La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó duramente al Gobierno de Estados Unidos por haber permitido el ingreso a su territorio de 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder encarcelado del Cártel de Sinaloa, entre ellos, Griselda López Pérez, exesposa del capo y madre de Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón.
Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum cuestionó el doble discurso de Washington en materia de seguridad y cooperación bilateral, al considerar que el hecho contradice su política oficial de no negociar con grupos vinculados al terrorismo o al crimen organizado.
“¿No que no negocian con terroristas?”, expresó Sheinbaum en alusión a los vínculos directos entre los Guzmán y una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.
El ingreso de la familia del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se da en el contexto en el que el Gobierno norteamericano lleva a cabo una política de expulsión de migrantes, particularmente latinoamericanos, de declarar a los cárteles de la droga como entidades terroristas, y de negarle la visa a una gobernadora mexicana en funciones.
Al respecto, la mandataria calificó como una incongruencia que se permita el ingreso de personas relacionadas con el narcotráfico y se le ofrezcan medidas de seguridad, mientras que otras familias de mexicanos radicados en ese país viven en la zozobra ante la posibilidad de ser deportados.
El ingreso de los familiares del capo sinaloense a Estados Unidos ocurrió el viernes 9 de mayo a través del puerto fronterizo de San Ysidro, en San Diego, California.
Diversos medios de comunicación de Estados Unidos confirmaron que el hecho se dio en el marco de un acuerdo judicial entre Ovidio Guzmán y el Departamento de Justicia norteamericano, mediante “El Ratón”, como le apodan al hijo de El Chapo Guzmán, quien se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.
En enero de 2025 se reportó que negoció un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses, que incluiría una reducción de condena a cambio de información sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa y otros grupos del crimen organizado.
Ovidio Guzmán, uno de los llamados “Chapitos”, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023 tras su captura en Sinaloa. Aunque los detalles del trato no se han hecho públicos, medios estadounidenses han sugerido que el ingreso de sus familiares podría formar parte de un esquema de protección.
La presidenta insistió en que México debe ser tratado con respeto y que cualquier acuerdo que involucre a criminales debe transparentarse, especialmente si compromete temas de justicia binacional.
“Nuestro país no puede ser utilizado como moneda en disputas políticas ajenas”, advirtió.
El caso de los Guzmán revive los debates sobre la cooperación en seguridad entre ambos países y pone en entredicho el alcance de los compromisos asumidos bajo la Iniciativa Bicentenario, el principal marco de colaboración en materia de combate al crimen organizado.
Guzmán López fue aprehendido por primera vez el 7 de octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por parte de fuerzas federales mexicanas, principalmente elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.
Si bien, las fuerzas mexicanas lograron capturar al hijo de El Chapo, poco tiempo después se desató una oleada de violencia, generada por integrantes fuertemente armados del Cártel de Sinaloa, quienes prácticamente sitiaron a la ciudad de Culiacán.
Bloquearon calles con vehículos incendiados, liberaron reos, atacaron instalaciones militares y amenazaron con ejecutar represalias masivas contra civiles y familiares de soldados si Ovidio no era liberado.
Frente a la violencia desatada, y con la población civil en riesgo, el Gobierno federal tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán para evitar un mayor derramamiento de sangre. El entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, justificó la medida como una acción “para proteger vidas humanas”.
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