#SilencioEsComplicidad
A pesar que políticos del PAN y el PRI están involucrados en la trama que terminó con la vida de la periodista Miroslava Breach Velducea, a dos años de su asesinato, ninguno fue señalado ni por la Fiscalía General del Estado (FGE) ni por la Fiscalía General de la República (FGR).
Organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión como Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Red de Periodistas de Ciudad Juárez, entre otras, coinciden en que el caso sigue impune.
Lo más preocupante es que esa impunidad pueda tener relación con lo señalado por Miroslava en diversas investigaciones periodísticas: los narcotraficantes y los políticos que se asocian con ellos, son los principales responsables de la descomposición que se vive en el estado.
En abril de 2016 Miroslava publicó una nota en la que evidenció que el PRI había postulado a Juan Salazar Ochoa alias “Juanito”, como su candidato en Chínipas.
El hombre pertenecía al grupo delictivo que domina la zona y sobre el cual la periodista había denunciado en la última década atrocidades y abusos, que se cometían al amparo del poder, obvia la complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal.
La candidatura de “Juanito” era la evidencia de que el narco había pasado de la criminalidad a la política, contaminando así los procesos electorales.
La publicación obligó al PRI a postular en su lugar al médico Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, que resultó ser otro testaferro del mismo grupo delictivo.
Lo anterior quedó expuesto el 3 de noviembre de 2018 cuando ante la jueza federal Cristina Lozoya Gámez, Agramón Varela fue ofrecido como testigo de la defensa del único imputado del caso Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”.
De acuerdo con el abogado defensor de “El Larry”, Jesús Enrique Valencia Díaz, Agramón y los profesores Gabriel Velducea Agüero y Manuel Morales Chavira, el día del hecho, habrían estado con el acusado en un restaurante de Chínipas a más de 400 kilómetros de donde ocurrieron los hechos y estarían dispuestos a declararlo de ese modo ante el juez.
En contra parte, la investigación de la Fiscalía sostuvo que existen videos de cámaras de seguridad y testimonios que confirman que “El Larry” planeó y acompañó toda la operación criminal, a muy poca distancia de la casa de la víctima en el fraccionamiento Lomas Vallarta de la ciudad de Chihuahua. Imposible que estuviera tomando café en una fonda de Chínipas.
También están presentados como pruebas, cateos realizados en domicilios donde los sicarios Moreno Ochoa, Wilbert Jaziel y Ramón Andrés Zavala Corral ocultaron los vehículos que usaron. Los habitantes de esos domicilios tienen una relación familiar y de amistad con al menos dos de los imputados.
En esos domicilios se hallaron además equipos de cómputo en los que se localizó la grabación donde Miroslava le dijo al vocero del PAN Alfredo Piñera, que ella era la única responsable de la información publicada sobre los candidatos del PRI puestos por el narco.
Ambas posturas -la que inculpa a Moreno Ochoa y la que lo presenta como inocente- serán evaluadas por el juez federal Octavio Pineda Toribio en la audiencia de juicio oral programada para el 4 de noviembre de 2019.
A dos años de distancia del homicidio y a tres años de aquella campaña electoral en la que Miroslava reveló las entrañas de la narcopolítica en Chihuahua, el PRI conserva la municipalidad de Chínipas, ahora con Salomé Ramos Salmón, quien es el alcalde para el periodo 2018-2021 y también es cuñado de uno de los líderes del grupo criminal.
Consultado por NORTE, Ramos ha negado tener relación con las actividades delictivas de sus familiares y ha defendido su derecho a participar en las actividades políticas de su partido, el PRI.
Durante tres administraciones municipales continuas, el tricolor ha postulado a personas con presuntos vínculos con delincuencia organizada y ninguna autoridad ha hecho algo al respecto.
Tampoco la FGR de la Cuarta Transformación ha dado muestras de algo distinto, al menos no hasta antes del cierre de esta edición.
Los delincuentes que hasta el día de hoy viven en ese municipio tan cercano a Sonora, han sido identificados públicamente por el propio gobernador Javier Corral como los principales generadores de violencia de la zona.
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