El profesor que demandó ante un tribunal laboral a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por omitir pagarle el salario al cual tenía derecho por su grado académico, señaló que la institución también omite los pagos patronales al Infonavit como marca la ley.
Julio César Arreola Frías, quien ostenta un doctorado avalado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), demandó a la institución fronteriza ante la Procuraduría del Trabajo en noviembre de 2023 (expediente 3579/2023) por la omisión del pago conforme al grado obtenido.
La UACJ rescindió su contrato el 4 de diciembre de 2024, dijo, en represalia por la demanda y otras exigencias que hizo ante situaciones que considera anómalas; además, se vio orillado a solicitar un amparo indirecto por dilaciones injustificadas en el proceso laboral que, hasta esta fecha, no se ha resuelto.
El quejoso relató a Norte Digital que durante la investigación que emprendió en medio de la exigencia de sus derechos, tuvo conocimiento de que el 2 de octubre de 2024 se presentó el estudio actuarial del fondo del fideicomiso de pensiones y jubilaciones de la UACJ.
Algunos de sus compañeros, que asistieron al acto, le comentaron que en la presentación se expuso que en 2027 se comenzará a tomar del capital del fideicomiso de pensión para cubrir el pago de las pensiones actuales y que en 2040 los recursos no serían suficientes para cubrir esta prestación.
Él no pudo asistir debido a que el evento se llevó a cabo a una hora en la cual estaba impartiendo clases, por lo que solicitó -mediante un correo electrónico-, al secretario general del Sindicato del Personal Académico del Instituto de Ingeniería y Tecnología y del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (Spaiia), Manuel Alberto Rodríguez Esparza, el saldo ahorrado de sus aportaciones para el fideicomiso de pensión.
La respuesta fue que, de acuerdo con información del Actuario, el fideicomiso no es individual, por lo que le sugirió dirigir un oficio al abogado general de la UACJ para obtener una versión oficial.
Elaboró un escrito dirigido a Recursos Humanos y al abogado general de la UACJ, René Javier Soto Cavazos, pero no recibió respuesta, así que el 8 de octubre de 2024 presentó un oficio al funcionario universitario preguntando por sus aportaciones al Infonavit, así como el estado de cuenta del monto ahorrado y los intereses generados por sus aportaciones al fideicomiso de pensión.
La prestación de vivienda, argumentó, es omitida por la UACJ a pesar de que la Ley Orgánica de la UACJ, en su Artículo 2, se subordina a lo establecido en el Artículo 3 constitucional, fracción VII, que establece que las relaciones laborales, tanto del personal académico como administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla ese beneficio.
El 9 de octubre siguiente presentó una queja ante el Centro de Conciliación Laboral por la omisión de sus aportaciones patronales al Infonavit y la falta de información de sus requerimientos.
Arreola Frías contó que le fijaron una audiencia de conciliación el 23 de octubre siguiente, el abogado de la UACJ le entregó por escrito la respuesta del oficio que presentó del 8 de octubre, dándole a conocer que tenía 353 aportaciones y los montos que le descontaron para el fideicomiso de pensión, pero sin los intereses generados ni las aportaciones patronales al Infonavit porque no contaba con esos datos.
El representante de la UACJ solicitó se expidiera la constancia de no conciliación porque la prestación de vivienda no le seria otorgada ni a través del Infonavit o cualquier otro medio.
En una asamblea sindical del Spaiia, celebrada el 25 de octubre anterior, expuso la respuesta que le dio la UACJ con relación a sus requerimientos y se acordó que el sindicato solicitaría una explicación del por qué se incumple con ese derecho.
Los representantes universitarios únicamente le ofrecieron, en la etapa de conciliación extrajudicial, el reembolso de sus aportaciones, pero sin intereses y sin la aportación patronal de ley.
El quejoso enfrentó también problemas en el tribunal laboral a pesar de que el nuevo sistema promete resolver los conflictos en seis meses, pero su caso ya llevaba un año sin resolución y su expediente permanecía en la etapa denominada “escrita”.
Ante esa circunstancia, en el 11 de noviembre de 2024 solicitó un amparo indirecto por dilaciones injustificadas en el proceso, petición que fue admitida y notificada al tribunal laboral, instancia que lo citó a una audiencia preliminar el 13 de diciembre de ese año.
Contó que el 4 de diciembre de 2024, una semana antes del pago de aguinaldo, lo citaron sin mencionar el asunto a tratar en la oficina del abogado general.
El quejoso tuvo la sospecha de que solicitarían su renuncia, por lo que pidió consejo a un abogado; debido a que cumpliría 15 años en su trabajo el 11 de enero de 2025, le recomendó no asistir.
Sin embargo, ese mismo día, al revisar su correo electrónico, se dio cuenta de que le habían enviado la rescisión de su contrato.
Hasta ahora, la resolución de su demanda sigue pendiente en el tribunal laboral a pesar del amparo que le otorgaron, mencionó.
Norte Digital solicitó la versión de la UACJ sobre el caso, pero sus voceros indicaron que no comentarían nada, debido a que se encuentra en proceso.
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