La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 77.2 millones de pesos en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, equivalente al 53.1 por ciento de los recursos revisados en la fiscalización correspondiente al gasto federalizado del ejercicio 2024.
De acuerdo con la revisión practicada a la Cuenta Pública del tercer trimestre de 2024, la ASF examinó operaciones por 145.3 millones de pesos, financiadas con Participaciones Federales, principalmente en los capítulos de Servicios Personales, Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión Pública.
Pagos irregulares y obra con anomalías
Entre los hallazgos más relevantes se encuentran pagos de nómina a personal que no acreditó el perfil requerido para ocupar los cargos por los cuales recibió remuneración.
En materia de obra pública, la Auditoría documentó irregularidades como:
- Falta de acreditación de la propiedad del inmueble donde se ejecutó una obra.
- Ausencia de pruebas de laboratorio para validar la calidad de los trabajos.
- Conceptos de obra pagados que no fueron ejecutados, presentaron mala calidad, carecían de autorización o no estaban en operación.
Además, se detectó que una persona fue autorizada como supervisor de obra sin cumplir con los requisitos legales, al no contar con nombramiento vigente ni con el grado académico exigido por la ley. A pesar de ello, autorizó volúmenes y estimaciones de obra.
Fallas en control interno
La ASF concluyó que, aunque el Poder Judicial cuenta con mecanismos de control interno, estos no resultaron razonables ni suficientes para garantizar la eficacia en el ejercicio de los recursos, la confiabilidad de la información y el cumplimiento del marco normativo.
La auditoría abarcó el tercer trimestre de 2025, periodo en el que la ASF fiscalizó gastos públicos ejercidos con recursos federales recibidos por estados y municipios de todo el país, incluidos poderes y organismos autónomos.
Las inobservancias detectadas se relacionan con diversas disposiciones estatales, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado, la Ley de Obras Públicas y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En su conclusión, la Auditoría señaló que el Poder Judicial de Chihuahua no realizó un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos federalizados revisados. Las observaciones dieron lugar a la promoción de acciones administrativas.
