El Municipio de Juárez tiene hasta el 17 de enero para atender y dar respuesta a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reparar los daños ocasionados a los locatarios del Parque Borunda que el año pasado fueron desalojados de sus puntos de trabajo, así como establecer una reglamentación clara para la operación comercial de ese parque.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación dirigida al presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por violaciones a derechos humanos en agravio de 12 locatarios del Parque Borunda, informó la diputada panista Marisela Terrazas.
Dijo que desde enero del 2022 los locatarios enfrentaron trabas de la
Dirección de Regulación Comercial para renovar sus permisos anuales de funcionamiento a pesar de acudir en repetidas ocasiones a realizar el trámite, negándose la autoridad municipal a recibir el pago de las rentas mensuales por el arrendamiento de los locales comerciales propiedad del ayuntamiento y que eran operados por esos concesionarios desde hace más de 10 años.
“Ante la imposibilidad de ponerse al corriente en dichos pagos debido a la obstaculización de los trámites, el 20 de julio del 2023 llegaron al Borunda cerca de 50 inspectores de Regulación Comercial que sin mostrar alguna orden legal violaron los candados y pusieron sellos de clausura en los 12 locales”, contó la legisladora.
Dijo que además sustrajeron mercancías de los negocios evaluándose así los daños materiales arriba del millón de pesos, a lo que los locatarios dedicados a la venta de alimentos, ropa y artículos varios, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Terrazas comentó que la dependencia acreditó entonces violaciones al derecho humano al trabajo, la propiedad privada y el debido proceso por parte de la autoridad municipal hacia los locatarios.
Terrazas dijo que la CEDH emitió más adelante la recomendación que pide al presidente municipal reparar los daños de forma integral, inscribir a los locatarios en el Registro Estatal de Víctimas y establecer una reglamentación clara para la operación comercial del Parque Borunda.
Asimismo se recomienda a la autoridad municipal permitir el pago de adeudos por arrendamiento y del permiso por arrendamiento y el ejercicio del comercio correspondientes al 2023.
“Logramos apoyarles en la gestión para obtener una recomendación de la CEDH. Duramos unos dos meses, en donde la comisión intentó lograr una conciliación entre las partes, pero el municipio no se presentó”, explicó la diputada de Acción Nacional.
“El 28 de diciembre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió su recomendación para el municipio, en donde se habla de la reparación del daño de lo que perdieron durante la inspección y que ahora tendrá que cubrir la autoridad local y recibir los pagos que se ha negado a aceptar y además otorgarles la licencia”, indicó.
“Ahora el municipio tiene hasta el 17 de enero para atender la recomendación y dar respuesta. Nosotros estamos muy contentos porque esta recomendación les va a ayudar también en su proceso legal que están haciendo ante un juez federal”, declaró la diputada Terrazas.
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