Con un minuto de silencio inició hoy la audiencia solicitada a petición del gobierno de México para reiterar su petición de asistencia técnica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar mayor transparencia y certidumbre a las investigaciones y procesos que se mantienen en curso para esclarecer responsabilidades, castigar a los responsables y resarcir a las víctimas por los crímenes perpetrados en la localidad de Tlataya, en el Estado de México y de Iguala, en Guerrero.
«Nos presentamos hoy a rendir cuentas y a reiterar la voluntad del Estado mexicano para proseguir con una investigación imparcial y erradicar hechos de esta naturaleza», aseguró hoy Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El evento, en la sede de la CIDH, se convirtió en un acto de reclamo y de reconocimiento por la gravedad de los acontecimientos en Tlataya e Iguala, con un grupo de funcionarios del gobierno de México acatando el minuto de silencio frente a los miembros peticionarios de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos en México.
«El gobierno de México no pretende minimizar la gravedad de lo ocurrido», enfatizó Limón al asegurar que el gobierno de Enrique Peña Nieto «no descansará hasta aclarar los hechos».
La funcionaria inauguró la audiencia solicitada a petición del gobierno de México para enfatizar que, tras lo ocurrido en Tlataya y en Iguala el gobierno mexicano asume «con toda responsabilidad el derecho a la verdad y a la justicia» tras unos incidentes que han conseguido empañar la imagen de México como una nación embarcada en un proceso de reformas democráticas y modernizadoras.
Durante esta primera audiencia, el grupo de peticionarios denunciaron que «el pais atraviesa una crisis en materia de derechos humanos y la misma no ha sido atendida por el gobierno mexicano, a pesar de que día a día e incrementa la violación a los derechos humanos».
Aseguraron, que tras el sexenio de Felipe Calderón, cuando fueron ejecutadas 100 mil personas, el gobierno mexicano sigue sin atender esta crisis, a pesar de que prosiguen los casos de ejecuciones por parte de las fuerzas del orden o del Ejército mexicano, como ocurrió en Tlataya o en Iguala.
Frente a este señalamiento, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, rechazó tajantemente que México haya «una política de Estado de violación de los derechos humanos».
Adelantó asimismo que la noche de este jueves se reunirán con el grupo de peticionarios por la tragedia ocurrida en Iguala para concertar una serie de medidas para responder a los reclamos de las víctimas y esclarecer responsabilidades.
La reunión de hoy se enmarca en el 153 período de audiencias públicas organizado por la CIDH para pasar revista a muchos de los casos que siguen sin esclarecerse o en los que se han producido avances sustanciales.
En este sentido, Maureen Meyer, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), consideró tras esta primera audiencia que si bien es importante que se haga justicia por las tragedias en Tlataya y en Iguala, lo deseable es que esta intención de rendir cuentas y procurar justicia se extienda a otros muchos casos que siguen sin resolverse.
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