Este miércoles se cumple un año del asesinato por disparos de armas de fuego; asignadas a efectivos de la Guardia Nacional, de Jessica Estrella Silva Zamarripa.
La mujer, trabajadora del campo y madre de familia, horas antes hizo acto de presencia durante el choque con elementos antimotines de dicho cuerpo de seguridad; en la presa La Boquilla.
El 8 de septiembre se marca de luto para su familia y para toda la comunidad de la región; que ha organizado cadenas de oración, rosarios y misas por el eterno descanso de Jessica, quien al morir tenía 36 años de edad.
A un año del ataque, queda un mal sabor de boca por una justicia a medias.
No se han pagado indemnizaciones a la familia; ni se realizaron pagos por concepto de atención hospitalaria de Jaime, esposo de Silva, quien resultó malherido.
Tampoco se dieron pasos en la imputación de los responsables del ataque, más allá del auto de vinculación dictado en octubre del 2020.
Los hechos
Aproximadamente a las 10:00 de la noche del 8 de septiembre del año 2020, la madre de familia y agricultora originaria del municipio de La Cruz, viajaba en el asiento del copiloto de una camioneta Ranger de color rojo, junto con su esposo.
En la carretera Delicias-Meoqui, aparte de la pick-up de la familia, circulaban otros automóviles; que aparentemente azuzaban al convoy federal.
De manera repentina, el escuadrón de las fuerzas armadas abrió fuego a discreción; impactando las balas en la humanidad de la pareja.
Meses después, Jaime ratificó que él y otros compañeros se dispusieron a seguir al convoy de federales; ya que éstos custodiaban un auto con emblemas de la resistencia por el agua y querían mostrarle su apoyo.
Más tarde se supo que este auto era un Sentra color verde; del año 1999, propiedad de uno de los tres agricultores detenidos.
El informe policial homologado, proporcionado por la Policía municipal de Meoqui; que atendió en primera instancia el reporte, dio cuenta de una agresión a balazos por parte de agentes federales que se retiraron del lugar.
Horas después, se informó que los agentes pretendían arribar a la ciudad de Chihuahua para poner a disposición a tres campesinos detenidos en la reyerta en La Boquilla.
A los detenidos los golpearon, privaron de la libertad y posteriormente los consignaron por delitos considerables como terrorismo.
La detención de los agricultores Juan Lechuga Montes, Juan Rivera Márquez y Rosendo Lerma Lechuga siempre tuvo conexión con el asesinato de la joven.
Días después, uno de los agricultores declaró escuchar disparos y gritos; exactamente en el trayecto donde mataron a Jessica e hirieron a Jaime.
“Pensamos que algo muy malo iba a pasar y que nos iban a inculpar de alguna manera por la muerte de los agricultores; la verdad es que sí íbamos en el convoy, pero esposados”, relató.
Se espera que el próximo 17 de septiembre se celebre una audiencia de control judicial en contra de seis efectivos que habrían participado en la agresión contra la pareja.
Los imputados a quienes se les dictó auto de vinculación a proceso en octubre del año pasado, son: el teniente de infantería José Luis F., el sargento segundo Bernabé L. (señalado como quien disparó su fusil de asalto contra la pareja de agricultores), el cabo conductor Omar A., el cabo Rubén L., la soldado Jaqueline R. y la soldado Nayeli S.
Congreso promueve indemnizaciones por asesinato
Durante la sesión del Congreso del Estado de ayer, a petición del legislador Francisco Adrián Sánchez; de Movimiento Ciudadano, se lanzó un exhorto para que las instancias federal y estatal garanticen la reparación integral del daño para la familia de Jessica Estrella Silva Zamarripa.
La iniciativa, que fue aprobada de manera urgente, demanda que se clarifiquen los hechos y las consecuencias de lo suscitado esa noche; que implicó el abandono de los oficiales federales de la escena del crimen y la alteración de evidencias en el lugar tras el asesinato.
Recientemente, diversos medios de comunicación dieron cuenta de que la familia no cuenta con ningún apoyo oficial; y la atención médica para la recuperación de Jaime Torres presenta al momento un adeudo cercano a los 3 millones de pesos.
Además, a la pareja le sobreviven sus tres hijos, de 18, 15 y 14 años; por lo que Sánchez demandó respuesta inmediata.
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