El conflicto del agua “no puede ni debe ser manejado sin transparencia, con mentiras, sin información y deformando la realidad”, por lo que “solicitamos el cierre inmediato de compuertas de las presas chihuahuenses, la revisión a fondo con seriedad, y que se redistibuya la carga en el pago del Tratado de 1994, donde Chihuahua no puede ser casi el único obligado”.
El anterior posicionamiento forma parte de una carta que enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador los exgobernadores priistas Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza para fijar una postura en medio de la crisis en la que está de por medio el bienestar de 20 mil familias agricultoras.
“Que no le mientan y que se abran los registros históricos, pues la actual crisis fue desencadenada por un pésimo manejo de la administración del agua de la cuenca del río Conchos”, manifestaron los exgobernadores.
Del mismo modo expresaron que la presa La Boquilla no forma parte del Tratado de 1944:
“La Presa La Boquilla es un proyecto porfiriano licitado en 1906, cuya construcción se inició con capital privado canadiense en 1910, concluyéndose en 1917. Este embalse chihuahuense ya estaba y era del conocimiento de los negociadores del Tratado de ambos países y su exclusión incluye los caudales almacenados del reparto binacional”, añadieron.
Según el artículo 4, apartado B, inciso C del convenio binacional, dice:
«Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del Río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos de 431,721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales.
Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho en exceso a los citados 431,721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies), salvo el derecho a usar de la tercera parte del escurrimiento que llegue al río Bravo (Grande) de dichos afluentes, aunque ella exceda del volumen aludido”.
También se refirieron a la presencia de las fuerzas del orden federal para amedrentar y confrontar a campesinos inconformes.
“Ni el Ejército ni la Guardia Nacional pueden ser argumento para el cumplimiento del Tratado ni para la extracción de agua de las presas de Chihuahua”.
“Argumentar que el agua es de la nación, no implica privar a una entidad federativa y a sus habitantes, del derecho que tienen implícito en la soberanía estatal, al uso de agua para desarrollar su propia vida.
Si esto no fuera así, con esa tesis, los habitantes de una entidad podrían ser privados de toda el agua en ese territorio, lo cual contraviene el principio de derechos humanos reconocido universalmente”.
“El petróleo es de la nación y el gobierno siempre ha reconocido a las entidades petroleras ventajas cuantiosas, lo que hoy se niega a Chihuahua en sus elementales y naturales derechos respecto al agua, “porque es de la nación”. Trato desigual para lo que es igual”.
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