Conflictos laborales en un centenar de industrias y empresas comerciales en Matamoros obligaron a que en el arranque de 2019 la frontera norte de México viera amenazada la permanencia de su principal generador de riqueza, la industria maquiladora de exportación.
En menos de dos meses de protestas las maquiladoras instaladas en aquella ciudad, tuvieron que autorizar un incremento salarial del 20 por ciento y pagar un bono de 32 mil 252 pesos a cada uno de los 70 mil trabajadores sublevados, y la cifra sigue creciendo porque la protesta migró a pequeñas empresas comerciales y de servicios.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, el movimiento de Matamoros puso en alerta a la mayoría de las empresas maquiladoras establecidas.
El 25 de febrero, el presidente de Index Juárez, Pedro Chavira Gutiérrez hizo una reflexión para dar a conocer que en esta frontera no existen condiciones para que estallen conflictos laborales como los ocurridos en Matamoros.
Aquí no encontramos bases para que semejante petición se pueda hacer en la ciudad, puesto que aquí creo que cumplimos con todo lo que se nos pidió y se hizo en tiempo y se hizo en forma, expresó el líder maquilador.
Chavira Gutiérrez rechazó los señalamientos de que en esta frontera la industria hubiera dejado de pagar bonos a cambio de aumentar al doble el salario mínimo.
,En Juárez se siguen pagando los bonos tal y como se venía haciendo y se les dio el incremento tal y como se publicó en la ley o en el decretoE, afirmó.
Pérdidas significativas allá
La gerencia de una planta que maneja una plantilla de 3 mil 500 empleados confirmó a NORTE que su pérdida por las semanas que duró el paro fue de seis millones dólares.
El conflicto se originó por la interpretación de un contrato que tenían 45 empresas de un sindicato y en el que se establecía un bono anual a favor de los trabajadores, cuyo monto era el resultado de multiplicar la diferencia en pesos del aumento salarial que hubieran recibido, por el número de días que tiene el año.
Por ejemplo, si de un año al otro el aumento al salario significaba 6 pesos, el bono anual era de 2 mil 190 pesos.
Pero al entrar en vigor el nuevo salario mínimo autorizado al doble en toda la franja fronteriza por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de enero de 2019, la diferencia con el salario mínimo anterior fue de 88 pesos que multiplicados por 365 días dieron un total de 32 mil 252 pesos.
Además del bono, los obreros exigieron un aumento del veinte por ciento al salario.
De ahí surgió el nombre de Movimiento 20-32.
A través de las redes sociales entró en la escena la abogada laboralista Susana Prieto, conocida en Juárez por alentar protestas obreras cobrándoles un alto porcentaje a los trabajadores y también a las empresas emplazadas.
No fue difícil para ella quitarle el liderazgo a los tres sindicatos de Matamoros, también con fama de ser organizaciones blandas que no defienden los derechos de los trabajadores.
Con su ya conocida oratoria Prieto desplazó en pocas semanas el liderazgo sindical y comenzó a asesorar a miles de trabajadores a cambio de un pago voluntario cuyo monto exacto no ha sido revelado.
Hay quienes la consideran una heroína por representar los intereses de la clase trabajadora, pero también están los que la señalan de ser una agitadora oportunista que solo ve en el conflicto laboral, un buen negocio.
Transmitiendo en vivo desde su página de Facebook Prieto logró darle cohesión al movimiento obrero y hay quienes apuestan a que podría formar una nueva organización sindical, desplazando a los actuales.
De acuerdo con analistas, líderes empresariales, economistas, líderes sindicales e instancias gubernamentales, la acción de Prieto tuvo un efecto doble.
Por un lado animó a miles de trabajadores a sumarse a la protesta y exigir el pago de las prestaciones supuestamente incumplidas; por el otro, enturbió el ambiente laboral y puso en riesgo a la industria que genera más empleo en la región.
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