Durante esta mañana, David César Aranda, magistrado del primer tribunal colegiado del Séptimo Distrito a nivel federal, y representante de los manifestantes que esta mañana cerraron la avenida Tecnológico, destacó que esperan que con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de México, puedan abrirse líneas de dialogo con el Gobierno Federal acerca de la reforma al Poder Judicial.
Destacó que los juzgadores y magistrados no se oponen a un cambio al Poder Judicial, pero que están en contra en los términos en los que se aprobaron, principalmente la medida que señala que los jueces deben ser escogidos a través del voto popular.
Expresó que, debido a los más de 300 jueces que hay en el estado de Chihuahua, los ciudadanos podrían entrar a un proceso electoral en el que tendrían que escoger entre más de mil potenciales candidatos a ocupar los puestos dentro del Poder Judicial.
Agregó que se oponen a los dichos que menciona el Gobierno Federal, debido a que sostienen que la elección de jueces a través del voto no es una medida que podría disminuir la corrupción, al contrario, señalaron que hay un mayor riesgo de que los políticos se beneficien de la decisión.
Incluso, expresó que se trata de una “falsa democracia” debido a que los ciudadanos no podrían escoger libremente, sino que se les daría a escoger entre una lista reducida de candidatos.
Sin embargo, Aranda se mostró confiado que, con la entrada de la presidenta, la situación pueda cambiar y el Gobierno Federal tenga una mayor apertura al diálogo.
Mencionó que incluso hay una comitiva de jueces y magistrados que se encuentra en la Ciudad de México con la intención de entablar un diálogo abierto.
Acerca de medidas judiciales para frenar la reforma, comentó que hay recursos legales interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual forma, de manera individual, hay algunos que han presentado amparos ante el mismo organismo.
Aclararon que, más que defender sus puestos de trabajo, el Poder Judicial es una institución en la que confían y que defienden porque sostienen que los cambios que se plantean en la reforma podrían afectar de manera considerable su forma de trabajo.
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