Project, Arizona; Nicole Ramos, de la organización Al Otro Lado, Tijuana; y Gretchen Kuhner, Directora del Instituto para las Mujeres en Migración, solicitaron a la SCJN que este proyecto sea desechado y el asunto se reasigne a otro ministro o ministra.
Argumentaron que la Declaración Conjunta se convirtió –en términos prácticos– en el «muro fronterizo» que el presidente Donald Trump prometió. No pasó por la aprobación del Senado como aplica para los tratados internacionales, de acuerdo con la Constitución federal mexicana.
El acuerdo migratorio no puede ser tratado como un simple “acuerdo político” o política exterior, dado los efectos que ha tenido su aplicación en el país, entre otros la contención en México de miles de migrantes solicitantes de asilo, en condiciones inhumanas, y el despliegue de más de 28 mil elementos militares (entre Ejército y Guardia Nacional) para el control migratorio, de acuerdo con el informe Bajo la Bota, publicado por diversas organizaciones en el 2022.
“Esa política ha costado miles de vidas de personas migrantes, que huyen de la violencia, la inseguridad, la pobreza, los efectos del cambio climático y el hambre de sus países, pues en su trayecto por México se convierten en botín de grupos criminales y de las propias autoridades”.
Subrayaron que la SCJN está en un momento clave para refrendar el equilibrio entre los poderes y dar marcha atrás a políticas migratorias que contribuyen a la violación de derechos humamos de manera cómplice con el gobierno estadounidense, como la Declaración Conjunta, que viola el derecho a solicitar asilo en el país de la elección de la persona y el principio de no devolución.
Expusieron que ello ha dado pie a graves violaciones a derechos humanos y crímenes atroces, por parte del crimen organizado, pero también por parte del Estado, como el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.
“El proyecto de sentencia de la ministra Yazmín Esquivel avala un notorio fraude a la Constitución, al sostener que la Declaración Conjunta entre Estados Unidos y México es solo un acuerdo político y que, por tanto, no es obligatorio que tenga forma de tratado internacional”, advirtieron los especialistas.
Con ella, se permitió la aplicación extraterritorial de las leyes migratorias de Estados Unidos en México, que se tradujo en la aplicación del programa estadounidense “Quédate en México” y la militarización de la frontera mexicana, así como que nuestro país sea, en los hechos, un “tercer país seguro”, en condiciones absolutamente inseguras para las persona migrantes, como ha quedado demostrado con los casos de masacres ocurridos en el norte de la República Mexicana y la tragedia en Ciudad Juárez.
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