Deudores alimentarios podrían quedar inhabilitados para acceder a puestos de elección popular, de aprobarse una iniciativa de la diputada panista Margarita Blackaller Prieto.
Dicha iniciativa pretende reformar diversas disposiciones de las leyes orgánicas de los tres poderes del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
A esta reforma se adicionarían los requisitos ya establecidos de no contar con antecedentes penales en delitos de violencia, con lo que se pedirá a los aspirantes a cargos públicos y de elección popular, a cumplir con el requisito de no ser deudores alimentarios morosos.
De igual forma, no deberán de contar con antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.
“Proponemos reformar nueve leyes del estado de Chihuahua para mandar un contundente mensaje, las instituciones públicas y las personas que en ella laboramos tenemos la responsabilidad de adoptar medidas integrales que permitan tener la perpetuación y la normalización de las violencias en contra de las mujeres”, dijo la congresista.
Además, se busca promover la transparencia y la integridad dentro de la función pública, lo que contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a la consolidación del estado de derecho.
Con este tipo de acciones, señaló la diputada del décimo segundo distrito, se busca mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, y prevenir la violencia en todas sus formas.
