A tres años del despliegue de la Guardia Nacional (GN) en las fronteras, organizaciones derechohumanistas presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.
La Suprema Corte debe resolver a la brevedad la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019 sobre la Ley de la GN, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2019; así lo indicaron organizaciones derechohumanistas a través de un comunicado.
“El análisis de la SCJN debe considerar que la GN es un cuerpo militarizado y que su despliegue ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional”, señalaron.
El amicus curiae es un informe técnico que personas, grupos o instituciones interesadas en una discusión jurisdiccional presentan ante la jurisdicción sin ser parte del litigio; es decir, como «amigos de la Corte» que es el significado del nombre con el que se les conoce en latín, según se explica la página de la SCJN.
Este informe se entrega a tres años de la creación de la Guardia Nacional (GN) y su despliegue en las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.
El amicus curiae fue presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano; y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, se informó.
Amicus curiae busca revisión a las facutades migratorias otorgadas a la GN
El documento fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019; trata respecto de las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional. se indicó.
El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado (Art. 9, fracción XXXIII, XXXV y XXXVI); esto por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento; especificamente en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
La acción de inconstitucionalidad 62/2019 fue promovida desde julio de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en ella señala que diversas disposiciones de la referida Ley son contrarias a los derechos humanos; sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.
En este sentido, el amicus curiae presentado este martes 14 de junio, acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos; estas se cometieron a personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución, se indicó.
Esto es el resultado de la naturaleza y composición de la GN como un cuerpo militarizado, se señala. Y esto se suntenta en el hecho de que en esta fuerza más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense; esto al igual su estructura, capacitación y mandos, argumentan.
Afirman que informe presentado permitirá a la SCJN resolver inconstitucionalidad
Dicha información permitirá que la SCJN, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad; para que cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a un cuerpo de seguridad con características y composición castrenses.
Desde su creación, la GN se vinculó en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, indicaron.
A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país; como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos; además le asignaron el resguardo de las Estaciones Migratorias del país; en ellas, las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.
En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur; se incluyen agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias, apunta el documento.
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