Era el domingo 6 de abril de 2025, la fecha cayó en temporada primaveral, pero el ambiente se sentía invernal, ya que el termómetro alcanzaba temperaturas cercanas al punto de congelación.
En la Plaza de la Mexicanidad había cientos, quizá miles de personas. Fue el lugar escogido por el Gobierno Municipal para la Clase Nacional de Boxeo, organizado a nivel federal por el Gobierno de México.
Mientras quienes iban a ser parte del evento vestían camisetas blancas y estaban cerca de la concha acústica, en el fondo, cercanos al Monumento de la X, había decenas de padres de familia, vestidos mayormente de verde, que cubrían parcialmente por las chamarras y abrigos que utilizaban.
Rostros llenos de tristeza, impotencia, enojo y decepción; eran padres de familia cuyos hijos iban a las guarderías Mi Mundo de Colores, Loon, Niñito Jesús, Estancia Bienestar y Desarrollo Infantil 32 (EBDI), lugares en los que fueron detectados múltiples casos de abuso sexual contra los menores.
Tres de ellas estaban subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el EBDI 32 estaba bajo la responsabilidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste).
La activista en favor de los derechos de la infancia, Catalina Castillo Castañeda, describió que los hallazgos de los abusos sexuales dentro de las guarderías de la ciudad dejan al descubierto un iceberg de omisiones de cuidados infantiles por parte de las autoridades encargadas de proveer este servicio.
Exigen justicia para sus hijos; hay 72 carpetas de investigación
Los manifestantes de aquel 6 de abril llevaban pancartas en las que plasmaron su exigencia de justicia para sus hijos, ya que tras revisiones en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), para entonces se habían abierto 72 carpetas de investigación por abusos cometidos presuntamente por personal de las estancias infantiles.
Con la impotencia por haber confiado la integridad de sus hijos a personas que terminaron defraudándolos y causando un daño permanente a los niños, la mayoría de entre 2 y 7 años de edad, salieron a las calles para exigir que la violencia que vivieron los menores no quedara impune.
La acusación derivó en la detención de dos mujeres, Rosa Iveth V.G. y Teresa Johana T.E., acusadas de cometer abusos, una en la guardería Mi Mundo de Colores y la otra en Mi Pequeño Tambor.
Desde aquella protesta hasta ahora, las detenciones aumentaron a cinco, con la de otras tres mujeres: Graciela L.R., Blanca Patricia R.S. y Norma Laura V.B., quienes fueron vinculadas a proceso por los casos detectados en la guardería Loon.
No obstante, los casos de abuso sexual en la ciudad también aumentaron, siendo detectados en los días finales de junio por personal de la FEM, ahora en la guardería Gussi, en la colonia Cuauhtémoc.
Por el momento, según declaraciones del personal de la FEM, se tiene conocimiento que podría haber al menos ocho víctimas de abuso sexual dentro de este establecimiento, sin que se haya dado a conocer alguna detención por estos hechos.
Además, el 25 de junio, la FEM obtuvo la vinculación a proceso en contra de Enrique A.D., por el delito de violación agravada cometido contra una niña en las instalaciones de la guardería Colibrí, en enero de este año.
Una muestra de las violencias que viven las infancias juarenses
Castillo Castañeda describió que los hallazgos de los abusos sexuales dentro de las guarderías de la ciudad dejan al descubierto un iceberg de omisiones de cuidados infantiles por parte de las autoridades encargadas de proveer este servicio.
La activista por los derechos infantiles enfatizó en que es importante mencionar que, en una ciudad como esta, en la que por el modelo económico ligado con la maquiladora, las madres de familia se ven obligadas a buscar el sustento, este tipo de estancias infantiles se convierten en esenciales para garantizar que los hijos puedan estar en lugar seguro, mientras ellas permanecen en sus lugares de trabajo.
Por lo anterior, mencionó que es una afectación grave a la ciudadanía el hecho de que, autoridades como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encargado de la administración de las estancias infantiles, y el Issste, no supervisen estos espacios de manera correcta.
Recordó que, anteriormente, junto con otras activistas de la Organización Popular Independiente (OPI), a la que ella pertenece, habían creado una estancia infantil, misma que frecuentemente era supervisada por el personal del IMSS para garantizar que se dieran cuidados eficientes a los niños que fueron resguardados en ese lugar.
La falta de estas revisiones, de acuerdo con Castillo, fue uno de las principales causantes para que no solo que se presentaran este tipo de abusos, sino que se convirtiera en una situación que se ha salido de control.
La importancia de una Fiscalía capacitada
El pasado 24 de junio, en Ciudad Judicial, Nahomi Yamilé R.P. fue absuelta en un segundo juicio oral, que llevó por los hechos presuntamente cometidos en la guardería Techo Comunitario, durante su tiempo como empleada de este lugar en 2023.
De acuerdo con investigaciones de la FEM, se intervino la guardería, ubicada en la colonia Toribio Ortega, debido a que se detectaron presuntos abusos sexual en al menos 26 infantes.
Sin embargo, la jueza encargada del juicio oral 313/2024 determinó que las pruebas presentadas por la FEM no fueron suficientes para demostrar la participación de la acusada en los delitos de abuso sexual y violación agravada, en contra de un menor de 2 años.
Además, la juzgadora determinó que la fiscal, así como dos peritos que fueron presentadas en el juicio, deberían ser investigadas por el delito de “falsedad de testimonio ante una autoridad judicial”, ya que mencionó que cambiaron deliberadamente la versión que emitieron en sus informes periciales que la que terminaron por desvelar en el juicio.
Al respecto, Castillo Castañeda puntualizó que es necesario que haya una mejor capacitación para el personal de la FEM, ya que se ha demostrado que no cuentan con los conocimientos suficientes para encarar este tipo de procesos.
“Históricamente, se cree que mientras los niños y las niñas estén bien y no les falta comida o techo, están bien. Tiene que ver con lo privado, y hoy que sale este tipo de situaciones, no hayan qué hacer y no tienen capacidad para enfrentar este tipo de violencias institucionales”, comentó.
Incluso, mencionó que es necesario que se busque la implementación de nuevos mecanismos que sean más eficientes para que los niños puedan realizar denuncias contra sus agresores de manera efectiva.
De igual manera, puntualizó en que no solo debe de existir una mayor capacitación dentro de la Fiscalía para atender este tipo de casos, sino que como sociedad, deben generarse las condiciones para que persista una cultura de cuidado para las infancias.
“Realmente, ¿cómo vamos generando una cultura de paz, de cuidados, una cultura en términos de que las niñas y los niños son primero, en las familias, en la sociedad y en la comunidad?”, señaló.
