De acuerdo a un informe especial relativo al incendio de la estación provisional Lerdo que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados en Ciudad Juárez el 27 de marzo del 2023, la tragedia “estuvo lejos de ser un hecho aislado, pues es resultado de políticas migratorias que matan”.
El informe que se denomina “Incendio en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez, No nos dejen morir aquí”, se divulgó el pasado 9 de abril en la Ciudad de México.
Fue elaborado por organizaciones civiles como la Fundación para la Justicia (Fjedd), el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhia), Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” y Asylum Acces, algunas de las cuales son acompañantes de 17 de las víctimas del incendio –ocho sobrevivientes y nueve familias de fallecidos–.
En la era Garduño, 14 incendios
En el informe se revisaron acciones ocurridas antes, durante y después del incendio, donde se resalta que el Instituto Nacional de Migración (INM) “se ha consagrado como una de las instituciones mexicanas con más señalamientos por violaciones a los derechos humanos”.
“Documentamos otros 14 incendios en estaciones migratorias, ocurridos durante el mandato de Francisco Garduño al frente del INM. Es decir, este es un hecho se encuadra en una serie de acontecimientos que deben estudiarse para identificar las responsabilidades”, precisa el escrito avalado por las organizaciones civiles.
El informe da un recuento detallado de los antecedentes en la política migratoria mexicana, así como en los resultados funestos que ha desencadenado.
En el caso concreto del incendio de Juárez, se dan a conocer conclusiones y recomendaciones, donde se evidencian violaciones graves, como el hecho de que “15 mujeres migrantes que fueron sacadas antes de que el fuego las alcanzara, no han sido reconocidas como víctimas, a pesar de vivir con el trauma del incidente hasta hoy”.
No hay respeto a los derechos humanos
Entre las conclusiones de ‘No nos dejen morir aquí’, se resalta que “la política migratoria implementada por el Estado mexicano obedece a una lógica de contención, mas no de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y de refugio, que cruzan el territorio mexicano”, lo cual evidencia que “las personas migrantes son tratadas como criminales”.
Sobre lo ocurrido en Juárez, se detalló que “se registraron casos de personas migrantes privadas de la libertad, a pesar de contar con documentación que acreditaban su estadía regular en el país”.
Hasta el DIF participó en las detenciones
En las detenciones participaron no solamente agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, sino autoridades del Municipio, tales como Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dirección de Derechos Humanos y Secretaría de Seguridad Pública Municipal, afirma.
Se documentó que algunos migrantes permanecieron en la estancia provisional por más de tres días, violando así el tiempo límite de 36 horas para que una persona permanezca detenida por cometer una falta administrativa.
Tampoco tuvieron un acceso a productos sanitarios, a una adecuada defensa jurídica y permanecían períodos prolongados de tiempo sin agua ni alimento, se dio a conocer.
Violencia física y verbal contra los migrantes
Se estableció que tanto los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) como los guardias de seguridad privada, ejercían violencia física y verbal contra los individuos privados de libertad.
Asegura que distintas evidencias recabadas indican la comisión de, al menos, un acto de tortura en perjuicio de un migrante, en conjunto con actos de violencia verbal por parte de las autoridades.
“Documentamos que en la estancia provisional tipo B se implementan métodos de castigo, a través de descargas eléctricas en contra de personas migrantes. De acuerdo con los testimonios, se tenía destinado un cuarto de la estancia para torturar a migrantes”, señala el informe.
Autoridades propiciaron el incendio
Subraya que las características físicas de la estancia y el actuar de sus autoridades responsables posibilitaron el efecto mortal del incendio, ya que el lugar carecía de ventilación suficiente y no contaba con salidas de emergencia.
“Los agentes del INM y los guardias de seguridad privada decidieron no abrir la celda ni intentar salvar a los migrantes que ahí se encontraban. Los guardias sentenciaron a la tragedia a las personas al responder a sus súplicas de ayuda diciéndoles “¡Suerte, güeyes!”, luego de lo cual los dejaron asfixiándose y quemándose.
Indolencia, impunidad y corrupción
Resalta en varios testimonios, que el personal de la estación sí contaba con las llaves para eventualmente abrir la puerta para que salvaran la vida los que estaban encerrados.
En opinión de Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, el informe refleja la indolencia, la discriminación y la criminalización; la falta de capacidad de las autoridades y la deshumanización del Estado mexicano en contra de las personas migrantes.
“Se reflejan las torturas que vivieron los sobrevivientes y sus familias desde que ocurrió el incendio, las violaciones que como víctimas han enfrentado, así como los obstáculos a los que nos hemos enfrentado como organizaciones defensoras de las víctimas y lo que consideramos que se perfila como una estrategia en favor de la impunidad”, dice. Agrega que “no fue casual que no nos permitieran participar en la investigación desde los inicios. Hay una maquinaria de impunidad y corrupción construida al interior de la FGR, que hemos documentado ya en otros casos de masacres de migrantes”.