En el tema de la inmigración, existen dos formas quizá igual de negativas de desinformación; una es la que propagan los cárteles, que engañan a las personas para crearles la ilusión de que pueden llegar a Estados Unidos como si no existiera una política dura en ese país para impedirlo.
La otra es la que prevalece en las comunidades latinas, que viven acosadas por la amenaza constante de deportación lanzada por la administración Trump, sin saber que existen maneras de defenderse legalmente para no ser expulsados injustamente.
Estas dos caras de la misma moneda fueron expuestas durante un tour organizado por la asociación de periodismo Inquire First, que incluyó entrevistas con oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y académicos de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
“Uno de los principales retos es la desinformación que organizaciones criminales diseminan, al publicitar paquetes para cruzar la frontera, pero la realidad es mucho más grave”, dijo un oficial de CBP solicitando no ser citado por su nombre.
De acuerdo con el funcionario, las organizaciones criminales mienten para obtener una ganancia económica.
Es por eso que los periodistas, dijo, juegan un papel fundamental para difundir la verdad y salvar vidas.
Cobertura periodística puede salvar vidas
Un periodismo preciso basado en evidencia, pero no por eso menos crítico y acucioso, protege a los migrantes, señaló.
En ese sentido apreció que las historias no verificadas o sensacionalistas impulsarían las ganancias de esos grupos criminales y es por eso que el trabajo periodístico podría ayudar a salvar vidas.
Aunque es verdad que los grupos de traficantes publican informaciones manipuladas en redes sociales, alentando la migración ilegal, no es menos certero que ya en los Estados Unidos, las personas de origen latino que llegaron a ese país a trabar, estudiar o simplemente a tratar de menorar sus vidas, enfrentan también una grave desinformación sobre sus derechos.
Así lo estimó el profesor Juan Carlos Gómez, quien dirige un centro de ayuda a personas sin recursos en la FIU.
Por ejemplo, señaló que por cultura o mala información, muchas personas van a firmas de abogados que prometen lo imposible.
Hay litigantes engañando migrantes en todos lados y tienen miedo, pero lo que deben hacer es informarse, remarcó.
Las condiciones creadas desde el Gobierno son decididamente agresivas contra los inmigrantes, al grado que el costo de la apelación en un juicio de asilo pasó de costar 110 a mil 30 dólares.
El plazo para interponer un recurso pasó de 30 días a 10, lo cual es prácticamente una condición de indefensión, subrayó mientras sostenía una constitución de los Estados Unidos que, dijo, siempre trae en el bolsillo.
Gómez criticó que exista una política gubernamental agresiva con centros de detención donde las personas no tienen acceso a abogados.
En general, agregó, hay un nivel de racismo tremendo “con personas que son ignorantes y están llenas de odio”.
Es una gran contradicción que, en dichos centros de detención, se estén contratando miles de personas por parte de ICE y de Seguridad Nacional, que son hijos o nietos de inmigrantes, comentó.
De acuerdo con el académico, el racismo que prevalece es del siglo antepasado y hay que combatirlo en los tribunales.
“Tenemos que reclamar la libertad y pelear contra estos movimientos”, sostuvo.
Entrevistado en una de las salas de conferencias de la Facultad de Leyes de la FIU, el abogado planteó que la cuestión principal es preguntarnos cómo sobrevivir “a este infierno que existe ahora”.
Sin embargo, acotó, no todo está perdido, porque la gente con poder hace lo que quiere hasta que alguien les dice “No”.
“Alguien tiene que pelear, alguien tiene que demandar”, afirmó.
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