Al considerar que la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, es inteligente por retirar su proyecto Iluminemos Chihuahua el domingo pasado, Irma Medrano Flores, integrante de la Red Ciudadana, pidió a Armando Cabada que reflexione y haga lo mismo en Ciudad Juárez.
“La alcaldesa fue inteligente y evitó un mayor desgaste en su imagen política, al no lograr que el resultado del plebiscito a su programa de alumbrado público fuera vinculante a su favor, antes al contrario, la mayoría se expresó en contrario”, dijo Medrano.
Dijo que no será fácil que Campos Galván se quite la “mancha” de la derrota, pero por lo menos tuvo la inteligencia de retirar su programa de alumbrado público, lo cual debería hacer reflexionar al alcalde con su proyecto Juárez Iluminado.
“Esperamos que en Juárez haya mayor resistencia a este proyecto, por lo que el alcalde debería comprender que ya no tiene sentido aferrarse a algo que lo único que va a provocar es desgaste para todos”, reiteró Medrano Flores.
En resultados preliminares del Instituto Electoral Estatal (IEE), 26 mil 527 habitantes del municipio de Chihuahua votaron a favor del programa de alumbrado impulsado por Campos Galván.
En contrario, 35 mil 229 chihuahuenses votaron en contra de este proyecto y 302 fueron sufragios nulos, de un total de participantes de 62 mil 058 personas, lo que representa al 8.94 por ciento de participación ciudadana.
“Conozco muy bien alcalde y sé que no escucha a nadie, ni siquiera sus colaboradores cercanos y en general a sus colaboradores, por lo mismo es capaz de someter a desgaste a todos los juarenses, con tal de salirse con la suya”, indicó Medrano Flores, regidora en la administración independiente en el periodo 2016-2018.
El proyecto del alcalde, considerado por él mismo como “insignia”, tiene un costo de 5 mil millones de pesos, con un endeudamiento as pagarse en 15 años, con el respaldo de los ingresos del derecho de alumbrado público (DAP).
Este pago del DAP, que ingresa la tesorería del Gobierno municipal, está impugnado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunal máximo que lo considera un impuesto inequitativo y, por tanto, anticonstitucional.
