Investigación
Intervienen tres agencias de la ONU en Juárez
Atrapados: no pueden ni desean regresar a sus lugares de origen
El nuevo rostro de la migración, con núcleos familiares que alargan su tiempo de estancia y requieren atención integral, atrae la mirada de organismos internacionales
PARTE III
Por Javier Arroyo | 10 noviembre, 2021
Los nuevos retos migratorios que Ciudad Juárez enfrenta son de tal magnitud en el escenario global, que motivaron el despliegue de tres distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para articular y ofrecer soluciones a nivel local.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) establecieron aquí oficinas para dar respuesta a distintos fenómenos migratorios que han tenido impacto en la región, principalmente a partir de la apertura y cancelación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), los desplazamientos forzados internos (personas mexicanas que huyen de la pobreza y la violencia) y la aplicación del Título 42, la norma de carácter sanitario que ante la pandemia de Covid-19, justifica expulsiones rápidas de todos los extranjeros sin documentación que ingresan a Estados Unidos.
Cientos de familias en contextos de movilidad y por ello en situación de vulnerabilidad, permanecen varadas en Ciudad Juárez. No pueden ni desean regresar a sus lugares de origen, mientras la frontera norte se mantiene cerrada y cancelados todos los programas de regularización migratoria en Estados Unidos.
“Muy recientemente hemos visto este fenómeno de espera, de atrapamiento, particularmente de migrantes internacionales solicitantes de protección internacional, pero también de mexicanos desplazados forzados internos que a su vez se vuelven solicitantes de protección internacional o que buscan asilo político en Estados Unidos”, resume Inés Barrios, coordinadora académica de la Maestría en Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Residencia temporal para refugiados
Barrios dice que al encontrarse con las barreras o restricciones que en materia de política migratoria implementa Estados Unidos, los migrantes redefinen sus proyectos y toman a Ciudad Juárez como su asentamiento temporal, pero de larga estancia, lo que les permite no solamente esperar a que desaparezcan esas barreras, sino generar o gestar aquí procesos de integración.
El también investigador del Colef, Jesús Peña, define este momento histórico en la migración juarense de la siguiente manera: “Tenemos una población de personas desplazadas. No es el migrante tradicional que va tras del sueño americano, aunque sí se ve a las personas que van por cuestiones laborales. Tenemos que atender a esta población solicitante de refugio, que comenzó como una población flotante y que ahora está encontrando un lugar donde vivir”. Este nuevo rostro de la migración que además se gestó en plena emergencia sanitaria por el Sars-Cov-2, es justo el que atrajo la mirada de las agencias de la ONU, que intervienen con acciones humanitarias y acompañamiento legal, aplicando un enfoque de inclusión y de protección a quienes presentan mayores vulnerabilidades.
¡Alerta! Niños migrando
Los más expuestos son niñas, niños y adolescentes (NNA), ya sea dentro de los núcleos familiares o en el peor de los contextos, cuando viajan solos o sin compañía legal. Por eso se movilizó Unicef a Juárez cuando se detectó el incremento de la población migrante.
La instalada en esta frontera en abril de 2021, es la más nueva de sus cuatro oficinas (las otras se ubican en Ciudad de México, Tapachula y Tijuana), aunque ya trabajaba aquí su personal por medio de misiones enviadas de la oficina central.
“Estamos en un momento justo, de un trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, agencias y órdenes de gobierno. Justo para garantizar derechos mínimos a esta población”, señala el brasileño Thiago Almeida García, coordinador de la Oficina de Unicef en Ciudad Juárez.
Aplica Unicef plan de contingencia
“No tienen otra opción –explica– y salen solos, pero también con familia y ahí entran niños, niñas y adolescentes. Casi todos con sueños de ingresar a Estados Unidos. Pero Juárez no solo es ciudad de tránsito, también es receptora, ya que es punto de extracción o de expulsión de migrantes de Estados Unidos bajo el Título 42. Unas familias vienen para cruzar, mientras otras regresan”, explica.
El representante de Unicef también conoce que son mayores las cifras de migrantes que en la frontera se mueven por su cuenta, con recursos propios, o se mantienen en las casas de seguridad que operan los traficantes de personas, pero ellos concentran su trabajo en los registrados en los albergues.
Por su capacidad, el universo ronda las 3 mil personas, y de esa cantidad unos mil 300 o mil 400 son niños o adolescentes.
