Este miércoles 18 de diciembre se cumplieron mil días del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017, sin una sentencia condenatoria contra nadie y sin una investigación que vaya por los autores intelectuales.
Han sido 33 meses marcados además por la hipocresía de un gobernador que dio cobijo a sus allegados y le negó en los hechos protección a la reportera.
Sin importar el signo partidista de cada uno de quienes han estado al frente de los gobiernos estatal y federal, en estos dos años casi nueve meses ha prevalecido la impunidad.
Miroslava fue acribillada de ocho balazos por el sicario Ramón Andrés Zavala Corral al salir de su casa en la calle José María Mata, en la ciudad de Chihuahua.
En diciembre del mismo año Zavala fue asesinado en Sonora y unos días después se detuvo a otro autor material del homicidio, identificado como Juan Carlos M.O. -El Larry-, actualmente recluido en el Cereso de Aquiles Serdán.
Entre abril y junio de ese año la familia de la periodista denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Gobierno de Javier Corral les estaba negando el acceso al expediente de la investigación.
Después de la detención del Larry se supo la razón del ocultamiento: tres panistas relacionados directamente con el gobernador habían conocido de amenazas directas a la reportera muchos meses antes del atentado mortal, durante la campaña de gobernador del 2016.
La grabación de una llamada cuyo contenido fue expuesto en la presentación de imputación contra el detenido, reveló que José Luévano, Alfredo Piñera, Mario Vázquez y Hugo Schultz estaban enterados del peligro para la periodista.
De acuerdo con esa comunicación telefónica, ellos sabían que un grupo criminal estaba planeando asesinarla. La implicación no era suficiente para imputarlos penalmente, pero tampoco lo fue para que al menos se les perdiera la confianza en puestos públicos.
Luévano pasó de ser secretario del PAN a secretario particular de Corral y de ahí a director del Ichife; Piñera brincó de vocero del albiazul a encargado de medios de la bancada panista; Vázquez migró de la dirigencia del partido a la coordinación de gabinete de la alcaldesa de Chihuahua y Schultz mutó de alcalde panista de Chínipas a asesor de educación en el recién iniciado Gobierno del nuevo amanecer.
Javier Corral ganó la elección en julio y asumió el poder en octubre. Antes o después, alguno de ellos pudo informarle sobre la delicada situación, pero no lo hizo.
Para nadie era secreto que Miroslava era una de las principales vías, por su ética y profesionalismo, que el político panista usaba como vehículo periodístico para sus posicionamientos contra César Duarte y el régimen corrupto del PRI.
Lejos de tomar medidas para protegerla, el entonces exsenador se mantuvo inmóvil ante el riesgo latente.
Con esos antecedentes, las abogadas de la familia tenían fundadas razones para desconfiar y en abril de 2018 lograron que la Fiscalía General de la República -entonces PGR- se hiciera cargo de la investigación ejerciendo la facultad de atracción correspondiente, a través de su Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Sin embargo, no hubo mayores resultados en cuanto a avances, sobre todo en lo tocante a la línea de ir contra el grupo de delincuencia organizada señalado como presunto autor intelectual del homicidio.
Esa hipótesis en la indagatoria estaba sustentada desde el inicio del caso, en el trabajo periodístico de Breach, que había desnudado la injerencia directa de cárteles de la droga en la designación de candidatos a alcaldes y alcaldesas en municipios de la Sierra, además de nombramientos de directores de obras públicas y jefes policiacos.
El 3 de diciembre de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua la audiencia intermedia contra el único detenido del caso y ahí se estableció que hasta el 4 de noviembre de 2019 sería la audiencia de juicio oral, pero esa fecha se movió nuevamente, primero para el 12 de diciembre pasado y después hasta el 17 de febrero de 2020.
El alargamiento del proceso solo favorece al acusado y es contrario al derecho de las víctimas de acceder a una justicia pronta y expedita, opinaron en posicionamientos públicos abogados y abogadas de la familia, auspiciados por la organización Propuesta Cívica.
Aunque la próxima semana El Larry cumpla dos años de haber sido encarcelado, es fecha de que aún hay un cómplice prófugo con una orden de aprehensión dictada por juez, que está plenamente identificado.
Más preocupante para los allegados de Miroslava es el hecho de que también está plenamente identificado el grupo criminal sospechoso de haber ordenado el asesinato y es fecha que ninguno de sus líderes o integrantes son llamados a cuentas por la justicia.
Ni el gobierno de Peña Nieto, ni el de Javier Corral y ahora tampoco el de López Obrador han enfilado sus actuaciones ministeriales en contra de quienes desde el pueblo natal de la reportera -Chínipas, Chihuahua- habrían ordenado su ejecución.
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Por Redacción
