Este viernes, Fundación Femmex y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico presentaron de manera formal un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez.
Esta acción legal sin precedentes busca defender los derechos humanos de la población del Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil número 2, quienes actualmente no reciben productos de higiene menstrual suficientes, continuos ni adecuados para cuidar su salud.
A través de este litigio, se reclama formalmente la omisión de las autoridades penitenciarias para garantizar el acceso gratuito, suficiente, adecuado y oportuno a productos de gestión menstrual, como las toallas sanitarias.
La demanda solicita específicamente que se contemple la entrega de calzones menstruales a las internas como parte de su uniforme institucional, por ser una alternativa reutilizable y digna; o bien se asegure el suministro permanente de insumos como copas menstruales, toallas o tampones.
Además de la entrega de insumos, el amparo exige el reconocimiento formal del derecho a menstruar dignamente como un derecho autónomo, el cual implica el acceso a información, productos adecuados, infraestructura de agua, saneamiento y atención médica competente.
«El acceso a una menstruación digna no es un lujo, es un derecho. Obligar a las mujeres a depender de familiares, custodios o compras internas para acceder a estos productos abre la puerta a prácticas humillantes y discriminatorias. El Estado debe garantizar este derecho sin condiciones», señala el argumento central del documento.
El amparo argumenta que el sistema penitenciario en México ha sido históricamente diseñado bajo una lógica masculina, donde las necesidades biológicas de las mujeres son invisibilizadas.
También considera que tratar de manera idéntica situaciones que son biológica y socialmente distintas genera una profunda desigualdad.
Precisan que la falta de insumos adecuados no solo afecta la comodidad de las internas, sino que vulnera sus derechos fundamentales y las expone a graves riesgos de salud, tales como:
- Infecciones y afectaciones ginecológicas.
- Dolor físico no atendido.
- Impactos emocionales severos y condiciones de trato degradante. Derechos vulnerados y reclamos a la autoridad
La demanda señala que la omisión institucional viola múltiples derechos consagrados en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales, entre los que destacan: el derecho a la salud, a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, a una buena administración y el principio de legalidad.
Específicamente, se les reclama a las autoridades responsables:
- No supervisar ni garantizar condiciones óptimas de salud e higiene menstrual.
- No ejecutar programas que aseguren el suministro gratuito y suficiente de productos.
- No adoptar medidas institucionales para evitar la discriminación y garantizar una vida digna en el contexto penitenciario.
De concederse el amparo, las autoridades se verían obligadas a implementar políticas públicas permanentes y estructurales, logrando que la gestión menstrual en las prisiones deje de depender de donaciones, decisiones arbitrarias o la situación económica de los familiares.
Asimismo, este juicio busca sentar un precedente judicial histórico en México que impulse cambios estructurales en el resto de los centros penitenciarios del país, avanzando hacia una verdadera justicia con enfoque de género.
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