Su equipo legal además da seguimiento a entre 50 y 100 menores de edad, casi todos de origen extranjero que llegan sin acompañamiento y son canalizados a cuatro albergues que manejan ese perfil bajo las directrices de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes de Chihuahua.
Como la legislación obliga a que se busque siempre cuidar el interés superior de NNA, que es estar con su familia donde ellos decidan, procurando tanto la protección como la restitución de sus derechos, se trabaja la opción de que puedan reunirse con sus familias en Estados Unidos, regresen con la parte que tienen en su país de origen, o se queden en Juárez o en otra parte de México.
“Nosotros trabajamos con plan de contingencia, así trabaja Naciones Unidas y estamos listos para lo que sea. No es nuestro papel incidir en las decisiones políticas, que son de México o de Estados Unidos y lo que nos toca es el trabajo humanitario. No sabemos qué va a pasar en materia migratoria, pero sabemos que en todo contexto es importante garantizar los derechos mínimos”, señala.
Dentro de los albergues de Juárez operan con un equipo de 9 personas, tanto abogados como especialistas en educación, en manejo del agua y saneamiento, además de procesos de comunicación para el desarrollo.
“Trabajamos en cómo garantizar convivencia familiar comunitaria de los niños, la protección contra diferentes tipos de violencia, como el acoso. Además, tenemos trabajo de educación. Son actividades educativas dentro de los albergues con socios de Unicef como facilitadores, junto con la inclusión educativa que sería la escuela”, expresa el brasileño.
La importancia de la inclusión
El reto educacional es monumental porque su estancia no deja de ser temporal en los albergues y los padres de pronto deciden moverse. Sin embargo, para el jefe de la oficina de Unicef, aunque se trate de una semana, de un mes o un año, el niño o niña que está en Juárez tiene derecho a la educación y se debe trabajar para que no pierda su vida escolar.
Considera que ese es el mayor desafío en la actual situación de atrapamiento de migrantes en Juárez: la inclusión de los niños en la educación, superar el contexto de pandemia y lograr que puedan estar en la escuela, más allá de que la Unicef tenga capacidad de distribuir paquetes escolares todos los días en la Red de Albergues.
Justo por la Covid-19, las acciones de acceso al agua, higiene y saneamiento son prioritarias para el equipo que en este momento trabaja también en dar un paso más con acciones en materia de nutrición y alimentación saludable.
Para el represente de Unicef, por más que el objetivo final de los migrantes y los desplazados sea irse a Estados Unidos o desistan para regresar a su lugar de origen, mientras estén aquí, existe la obligación de garantizar sus derechos y procurar que sigan con su vida, que tengan buena alimentación y protección contra todo tipo de acoso, así como un buen lugar para dormir y acceso a higiene.
Almeida asegura que ya hay un gran aprendizaje con la experiencia generada en el modelo de gobernanza migratoria que se sigue consolidando en Juárez: se trata justo de la importancia de trabajar de forma integrada y pensar en estrategias que consigan eliminar las diferencias entre distintos perfiles poblacionales.
“Es lo que hemos aprendido –dice– trabajar distintos perfiles poblacionales y la integración de la frontera norte de México como una sola, para garantizar derechos de NNA y sus familias. Nunca trabajar de forma aislada. Trabajar a las familias como un todo”.
Hay en Juárez gran necesidad de servicios y una sociedad civil efervescente
Alberto Cabezas Talavero, oficial nacional de comunicación de la Organización Internacional de las Migraciones en México, afirma que la oficina en Juárez es la más importante de las seis que hay en el país, después de la ubicada en la Ciudad de México.
“Esa es la importancia que tiene para nosotros Juárez. Es un lugar de frontera donde ha habido muchos retos, sobre todo subrayaría desde que comienza la pandemia, en marzo de 2020. Es un lugar donde hay una gran necesidad de servicios para las personas migrantes y hay una sociedad civil efervescente y volcada con la atención de las necesidades de esas personas”, explica sobre el motivo de su intervención en esta frontera.
Aunque la OIM tiene presencia permanente en Juárez desde julio de 2019, fue hasta el 2021 cuando fortaleció sus capacidades técnicas al pasar de un staff de 14 a 64 personas, quienes realizan actividades en tres áreas principales: atendiendo los programas asignados a su nueva oficina, en el Hotel Filtro y en el seguimiento de la Operación Final del MPP, el programa estadounidense que nada más en el área de Ciudad Juárez expulsó a 26 mil personas para que esperaran aquí sus procesos de asilo.
