En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo propósito declarado era fortalecer financieramente al Instituto. La propuesta contemplaba un incremento del 2.7% en las aportaciones de los trabajadores, calculadas sobre el salario total, incluidas las compensaciones, lo que implicaba una reducción del ingreso disponible para el personal. Esta iniciativa se sumó a un proceso de deterioro progresivo en la calidad y seguridad del sistema de pensiones del magisterio, iniciado con la reforma al ISSSTE de 2007. La propuesta gubernamental provocó una amplia movilización magisterial a nivel nacional, que culminó con su retiro para revisión.
La crisis del sistema jubilatorio del magisterio mexicano ha generado condiciones dispares entre las y los trabajadores de la educación, quienes actualmente se rigen por dos esquemas diferenciados. En consecuencia, existen desigualdades sustantivas en las expectativas y condiciones de retiro de los docentes. Desde la reforma de 2007, quienes ingresaron al servicio docente cuentan con un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, a través de cuentas de Afore, que sustituyó el principio de solidaridad colectiva y la corresponsabilidad estatal en materia redistributiva y asistencial. Este cambio implicó una ruptura con los esquemas previos de seguridad social sustentados en la mutualidad y la protección pública.
El impacto de la reforma de 2007 no se limitó al magisterio. Todos los trabajadores al servicio del Estado experimentaron un deterioro tanto objetivo como subjetivo en la calidad de sus jubilaciones. El sistema de cuentas individuales no logró ampliar la cobertura, garantizar una sustitución adecuada del ingreso ni ofrecer condiciones que permitieran planificar el retiro como una etapa de bienestar. En su lugar, consolidó un mecanismo regresivo de distribución de recursos.
En el caso particular del magisterio de educación básica pública, la reforma al ISSSTE de 2007, junto con la posterior desaparición del Programa de Carrera Magisterial, profundizó el deterioro de las condiciones laborales docentes. Por un lado, se perdió la certeza de un retiro digno; por otro, se desmantelaron los mecanismos de reconocimiento profesional y crecimiento salarial vinculados a la trayectoria docente. De este modo, la desigualdad previsional y salarial se ha convertido en un elemento estructurante de la experiencia laboral, configurando a la docencia como un trabajo en condiciones crecientes de precarización.
Este contexto de desigualdad y pérdida de derechos ha generado un choque entre el magisterio y la narrativa gubernamental de la “Revalorización Docente” como eje de la política educativa nacional. El gremio magisterial reivindica hoy su derecho a la protesta por una jubilación digna, una demanda sostenida desde administraciones anteriores y no una “ocurrencia” coyuntural, como algunos discursos oficiales han sugerido. A pesar de que el gobierno afirmó el 12 de noviembre que “el diálogo está abierto”, al día siguiente, durante el inicio de la jornada nacional de paro y protesta de 48 horas, la respuesta oficial consistió en el tradicional despliegue de fuerzas policiales y en la deslegitimación del movimiento, caracterizándolo como una protesta de carácter político y omitiendo el fondo previsional de las demandas.
Es cierto que los recientes aumentos salariales han contribuido a mitigar parcialmente el malestar derivado de las diferencias entre los esquemas jubilatorios de los trabajadores en activo. Sin embargo, la política de incrementos salariales equiparados con la inflación ha tenido un efecto limitado: si bien atenuó la sensación de precariedad salarial inmediata, no logró disipar la percepción de vulnerabilidad respecto al futuro retiro.
El conflicto actual entre el magisterio y el gobierno trasciende a las corrientes históricamente opositoras, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y alcanza a amplios sectores del magisterio afiliados o cercanos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En conjunto, este amplio espectro gremial observa nuevamente cómo una promesa de campaña, la de garantizar un sistema de jubilación justo y sostenible, se diluye entre acusaciones de politización y la falta de respuestas estructurales a una problemática previsional que el propio gobierno había reconocido y se había comprometido a resolver.
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