A un año del incendio en el que perdieron la vida 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, diversas voces aseguran que no se ha hecho justicia, las indemnizaciones a las familias de los fallecidos y a los lesionados no han concluido, mientras que las políticas públicas para garantizar un tránsito seguro a los migrantes, son casi nulas.
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