“Brindamos atención y no lo hacemos solos, lo hacemos con muchas contrapartes de la sociedad civil de Juárez, incluyendo empresas e instituciones académicas. Eso por un lado, y por el otro, con los tres órdenes de Gobierno. En Juárez hemos impulsado un modelo de gobernanza migratoria muy vinculado a las autoridades locales”, señala el portavoz de OIM.
Es vacunación contra Covid-19 el gran pendiente
Pese a que ya existe un cúmulo de aprendizaje y de logros, preocupan grandes pendientes, como el que representa en materia de salud la falta de aplicación de la vacuna contra el Sars-Cov-2, de manera sistemática y generalizada a toda la población migrante, ya sea que se encuentre en los albergues o se mueva por cuenta propia.
“Estamos en un país que está vacunando a su población y el mensaje que nosotros queremos dar desde la OIM es que las personas migrantes también tienen que ser vacunadas. Idealmente los programas de vacunación deben incluir a las personas migrantes que están en México. Todas estas personas del programa MPP no llegaron ayer, llevan meses y algunas, años”, agrega.
Considera que es un gran reto porque las vacunas se están administrando y es un proceso que lleva tiempo y a veces hay lugares donde no han llegado a toda la población, pero es importante que en cualquier esfuerzo de vacunación también se integre a las personas migrantes.
“Lo que pedimos –dice– es que haya opciones para las personas migrantes con independencia de su estatus migratorio”.
A mayor movilidad, más contagios
El riesgo sanitario por lo que está ocurriendo en Juárez destaca también en el análisis de los investigadores del Colegio de la Frontera Norte.
La doctora en Estudios de Migración, Inés Barrios, explica que bajo las expulsiones expeditas del Título 42 se ha generado una enorme movilidad en la población migrante, ya que las personas se están arriesgando a cruzar no una, sino hasta cuatro veces en su intento de solicitar el proceso de asilo y eso ocurre porque las autoridades estadounidenses ni siquiera están generando implicaciones legales o administrativas.
“La realidad es que el Título 42, aplicado por cuestiones sanitarias, está tendiendo un efecto contraproducente en la población migrante en cuanto a salud. Hay mayor movilidad y por lo tanto mayor porcentaje de contagios en esta población que está circulando al intentar cruzar la frontera”, agrega.
Lo que se requiere, asegura, es no únicamente sistematizar y generalizar la aplicación de la vacuna, sino contar con más espacios de monitoreo epidemiológico para detectar fácilmente si las personas en condición de movilidad son o no positivas a Covid-19 y evitar una mayor propagación de contagios.
Justamente es en el tema sanitario, donde la OIM generó una de sus intervenciones más emblemáticas en Juárez: la operación del Hotel Filtro.
Cuando la pandemia frenó toda movilidad y clausuró los espacios públicos y privados, los albergues también cerraron sus puertas. Entonces la OIM alquiló por completo el Hotel Flamingo, ubicado sobre Paseo Triunfo de la República, para instalar ahí el Hotel Filtro que inició operaciones en julio del 2020, con el impulso de las organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de donaciones en especie por partes de empresas locales.
Los migrantes extranjeros y nacionales pudieron ser recibidos ahí, bajo supervisión médica, hasta por 14 días y solo quienes no presentaban síntomas de Covid-19 podían ocupar un espacio en la Red de Albergues o en el Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario, la respuesta de mayor calado que el Gobierno federal articuló en lo más álgido de crisis de atención humanitaria, donde se tiene capacidad para recibir hasta mil 200 personas.
El vocero de OIM explica el esquema que se siguió en el Hotel Filtro: si hay síntomas, se pide prueba de antígenos, y si la prueba da positivo, la persona se ubica en la zona de aislamiento dentro del mismo hotel, donde hace una estancia más larga por cuarentena.
“No hemos tenido atención médica porque el hotel no tiene equipamiento médico. Tiene a una doctora con un equipo de asistentes que comprueba cómo están las personas. Si se detectan síntomas, se llevan a zona de aislamiento. Solo si la persona positiva empeora, la llevamos a un hospital”, agrega.
Recibe Hotel Filtro casos positivos de albergues
En el reporte de OIM entregado recientemente por sus dos años de actividad en Juárez, se destaca una importante trasformación del rol del Hotel Filtro, a partir del incremento de los flujos migratorios, principalmente las expulsiones bajo el Título 42, ya que ahora recibe de los demás albergues a aquellas personas positivas a Covid-19 y a personas sospechosas por haber tenido contactos estrechos con alguna de ellas.
