Integrantes del Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos presentaron esta mañana una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); en ella acusan al Gobierno estatal por la reducción de recursos destinados a grupos vulnerables.
En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la CEDH, Silvia Leticia Aguirre Lomelí, representante común y secretaria del frente, entregó el documento. Éste fue recibido por la visitadora Elizabeth De Anda.
Los integrantes del frente explicaron que la queja surge de la emisión y publicación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2022.
En dicho documento se desprenden recortes al presupuesto que van dirigidos al apoyo de grupos sociales y comunidades más vulnerables dentro del estado, indicaron.
Estas afectaciones impactan en los recursos destinados a las comunidades indígenas, los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
En consecuencia, se desatan graves violaciones a los derechos humanos de los grupos sociales y comunidades antes mencionados, afirmaron.
“Siempre los ciudadanos de este estado tenemos esperanza de que una nueva Administración ejerza la justicia; pero pues ahorita sí estamos desencantados porque entra haciendo esto”, expresó Silvia Aguirre.
Aguirre Lomelí refirió que los recortes en total alcanzan los 425 millones de pesos; donde uno de los grupos más vulnerados fue el de los Pueblos Originarios, al que se le redujo hasta un 50 por ciento.
En este sentido, Martín Javier Tafoya Domínguez, en representación de los Pueblos Originarios, dijo que la comunidad más afectada será la rarámuri.
Cortan recursos a grupos vulnerables, pero sí hay para aeropuerto
Mencionó que mientras estas reducciones presupuestales ocurren, se anuncia con “bombo y platillo” la inauguración del aeropuerto de Creel.
El espacio aeroportuario tuvo una inversión aproximada de 850 millones de pesos, comentó.
“Me parece muy ilógico que se esté trabajando en un aeropuerto que supuestamente va a detonar el turismo de la zona; pero se está dejando de lado a la comunidad rarámuri”, dijo.
Por su parte, Catalina Castillo Castañeda, integrante del frente, refirió que en caso de no prosperar la queja, se recurrirá al apoyo de los diputados; eso como parte de las acciones para dar seguimiento “a esta violación a los derechos humanos”.
María Elena Ramos Rodríguez, del programa Compañeros y red Mesa de Mujeres, explicó que en cuanto a atención a mujeres hay mejora en las autoridades.
Precisó que, si bien existe una mejor disposición, lo que faltan son recursos.
Refirió que hace unos días, integrantes de distintas asociaciones se reunieron con el fiscal de Zona Norte; una funcionaria admitió falta de recursos y una gran carga de trabajo.
“Los ciudadanos y los funcionarios de todos los niveles pueden tener una voluntad para trabajo, sin embargo, con voluntad no se resuelven las cosas”, comentó.
A la rueda de prensa asistieron también Catalina Castillo Castañeda, Francisco Rodolfo Caballero Grijalva; todos ellos integrantes del Frente.
Elizabeth De Anda, visitadora de los Derechos Humanos que recibió la queja, indicó que una vez recibido el documento se procede a analizar la procedencia de la queja.
Cuando se concluye el análisis, se radica y es entonces cuando esta pasa a un visitador, quien dará trámite a la investigación de la queja y determinará si existen violaciones a los derechos humanos, apuntó.
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