La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral a través del cual se obligaría a los partidos a postular 7 mujeres en las 15 gubernaturas en 2021. Esto podría traer modificaciones a las estrategias en la designación de candidaturas.
La resolución de los magistrados provocó una confusión sobre si se votó para vincular a los partidos o no para que se designe a siete mujeres candidatas a gobernador en 2021, lo que obligó a una revisión del sentido de la votación en lo individual.
La votación mayoritaria de los magistrados se consideró como una resolución definitiva. Durante la votación hubo cuatro votos a favor de ello, de los seis posibles.
La magistrada Janine Otálora presentó el proyecto revocatorio. En él, se consideró que “el INE no tiene facultades para determinar la paridad horizontal en cargos unipersonales, como lo son las gubernaturas”.
Además, el proyecto de la magistrada Otálora proponía dar continuidad al cumplimiento de la paridad de género, y que el Tepjf atrajera su facultad de mandatar la equidad; sin embargo, se rechazó.
El acuerdo para garantizar el principio de paridad en las candidaturas a gubernaturas se aprobó el 6 de noviembre.
Candidaturas de género: «30 años sin legislar apropiadamente»
Al respecto, la aspirante a la gubernatura por Morena Carmen Almeida consideró que “en términos estrictamente jurídicos estoy de acuerdo con el Tribunal”.
“Sin embargo, lo que no deja de ser una vergüenza para los otros poderes -especialmente para el Legislativo- es no haber legislado apropiadamente desde hace casi 30 años”.
Recordó que desde la década de los 90 hubo un notable avance democrático al proponer que el 33 por ciento de las candidaturas fueran mujeres.
Reiteró que “la sentencia del Tribunal es acorde a derecho; sin embargo, al mismo tiempo es una bofetada a la falta de iniciativa del poder Legislativo para hacer efectiva una deuda de participación democrática con las mujeres”.
Finalmente, insistió que “este debe ser un llamado, una bofetada para reactivar y hacer despertar ese silencio a la simulación de no legislar adecuadamente”.
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