La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de un Cerocahui, Tarahumara, del municipio de Urique, Chihuahua, por amenazas y violencia sufrida en los pasados meses.
La Comisión señaló que las medidas cautelares fueron impuestas tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
La solicitud surge luego del asesinato de los dos jesuitas en junio de 2022, en el interior de una iglesia por un grupo criminal.
Ante esto, los 11 señalados dentro del documento han sufrido amenazas y agresiones por parte del crimen organizado, razón por la que se les impide realizar sus actividades normales.
La CIDH solicitó al Estado cuatro puntos importantes para las medidas cautelares, entre las que se cuentan que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios.
Entre tales medidas, se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros; adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; además de un informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
La Comisión señaló que de acuerdo al contexto de inseguridad y violencia que afecta principalmente a los habitantes de dicha región tarahumara, es importante que se tomen las medidas correspondientes ya que los 11 jesuitas se encuentran en «prima facie» en una situacupin de gravedad y urgencia.
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