El hallazgo de 386 cadáveres dentro de las instalaciones del crematorio Plenitud, marca una necesidad urgente de reformar el Código Penal de Chihuahua para encuadrar los delitos cometidos por los responsables de la tragedia, consideró la especialista en Derechos Humanos, Olivia Aguirre Bonilla.
De acuerdo con la especialista, hasta donde se tiene conocimiento, el Ministerio Público ha hecho las imputaciones contra los presuntos responsables tomando en cuenta los artículos 202, 203 y 204 del Código Penal del Estado de Chihuahua, relativos al delito de Inhumación, Exhumación y Respeto de Cadáveres, que tiene una penalidad máxima de hasta seis años de prisión.
Si bien, mencionó, la conducta delictiva que cometieron los presuntos responsables por acumular los cuerpos es parecida a la que se señala en el Código, el legislador no tomó en cuenta una situación de la magnitud como la ocurrida en este caso.
Bajo esa circunstancia, no hay un castigo establecido concretamente para todos aquellos que puedan resultar como probables responsables.
¿Quién debería investigar en este caso?
Señaló que la institución encargada de investigar a todos los presuntos responsables de participar en el ocultamiento de los cuerpos, incluidos a empleados de la funeraria así como posibles omisiones de funcionarios públicos, es la Fiscalía General del Estado (FGE).
No obstante, reconoció que en reiteradas ocasiones, los familiares de personas encontradas en el crematorio han señalado fallas por parte de la FGE ya que, hasta el momento, ningún funcionario ha sido señalado por actos de omisión, pese a que es obligación abrir carpetas de investigación de oficio.
Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR), por la relevancia del caso, tiene la facultad de atraer la investigación y hacerse cargo por su cuenta, pero hasta el momento, no ha sido de su interés realizar este tipo de labor.
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