Por Reforma Judicial, 76 piden jubilarse o pensionarse en Chihuahua

Tras ser implementada la Reforma Judicial en la entidad, al menos 76 personas juzgadoras solicitaron su jubilación o pensión. De ellos, 13 se desempeñan como magistrados y 53 como jueces, informó el vocero del Tribunal Superior de Justicia (TS), Luis Rubén Maldonado.

Además, de último momento hubo varios reacomodos en el TSJ para que varias personas tuvieran pase directo al proceso electoral, al ser considerados como juzgadores en funciones, se advierte en el directorio del Tribunal.

El 27 de febrero, en la Quinta Sala Penal de la ciudad de Chihuahua, fue separada la titular provisional, Claudia Connie Velarde, y en su lugar fue nombrado Rubén Aguilar Gil, exdiputado y político del PT.

En la misma fecha, el encargado de la Sexta Sala Penal en Chihuahua, Mario Alberto de la Rosa Fierro, fue retirado y asumió José Luis Chacón Rodríguez, quien ingresó al poder judicial durante la gestión de la actual presidenta del Tribunal, Myriam Victoria Hernández Acosta. Él fue director del Instituto de Formación y Actualización Judicial, director General Jurídico del Tribunal y encargado del despacho de la Segunda Sala Penal en Ciudad Juárez.

También el 27 febrero, Carlos Dávalos Medina, fue nombrado como responsable de la Segunda Sala Penal en Ciudad Juárez, aunque él solamente se había desempeñado como secretario de un juzgado de primera instancia.

Nyria Janette Trevizo Rivera fue nombrada como encargada de la Tercera Sala Civil de Chihuahua; ella era secretaria ejecutiva de la presidenta del TSJ, Myriam Victoria Hernández,

Gloria Angélica Mendoza Beltrán, esposa del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y actual secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, fue nombrada encargada del despacho de la Primera Sala Civil de Juárez, aunque no hay antecedentes de que antes hubiera trabajado en un juzgado ni en salas.

Intereses políticos merodean la elección

Estos cambios han generado la inconformidad de juzgadores que aspiraban a una magistratura y de personas externas al Poder Judicial, quienes señalan que esos reacomodos son una muestra de que el TSJ está de rodillas ante intereses políticos ajenos a la impartición de justicia.

Los reacomodos en el TSJ y exclusiones que hizo el Congreso del Estado de abogados que aspiran a una candidatura, propiciaron que cuatro abogadas interpusieran Juicio de Protección de Derechos Civiles y Políticos de la Ciudadanía, lo que se conoce como los JDC, ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

Alejandra Ramos Durán, jueza en funciones, con 28 años de carrera judicial y una de las personas que presentó JDC, explicó que inicialmente ella y otras 93 personas fueron sacadas de las listas que envió el Congreso del Estado al Instituto Estatal Electoral (IEE), por lo que junto a otras tres abogadas, recurrió al Juicio de Protección de Derechos Civiles y Políticos de la Ciudadanía, lo que se conoce como los JDC, para inconformarse.

Los JDC fueron resueltos el pasado 2 de abril por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, determinando que los excluidos deben ir a las boletas electorales porque no se había realizado un debido proceso en la selección de los candidatos por parte del Congreso del Estado, y que se violaron los derechos de estas personas.

Además de analizar la ilegalidad en la selección de los aspirantes, el Tribunal también estableció que es un derecho de la ciudadanía decidir libremente quiénes son los mejores perfiles para ganar los cargos del Poder Judicial del Estado. 

Acuerdos en lo oscurito

Al dar cumplimiento a la sentencia del IEE, sumó 48 nuevas candidaturas al proceso electoral del Estado. De estas, 21 corresponden a mujeres y 27 a hombres.

Antes de esta resolución del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Erika Mendoza García, quien había quedado fuera de las listas y también presento JDC, denunció que se hicieron arreglos por debajo de la mesa para que algunas personas tuvieran pase directo a las candidaturas y se excluyó a buenos perfiles.

