Desde el mismo primero de enero, el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, debió solicitar licencia para separarse del cargo en tanto se llevan a cabo las investigaciones sobre la masacre y fuga de reos ocurrida en el Cereso 3 de Juárez, afirmó el diputado Oscar Castrejón Rivas (Morena).
Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, demandó que Fierro, al igual que todos los funcionarios relacionados con la custodia de reos, solicite licencia y permitan una investigación imparcial.
“Necesariamente, debió haber contubernio entre autoridades y quienes planearon la fuga”, afirmó Castrejón, quien fuera procurador (hoy, fiscal) Zona Centro durante el mandato de Patricio Martínez.
Señaló que el penal juarense es uno de los más vigilados del país, pues tiene un cuartel militar y un Instituto de Seguridad Pública como vecinos “pared con pared”.
Además, frente a ese inmueble hay una tienda de conveniencia y una planta maquiladora que cuentan con cámaras de video.
“¿Cómo fue posible que no se dieran cuenta del movimiento de vehículos y personas armadas?” cuestionó.
Para Castrejón Rivas, es fundamental que el fiscal no esté en el cargo a la hora que se hagan esas investigaciones.
También es necesaria la separación del director de Seguridad Pública Municipal de Juárez, ya que fueron efectivos de esa corporación los primeros en llegar al penal.
“Deben explicar por qué no pidieron de manera inmediata la presencia del Ejército, y por qué la Policía Estatal no entró”, agregó.
A cuatro días de los hechos en los que murieron 17 personas y se fugaron 30 reos de alta peligrosidad, no hay ningún detenido y solo el director del Cereso ha dejado su cargo, dijo.
Recordó que en años anteriores, en ocasiones similares, funcionarios del Gobierno del Estado se apersonaron de manera inmediata en el lugar de los hechos e hicieron frente a la situación.
Así ocurrió en 1996, durante el motín en el penal de San Guillermo, o en la fuga de la Penitenciaría de Estado en 1990, mencionó.
En otras situaciones similares, los directores de los penales fueron encarcelados por no intervenir a tiempo para evitar motines y fugas de internos, añadió.
Sin embargo, en esta ocasión, nadie ha dejado su cargo, el fiscal tardó horas en dar la cara, y la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado no ha sido informada de nada, concluyó.
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