La Compañía Contratista Nacional (Coconal) S.A.P.I. de C.V., mintió en lo referente a las cantidades de agua utilizadas para la construcción del Libramiento Samalayuca-Guadalupe Tornillo.
En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) entregada para obtener los permisos de Semarnat, expuso que el total de la obra requeriría un millón 900 mil litros.
Pero de acuerdo a un comparativo realizado por especialistas consultados al respecto, la cantidad calculada para esta obra resultaría ser casi veinte veces mayor. Un total de 36 millones 560 mil litros.
Esto según criterios de integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y especialistas en construcción.
El cálculo se realizó conservadoramente considerando diversos factores, entre ellos el tipo y escasa humedad del suelo de la región.
Asimismo, estandarizando aspectos relacionados con las dimensiones del proyecto, en cuanto a su extensión, su anchura y la altitud de la base.
En lo referente al agua utilizada en este proyecto se calculó una cantidad de entre 10 y 20 por ciento por cada metro cúbico de material. Según integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, el cálculo relativo a la cantidad de agua a usar depende de la época del año.
En época de lluvia, con cierto nivel de humedad en el terreno, la cantidad de agua utilizada sería de un 10 por ciento por metro cúbico.
En temporada de calor, el cálculo contempla hasta 20 por ciento, por lo que una media aceptable para todo el año sería 15 por ciento. Pero en definitiva se tomó como base para el cálculo un 10 por ciento de contenido de agua por cada metro cúbico de material.
En cuanto a la altitud de la base, se consideraron variables del terreno y factores de elevación o planos, acordándose un estándar de medio metro como mínimo aceptable.
El proyecto original expone una longitud de 32 kilómetros, en tanto que la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Juárez establece 31.3 kilómetros.
En el MIA se detalla que el camino a construir tendría dos cuerpos carreteros de 12 metros de ancho cada uno; y que contaría con dos carriles de 3.50 metros de ancho, por sentido.
Plantea asimismo un ancho de calzada de siete metros, contemplando además un puente con terraplenes de acceso construidos en una sub-base de materiales combinados.
Basado en estos datos y considerando los criterios de los especialistas consultados, se tomó como base para el cálculo la extensión de 31.3 kilómetros de carretera construida; y un ancho de 24 metros sumando los dos cuerpos carreteros, más un espesor de la base, estandarizado a medio metro.
Esto es 31 mil 300 metros por 24 metros, por 0.5 metros, lo que arroja un total de material de construcción de 375 mil 600 metros cúbicos.
Si se toma como base un 10 por ciento como mínimo de contenido de agua del material utilizado, la cantidad total asciende a 37 millones 560 mil litros.
Para el titular de la JMAS, Sergio Nevárez Rodríguez, el problema no radica en la cantidad de agua usada por la constructora; sino en que la constructora ha estado utilizando ilegalmente agua proveniente de pozos de uso agrícola, es decir agua potable en lugar de agua tratada.
Y esto, además, bajo condiciones de abatimiento del acuífero que desde hace tiempo está sobreexplotado y sujeto a planes especiales para mitigar los efectos nocivos.
José Ángel Félix Sánchez, delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue claro en señalar que el permiso otorgado a la constructora no contemplaba uso de agua potable.
Pero a la vez la dependencia, por razones no especificadas, omitió la obligada intervención de su parte para poner orden en esta situación.
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