“Al inicio de la primavera de 2020, el 80 por ciento de espacios del Hotel Filtro estaban dedicados a cuarentenas preventivas previo al ingreso a un albergue y un 20 por ciento de espacios para casos positivos de Covid-19. En primavera de 2021, no obstante, el 80 por ciento de espacios del Hotel Filtro estaban dedicados en casos positivos de Covid-19 y un 20 por ciento de espacios dedicados a cuarentenas preventivas previo al ingreso a un albergue de personas con especial vulnerabilidad (de seguridad o médicas principalmente)”, detalla el informe de aniversario.
De acuerdo con el registro de OIM, hasta el 31 de agosto de 2021, por el Hotel Filtro pasaron 2 mil 508 personas. Al día de hoy, alberga a menos de 100, pero en los picos altos ha alojado hasta 300 migrantes, como los registrados entre febrero y marzo del año en curso.
La proporción ha sido prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres. Un 49.5 por ciento hombres y un 50.5 mujeres. Para población LGBTI, el registro es de un 0.9 por ciento.
En cuanto a las edades, destaca el rango de menores de 12 años, con el 32.9 por ciento de las atenciones. Un 26.6 por ciento son personas entre 25 y 34 años, un 16.1 por ciento entre 35 y 49 años y un 15.9 por ciento de 18 a 24 años. El 6 por ciento corresponde a personas de 13 a 19 años y el 2.5 por ciento a personas mayores de 50.
Respecto a las nacionalidades, Honduras aparece como el principal país de origen, con 760 casos, seguido de Guatemala con 661 y México en tercer lugar con 551. Continúan El Salvador con 203, Cuba con 171 y Nicaragua con 55.
El acumulado registra a Ecuador con 46 y a Venezuela con 36, a Brasil con 24 y a Estados Unidos con 14. Le siguen Haití con 14, Colombia con 5 y República Dominicana con 3. Tanto Costa Rica como Nigeria y Chile, presentan un caso.
Fortalece OIM infraestructura de albergues improvisados
Pero la atención de OIM a los migrantes no se limita al Hotel Filtro. Su apoyo fue crucial para consolidar los albergues que ante los flujos masivos que iniciaron en 2018 y tuvieron sus mayores picos en 2019, se improvisaron en espacios como parroquias, escuelas, gimnasios o naves industriales.
El programa de Fortalecimiento de Albergues de OIM permitió mejorar las condiciones de alojamiento temporal y ayudó a la consolidación de la Red de Albergues que hoy integra 19 espacios, cuando antes de la crisis humanitaria, la atención se reducía a la histórica Casa del Migrante del padre Javier Calvillo y otro par de albergues de organizaciones religiosas, donde operaban esquemas con estancias cortas.
Con recursos que la OIM obtiene de distintos gobiernos nacionales en todo el mundo se entregaron apoyos alimenticios y distintos insumos, además de realizar intervenciones de obra de infraestructura para que los edificios mejoraran sus estándares en cuanto a condiciones para atender a personas migrantes.
Además del tema de atención humanitaria, la OIM concentra otra parte importante de su operación en ofrecer información a las personas retornadas bajo el programa MPP sobre toda la tramitología del proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, así como los procesos de regularización migratoria en México y la forma de tener acceso aquí a distintos servicios.
El regreso asistido cuando los migrantes dicen ‘ya basta’
La intervención de la agencia permitió generar otra solución emergente cuando arreció el flujo de migrantes en esta ciudad en todas direcciones y se instauró el programa de Retorno Voluntario Asistido, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.
“Es un programa que empezamos en julio de 2001 y hasta septiembre de 2021, atendimos a mil 319 personas. Son personas que dicen ‘ya basta’. Ya no tienen ni energías, ni ganas, y dicen ‘me quiero regresar a mi país, ¿cómo le hago?’”, informa el portavoz de OIM.
Cuando se presentan estos casos, de los albergues contactan a la agencia y esta se encarga de costear el retorno vía aérea.
Lo que se debe acreditar antes que todo es que las personas no enfrenten en su país de origen un riesgo de perder la vida. Si la razón de su movilidad era estrictamente económica, entonces se le puede ayudar.
“Si no hay riesgo es elegible, pero si hay riesgo, porque los están buscando, o porque en su momento mataron a su hermano y dijeron que iban por él, no se puede hacer la intervención”, detalla Cabezas.
