El director general del Sistema Penitenciario del Estado, Ricardo Fernández Acosta, reconoció que actualmente el sistema carcelario de Chihuahua tiene sobrecupo en sus Centros de Reinserción Social (Ceresos), con una población de 9 mil 500 personas privadas de la libertad (PPL), de las cuales el 40 por ciento aún no ha recibido sentencia.
En conferencia de prensa, Fernández Acosta explicó que este porcentaje de personas no sentenciadas se debe principalmente al uso extendido de la prisión preventiva, lo cual, advirtió, podría agravarse con los recientes cambios en el sistema judicial.
Abordado sobre las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), que revelaron que el 36 por ciento de las personas recluidas en prisión carecen de sentencia y llevan más de un año privadas de su libertad, el funcionario estatal dijo que en Chihuahua la situación es similar, y podría empeorar.
“Ahorita tenemos el problema de que hay mucha gente con prisión preventiva (…) ese es un problema que posiblemente se nos va a agrandar con los nuevos cambios de jueces”, señaló.
Trabajo y estudio para evitar casos como el incidente de enero del 2023
Para hacer frente a esta situación, informó que se han habilitado más espacios en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, y se ha buscado mantener ocupadas a las personas internas mediante programas laborales y educativos.
“Ahorita tenemos más o menos como 5 mil elementos ocupados. Eso evita que la gente esté sin hacer nada, que es lo que provoca la mayoría de los casos”, explicó.
El funcionario también destacó que se están mejorando las condiciones de vida dentro de los penales, incluyendo la instalación de sistemas de aire acondicionado en varias áreas.
“Es un gasto enorme, pero lo estamos haciendo para evitar que cada interno quiera meter su propio aire o equipo, lo que genera otros problemas”, agregó.
Cefereso, convertido en maquiladora
Las instalaciones del Cefereso de Juárez recibirá a cerca de 300 personas privadas de su libertad (PPL) de bajo riesgo, con lo que se reducirá el sobrecupo en el Cereso número 3 del estado.
La modalidad será similar a la de un centro productivo, pues se busca que todas las PPL ahí recluidas tengan trabajo permanente, lo cual ayudará a reducir los riesgos de que se formen agrupaciones delictivas o actos de violencia dentro del penal.
Lo que la SSPE busca para ese Cefereso es que el sector privado invierta, con la instalación de una planta maquiladora u otro tipo de centro de producción, de modo que los PPL tengan trabajo permanente y una fuente regular de ingresos.
De concretarse, serían casi mil PPL de bajo riesgo los que estarían ocupados, ya sea estudiando o trabajando, pues en el Cereso 3 hay otros 600 que están en un área separada, donde se dedican a trabajar y a estudiar.
Compañías telefónicas protestan por inhibidores de señal en penales
Fernández Acosta detalló que continúan con las medidas para impedir la comunicación ilegal desde los penales, como la instalación de inhibidores de señal telefónica en los Ceresos 1 y 3. Sin embargo, reveló que algunas empresas telefónicas han presionado para que se retiren estos dispositivos, alegando afectaciones.
“El problema es que hay empresas que quieren que no haya inhibición al interior del Cereso, porque eso representa una fuente de ingresos para ellas”, acusó.
Incluso mencionó que realizaron pruebas en coordinación con autoridades de Estados Unidos para confirmar que los inhibidores no afectan señales internacionales. “Se dieron cuenta de que no estamos afectándolos a ellos, pero aquí en México sí hay algunas compañías que quieren que quitemos los inhibidores”, dijo.
Fernández Acosta concluyó que el sistema estatal sigue trabajando para evitar situaciones como las registradas en 2023, cuando ocurrieron incidentes graves dentro de los centros penitenciarios.
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