“Nos tienen identificados”. Esa frase, atribuida a funcionarios municipales, encendió las alertas entre organizaciones de la sociedad civil.
Para los consejeros, el mensaje fue intimidatorio, descalificatorio y contrario al derecho a la participación ciudadana, lo que derivó en un posicionamiento público contra funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento.
Los inconformes cuestionaron de inmediato el alcance y la intención de ese señalamiento:
“¿Quiénes ‘nos tienen identificados’? ¿La Sindicatura? ¿Los regidores? ¿El Ayuntamiento? ¿Por qué personas funcionarias públicas consideran necesario identificar, incluso mediante fotografías, a la ciudadanía que ejerce su derecho a la participación? Estas declaraciones nos preocupan”.
A partir de ese pronunciamiento, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) manifestaron formalmente su preocupación por las expresiones emitidas por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, y la síndica, Ana Estrada, al considerar que no solo desalientan la participación ciudadana, sino que generan un clima de intimidación, descalificación y estigmatización hacia quienes ejercen este derecho.
De manera consensuada, los integrantes del Consejo plantearon que ambos funcionarios reciban capacitación para reeducarse en materia de derechos de participación ciudadana, conforme a lo que establece la ley, y para que comprendan el papel que desempeñan las organizaciones civiles en los procesos de gobernanza.
Durante la sesión, Yadira Cortez, de la Red Mesa de Mujeres, sugirió analizar la activación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante el riesgo que podrían representar discursos de este tipo.
Por su parte, el regidor Eduardo Valenzuela, integrante del CCPC y de la Comisión de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, habló de la posibilidad de que ambos funcionarios comparezcan para ofrecer una explicación pública sobre sus declaraciones.
En representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien preside el Consejo, Elvira Urrutia informó que se realizará un análisis del pronunciamiento y que se dará respuesta a los consejeros que demandaron una disculpa pública y una explicación detallada por parte de los funcionarios señalados.
“Cada funcionario es responsable de lo que dice; el presidente, por su parte, se ha dedicado a gobernar en alianza con sectores y organizaciones de la sociedad civil”, expresó Urrutia. La postura fue respaldada por Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana, quien se comprometió a dar seguimiento puntual al posicionamiento del CCPC y de las OSC.
Entre las organizaciones que manifestaron su preocupación se encuentran Laura Antillón, de Villa Integra, y Blanca Navarrete, de Derechos Humanos en Acción A.C.
El posicionamiento, la recomendación, las propuestas
Antillón, con una trayectoria de 24 años en la defensa del derecho humano a la movilidad, recordó que las personas servidoras públicas se rigen por un Código de Ética, y pidió que se apeguen a este para que no se repitan conductas como las cuestionadas.
Durante la sesión ordinaria del CCPC, Raúl Zaragoza, de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil, presentó un documento en el que se justifica y motiva el posicionamiento, al considerar que existieron actos de intimidación, descalificación y desinterés por la participación ciudadana.
En el documento se retomaron expresiones emitidas por el secretario del Ayuntamiento y la síndica durante la sesión previa de Cabildo del 9 de febrero.
Secretario del Ayuntamiento: “Y yo quiero decirle que efectivamente se respeta mucho la participación ciudadana; a veces, insisto, nada más van algunos, que son los mismos casi siempre. A mí me gustaría que hubiera más ciudadanos interesados en este tipo de actividades, porque yo le puedo pasar las fotografías de todas y son los mismos”.
Síndica: “Sí sabemos que hay presencia de ciudadanas y ciudadanos que se quejan, los tenemos identificados: quiénes pertenecen a qué, a cuáles, cómo y a dónde. Sabemos por qué traen ciertos posicionamientos, ciertas posturas y ciertos reclamos sin fundamentos”.
Las organizaciones señalaron que discursos de este tipo no favorecen una participación ciudadana diversa, y recordaron que factores como los horarios laborales, las distancias, las condiciones económicas y el desconocimiento de los procedimientos dificultan el ejercicio de este derecho.
En el pronunciamiento también se retomó la propuesta para que el Ayuntamiento sesione en Cabildo en los territorios donde sus decisiones impactan directamente a las comunidades.
Finalmente, solicitaron garantías de que no serán objeto de prácticas de intimidación, y subrayaron que su presencia en los espacios institucionales busca coadyuvar en la gobernanza y acompañar a la ciudadanía organizada en la exigencia de sus derechos.
En la reunión también intervino Diana Solís, presidenta del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado, quien consideró inadecuada la conducta de los funcionarios señalados y recordó que el Consejo Consultivo de Juárez mantiene desde hace un año tres consejerías ciudadanas acéfalas.
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