Cuando ocurre esto último, el caso se canaliza a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para que tramite una solicitud de asilo en México.
La Acnur y la tragedia de los refugiados
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es la tercera de las agencias que tiene presencia en Juárez.
Además de contar con oficinas para sus operaciones regulares, recientemente se integró un módulo de atención en el Centro de Apoyo Integral para los Migrantes, espacio donde generalmente las personas en contextos de movilidad tienen su primer contacto y que se ubica estratégicamente cerca del Puente Internacional Santa Fe.
La agencia promociona los acuerdos internacionales sobre los refugiados, colabora con los Estados de todo el mundo en el establecimiento de estructuras de asilo y actúa en calidad de observador internacional en relación con los asuntos relacionados con derecho de asilo y refugiados.
Cuando estuvo vigente el programa MPP, acompañó aquí los procesos de solicitud de migrantes internacionales y nacionales, con un énfasis especial en la fase de Operación Final que en Ciudad Juárez se abrió en febrero de 2021.
De acuerdo con organizaciones que dieron acompañamiento legal y se coordinaron con Acnur, la agencia logró empadronar al menos a 10 mil personas que tenían activos sus procesos y pudieron aprovechar la segunda oportunidad del programa. Previamente, unas 26 mil personas que se acogieron al MPP lograron hacer sus solicitudes de asilo y fueron retornadas a Juárez para su espera.
En la actual coyuntura crítica, con la clausura del MPP y la aplicación de las expulsiones exprés por parte de Estados Unidos, Acnur trabaja con los extranjeros que deseen pedir refugio en México.
El 21 de septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, fijó un duro posicionamiento sobre las condiciones y expulsiones en la frontera de Estados Unidos, ante las imágenes de las condiciones deplorables bajo el paso elevado de hormigón de la autopista en Del Rio, Texas, donde se habían reunido más de 14 mil haitianos después de travesías complicadas por varios países de América.
“Las expulsiones sumarias y masivas de personas que se están llevando a cabo actualmente bajo el Título 42, sin detectar las necesidades de protección, son incompatibles con el derecho internacional y pueden representar refoulement (represión)”, dijo Grandi.
Reiteró el llamado de Acnur para que el Gobierno de Estados Unidos levante de inmediato y por completo las restricciones del Título 42, en vigor desde marzo de 2020.
De acuerdo con los criterios de la ONU, los refugiados son personas que no pueden regresar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público y que, como resultado, requieren protección internacional.
No se cuenta todavía con los detalles de las gestiones realizadas por Acnur en Juárez, pero la estadística nacional de ese fenómeno del refugio en México es inédita en la historia de las migraciones.
Más de 90 mil quieren ser refugiados
El último reporte de la Comar informa que llegó a 90 mil 314 el número de personas solicitantes de refugio de enero a septiembre de 2021, más del doble de las 41 mil 59 personas que lo hicieron en el mismo periodo de 2020 y un 28 por ciento más que los acumulados en 2019, cuando hubo 70 mil 406 solicitantes. Las cifras más bajas en 2020 se entienden como un primer efecto de inmovilidad ante la pandemia.
Con esa consideración, las solicitudes muestran un ascenso permanente y vertiginoso desde 2013, año en que la cifra se colocó apenas en mil 296 solicitudes.
En sólo 8 años, de 2013 a 2021, el número se multiplicó por 70 veces, con los impactos que hoy vemos en todo el país.
El top diez de las nacionalidades en el último año lo encabeza Honduras (31 mil 894), Haití (26 mil 7) en segundo lugar y Cuba (7 mil 683) en tercero. El Salvador (5 mil 170) está en el cuarto sitio, Venezuela (4 mil 670) en el quinto y Chile (3 mil 564) en el sexto.
El ranking lo complementan Guatemala (3 mil 564), Nicaragua (2 mil 460), Brasil (mil 691) y Colombia (907). El resto de países del mundo registra 2 mil 677 solicitantes.
En el periodo de 8 años, el acumulado alcanzó 261 mil 630 solicitantes de refugio. Hasta septiembre de 2021 se habían resuelto 96 mil 123 casos, con 63 mil 290 reconocidos como positivos, 7 mil 936 otorgados con protección complementaria y 24 mil 897 no reconocidos o negativos.
El 2021 inició con 6 mil 520 solicitantes en enero y para agosto tuvo su pico más alto con 13 mil 080.
