La prisión preventiva se ha convertido en uno de los factores que presionan la capacidad del sistema penitenciario de Chihuahua, reconoció Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, quien planteó la necesidad de acelerar la resolución de los procesos judiciales y, eventualmente, revisar el marco legal para determinados delitos.
En conferencia de prensa, Loya Chávez expuso que la prisión preventiva cumple una función necesaria, como es la de retirar de las calles a personas que representan un riesgo y evitar que reincidan mientras se desarrolla el proceso correspondiente.
Sin embargo, apuntó, también representa una sobrecarga para las autoridades y operadores del sistema penitenciario del Estado, por lo que la acumulación de personas sin sentencia supone una carga adicional para los centros de reclusión.
“Se convierte en un arma de dos filos”, señaló el secretario al explicar que mantener a personas en prisión preventiva implica proporcionarles alimentación, agua, alojamiento y todos los servicios que requiere un centro penitenciario, además de ocupar espacios que podrían destinarse a una clasificación adecuada de la población.
Loya sostuvo que la saturación no puede resolverse simplemente ocupando los espacios disponibles, ya que los internos deben clasificarse según su nivel de riesgo.
Puso como ejemplo el Centro de Reinserción Social número 2, considerado una unidad de bajo riesgo, donde se concentra principalmente a personas sentenciadas cuyo perfil criminal y nivel de peligrosidad han disminuido.
“No es un tema nada más de rellenar espacios por rellenar espacios”, advirtió, pues colocar a internos sin una correcta clasificación podría poner en riesgo a otros integrantes de la población penitenciaria y afectar la estabilidad de los propios centros.
Separan a sentenciados de procesados
El funcionario destacó que una de las modificaciones implementadas por la actual administración penitenciaria ha sido comenzar a separar a las personas sentenciadas de aquellas que todavía no han recibido una sentencia.
La medida, dijo, responde tanto a las disposiciones en materia de derechos humanos como a una estrategia para favorecer los procesos de reinserción social.
La separación busca evitar que personas que aún enfrentan un proceso penal establezcan vínculos negativos con internos sentenciados y que esa convivencia termine por dificultar su eventual reinserción.
Loya señaló que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene comunicación permanente con el Supremo Tribunal de Justicia y la Fiscalía General del Estado para acelerar, en la medida de sus atribuciones, la definición de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad.
El objetivo es que los internos puedan conocer cuanto antes si serán liberados por falta de elementos o si recibirán una sentencia que determine el tiempo que deberán permanecer en prisión.
Pide revisar prisión preventiva para delitos que afectan a Chihuahua
Aunque aclaró que la aplicación de la prisión preventiva no depende de su criterio personal, sino de lo establecido en la legislación, Loya consideró que Chihuahua podría requerir reformas legales para atender delitos que tienen una incidencia particular en la entidad y que no necesariamente se consideran graves dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Como ejemplo, mencionó el caso hipotético de una persona detenida durante un enfrentamiento o en un punto de vigilancia carretero con un fusil de asalto.
Aun cuando se tratara de un primer delito, cuestionó que pudiera recuperar su libertad durante el proceso, debido al riesgo que representa la posesión de un arma de ese tipo.
“Sí, creo que eventualmente hay delitos que se deben calificar todavía aún más con prisión preventiva”, sostuvo.
El secretario vinculó esta discusión con la estrategia de seguridad estatal y aseguró que en los últimos cinco años los homicidios han disminuido en 43 por ciento en Chihuahua, aunque consideró que podrían alcanzarse mayores avances mediante reformas legales.
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