El diputado local de Morena Óscar Avitia presentó una iniciativa para reformar la Ley Electoral del Estado de Chihuahua con el fin de establecer de manera expresa el “discurso de odio” como una causal de sanciones e, incluso, de cancelación de candidaturas a quienes incurran en esa práctica.
El proyecto del legislador morenista, presentado este martes en sesión de la Diputación Permanente, busca agravar las sanciones contra la violencia política, particularmente la ejercida contra las mujeres.
Asimismo, contempla que las autoridades electorales podrán iniciar de oficio los procedimientos sancionadores a quienes cometan violencia en razón de género. La propuesta busca armonizar la legislación estatal con estándares internacionales impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, que definen los discursos de odio como expresiones orales, escritas, imágenes, símbolos o contenidos difundidos en Internet o fuera de él, caracterizados por su contenido discriminatorio e intolerante, centrado en factores de identidad como religión, etnia, nacionalidad, raza, género, identidad de género u orientación sexual.
Avitia recordó el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha advertido sobre el riesgo que representa la propagación del odio para la convivencia pacífica y la estabilidad democrática.
Sanciones más severas
Entre las modificaciones que plantea la propuesta del legislador de Morena destacan:
La obligación de autoridades electorales y partidos políticos de prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres y los discursos de odio.
La inclusión del discurso de odio como infracción para partidos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, personas independientes y servidoras y servidores públicos.
La cancelación de registros o candidaturas a quienes hayan sido sancionados por violencia política de género o discursos de odio.
La posibilidad de reducir hasta en un 50 por ciento el financiamiento público a partidos que incumplan estas obligaciones, sin afectar los recursos destinados al liderazgo político de las mujeres.
La facultad del Instituto Estatal Electoral para ordenar la suspensión inmediata de propaganda en radio y televisión que contenga violencia política de género o discursos de odio, así como asignar tiempos oficiales para la emisión de disculpas públicas.
Además, se establece que la autoridad electoral podrá iniciar procedimientos de oficio o a partir de denuncias ciudadanas, garantizando publicidad y transparencia en el proceso.
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