Ese flujo llegó hasta Ciudad Juárez, una frontera que lleva la migración en su ADN y continúa reconfigurándose social, cultural, política y espacialmente en torno a sus distintas mutaciones.
Pide OIM soluciones regionales
De acuerdo con el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones en México, Alberto Cabezas, se deben pensar soluciones regionales para los problemas de una migración que seguirá en sus distintas modalidades.
“México solo no va a poder. Tiene ahorita problema fuerte con migración haitiana y ese tipo de fenómenos va a seguir porque las causas de la migración siguen ahí: pobreza, inseguridad, falta de medios de vida, deseo de encontrarse con su familia en otro país”, reflexiona Cabezas.
Lo que se plantea, agrega, es que los países de esta región deben estrechar su cooperación y abordar juntos el tema migratorio, no uno por un lado y otro por otro, “sino sentarse a la mesa y encontrar soluciones”.
Considera que el Título 42 es una política legítima del Gobierno de Estados Unidos, pero es una política que golpea.
“Una expulsión rápida de una persona indocumentada hacia México la pone en un país que no es el suyo. En ciudades que no conocen bien, donde hay pocos lugares de alojamiento. Entonces de alguna manera deja a las personas expulsadas en una situación muy vulnerable”, señala.
“No quiero decir desde la OIM –agrega el vocero– si la política es buena o mala, pero el hecho es que genera unas consecuencias humanitarias en personas migrantes y esto pues sí, a veces eso repercute en falta de acceso a servicios, falta de alojamiento seguro, porque hay muchas personas y se dificulta para acceder a los servicios de salud”.
Urgen freno a violación de derechos humanos
Para la coordinadora académica de la Maestría en Migración Internacional del Colef, Inés Barrios, Estados Unidos incurre en claras violaciones a derechos humanos, tanto con la implementación del Protocolo de Protección a Migrantes como con las expulsiones bajo el Título 42.
“En ambos casos se violenta el derecho de asilo establecido en la legislación internacional, con el MPP porque no permiten a las personas permanecer en el país en donde solicitan el refugio, y en el caso de las expulsiones exprés bajo argumentos sanitarios, porque ni siquiera permiten a la persona ejercer su derecho de petición de la protección internacional”, explica.
La doctora en Estudios de Migración señala que toda persona puede solicitar asilo en Estados Unidos, en un puerto de entrada o en el interior del país, siempre y cuando tengan menos de un año en el territorio, independientemente de su estatus, sin importar si cruzó de manera ilegal.
Barrios también lamenta que el Gobierno mexicano se integre en esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos que padecen las personas en contextos de movilidad, y pide que se suprima el enfoque punitivo y de criminalización que ha tenido su política migratoria.
“Aunque en el discurso político se habla de una nueva política migratoria con un enfoque de derechos humanos, la realidad es que sigue existiendo una política de contención. Lo vemos en las imágenes, no solamente de 2018 con la llegada de las caravanas migrantes, cuando los agentes de la Guardia Nacional bloquearon el puente, usando gases lacrimógenos, sino incluso recientemente cuando vimos a agentes de Migración actuando ante la llegada de haitianos a Tapachula”, expone la investigadora.
Llama Colef a dejar enfoque punitivo y establecer procesos de integración
La especialista del Colef dice que México ha marcado su política migratoria con acciones de contención, detención y deportación, cuando debería apegarse al Pacto Mundial de las Migraciones que se firmó en Marrakech en 2018, para lograr que las migraciones sean seguras, ordenadas y reguladas.
Considera que lo único que se ha hecho es contener el flujo migratorio, pero no se ha trabajado en un ordenamiento de gestión de directrices para atender a estos flujos masivos de personas que están llegando a México.
“Hay que establecer procesos de atención enfocados a resolver o coadyuvar en las condiciones de los países de origen, en generar condiciones, por ejemplo, para la integración laboral de posibles migrantes en el sur del país, como lo ha dicho el propio presidente López Obrador, pero que eso no se ha logrado”, señala.
Destaca que si México se ha convertido en un país de destino, como queda claro con el caso de estudio en Ciudad Juárez y ante las históricas solicitudes de refugio por parte de extranjeros, se debe empezar a reorientar la política migratoria a establecer procesos de integración.
“No se trata solamente de una cuestión de regularización o de otorgar un documento que acredite un estatus regular en el país, sino ir más allá, pensar en procesos de gestión de inserción laboral, residencial y sociocultural de los migrantes, incluso en muchos contextos como agentes de cambio”, concluye.