El retiro anticipado como alternativa

Los jueces de Ciudad Juárez que actualmente están en funciones, señalaron que decenas de ellos decidieron retirarse con la pensión anticipada que aprobó el pasado 20 de febrero el Congreso del Estado y a otro tanto no le quedó otra opción que ir en la boleta electoral y realizan campañas austeras y de bajo perfil.

Con 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, en febrero pasado se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, estableciendo el retiro anticipado para jueces y magistrados del órgano judicial estatal.

Esta reforma adelantó la jubilación para magistrados y jueces estatales que tengan más de 10 años de trabajo, para que reciban pensiones vitalicias de entre 50 y 72 por ciento de sus salarios, aun sin cumplir con los años de labores requeridos por Pensiones Civiles del Estado.

Con esa Ley, dijeron los jueces consultados, se generan tres supuestos:

Uno, quienes tienen menos de 10 años trabajando en el Poder Judicial, recibirán un finiquito porque la reforma constitucional los destituyó, aunque muchos ya estaban ratificados.

En el segundo supuesto están los provisionales, quienes tienen la posibilidad de ir al concurso o regresarse a la plaza que ocupaban antes de asumir el interinato, pero la reforma a la Ley Orgánica no les reconoce la antigüedad respecto al tiempo que se desempeñaron como jueces, justo por ser provisionales.

Los provisionales no tienen derecho al haber del retiro. Algunos tampoco pudieron pensionarse por no cumplir los requisitos de Pensiones Civiles del Estado. 

Estos jueces consideran injusta la Reforma Judicial y el haber de retiro que aprobó el Congreso del Estado, porque a pesar de que han trabajado por años e incluso consideran que a ellos se les asignaron los casos más complicados, se les desconoce toda antigüedad respecto al cargo de jueces.

En el tercer supuesto están los que tienen más de 10 años en el Poder Judicial. La mayoría de ellos decidieron no participar en la elección y renunciaron ante el temor de que posteriormente se les desconozca la antigüedad, particularmente si perdieran la elección.

La mayoría de los jubilados son personas jóvenes, quienes durante años estarán recibiendo el retiro anticipado. Ellos consideraron que es un beneficio merecido porque –dicen– lidiaron directamente con los delincuentes, soportaron amenazas o pusieron en riesgo su vida.

Solo 3 jueces penales van tras la elección

En Ciudad Juárez, de los jueces de Control en materia penal y que conocen de delitos generales, solo tres van a la elección; el resto declinó y se irán con el haber de retiro.

Los jueces que fueron nombrados en el último concurso de oposición que realizó el TSJ y quienes ya habían sido ratificados, pero que no cumplen con los 10 años en el cargo, señalaron que se vieron obligados a participar en la elección para no quedarse desempleados, después de haber asimilado que todo el proceso por el que pasaron para llegar al tribunal, no sirvió.

“Sí fue complicado y difícil de aceptar poque al final de cuentas hiciste un concurso, hiciste exámenes, convocatoria, estuviste calificado en otros aspectos que no fuera la popularidad y al final de cuentas ya va a depender de qué tan popular y cuánta gente puedas mover para que te quedes en el lugar. No me parece correcto”, dijo un juez, quien pidió la reserva de su identidad.

Estos jueces, ganadores del concurso celebrado en 2019, y que ahora van a la elección popular, si pierden, deberán dejar el cargo y solo recibirán un pago único proporcional a los años trabajados.

“La nueva ley contempla la compensación nada más para magistrados, secretarios de Sala, o sea que nada más a los poderosos se está protegiendo, a los conocidos como ‘oxigenadores’, que son políticos”, expresó otro resolutor que pidió reservar su nombre.

La magistrada presidenta del TSJ, Myriam Victoria Hernández Acosta, declinó dar una entrevista.

El vocero del Tribunal, Luis Maldonado, dijo que “el Poder Judicial y ninguno de sus integrantes va a dar declaraciones o posturas sobre la Reforma o el proceso electoral extraordinario para no interferir”.