Luego que se hiciera pública la denuncia que enfrenta el regidor Joob Quintin Flores Silva, acusado por su expareja de violencia doméstica, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que es muy respetuoso de los temas personales y que no tiene elementos para juzgarlo o absolverlo.
Joob Quintín es coordinador de la fracción panista edilicia del Ayuntamiento y fue presidente de su partido recientemente.
El edil prefirió no hacer ningún comentario al respecto.
La demanda abrió un proceso judicial contra el panista, a quien le atribuyen actos de violencia doméstica contra su expareja, quien habría sufrido daño emocional.
Específicamente lo acusó de cometer actos abusivos de poder, tendientes a amedrentar, controlar y agredir de manera psicológica.
Aparentemente el 4 de julio de 2021, la excompañera de Quintín pidió por redes sociales apoyo para encontrar a su hija de 2 años y 7 meses; esto alertó a las autoridades prejudiciales que iniciaron una investigación.
Luego narraron los detalles del encuentro entre el regidor y su expareja, donde este presuntamente la habría humillado verbalmente delante de dos personas.
“Creo que es un tema que el regidor debe saber cómo va a manejar. Considero que es muy importante respetar la presunción de inocencia. Mi opinión es que se investigue y lo atiendan las autoridades competentes”, expuso Pérez Cuellar.
Agregó que cuando un delito es juzgado, como el de violencia doméstica, ninguna persona debe ocupar un cargo público.
Aseguró que en su Administración es congruente con este principio.
Experta llama a partidos a congruencia vs. violencia familiar
La académica Oliva Aguirre, experta en derechos humanos con perspectiva de género, explicó que la violencia de género comprende actos de violencia familiar, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual, hasta alcanzar el feminicidio.
Una de las manifestaciones de estos delitos es la violencia psicológica, patrimonial y sexual, entre otras.
Recordó que el artículo 193 del Código Penal del Estado tipifica el delito de violencia familiar.
Dijo que todos los partidos políticos deberían prohibir a sus aspirantes acceder a puestos de elección y designación si tienen antecedentes de violencia familiar.
Recordó que Morena tiene como restricción impedir las candidaturas de personas que incumplen con las pensiones alimenticias.
Precisó que en atención de la Ley General de las Mujeres por una Vida Libre de Violencia y sus leyes secundarias o locales, debe impedir que quienes ejerzan esta violencia económica sean servidores públicos.
Lamentó que en la entidad, a diferencia de otros estados, no existan los espacios y medios de los sujetos que ejercen esta forma de violencia.
Sin embargo, subrayó que es muy importante considerar la presunción de inocencia del regidor o de cualquiera otra persona que enfrenta un proceso penal.
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