Ante agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Ciudad Juárez, fueron expuestas las posibles afectaciones que generarán las nuevas disposiciones de la reforma legislativa recién aprobada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El secretario general de Canacintra, Christian Fernando Velázquez, argumentó que, si bien están de acuerdo en que los trabajadores tengan una mayor oportunidad de acceder a una vivienda, hay distintos aspectos que podrían traer una carga adicional a las empresas.
Como principal inquietud, resaltó que la reforma contempla, en su Artículo 29, que en caso de ausencia laboral o incapacidad, las empresas tendrán la responsabilidad de “amortizar” los pagos correspondientes al tiempo de ausencia con el Infonavit.
Es decir, mientras un empleado esté incapacitado, se obliga a las empresas a pagar las aportaciones al Infonavit, hasta que la persona pueda regresar al trabajo.
En caso de no seguir dicha disposición, Velázquez aseveró que las empresas podrían contraer un “crédito fiscal” por no cumplir con sus obligaciones.
Velázquez, quien es especialista en Derecho Penal, expuso que no se aclara en la ley cómo funcionaría este mecanismo y si las empresas tendrán la manera de recuperar el monto que se había aportado al empleado, ya que no se especifica si se trata de un préstamo, un anticipo, o cualquier otra disposición legal.
En segundo término, comentó que es motivo de alarma el tema de la transparencia y el manejo de recursos que se hará por parte del Gobierno Federal en una nueva empresa que se creó a partir de la reforma legislativa.
Mencionó que, por el momento, tienen conocimiento que este ente se dedicaría a la construcción de viviendas, pero temen que opere sin los controles adecuados y haya un potencial riesgo de sobrecostos, baja calidad y actos de corrupción.
Además, habrá una alteración en la gobernanza del Infonavit. Anteriormente, este instituto operaba teniendo una representación, en partes iguales, por parte de trabajadores, empresas y Gobierno.
Luego de la aprobación de la reforma, la entidad gubernamental tendrá un mayor poder de decisión, por lo que temen que se desequilibre las acciones a tomar y este hecho no favorezca a todos los sectores involucrados.
Por último, enfatizó que estas nuevas disposiciones podrían tener un impacto considerable en la competitividad y carga administrativa de las empresas, debido a que ahora tendrán que asumir más responsabilidades fiscales, afectando principalmente los costos de operación en las pequeñas y medianas empresas.
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