Jesús Ociel Baena, magistrade electoral de Aguascalientes, fue hallade sin vida con su pareja Dorian Nieves Herrera en un domicilio del fraccionamiento Punta del Cielo. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado en la zona fueron halladas navajas y manchas de sangre.
Si bien existe una ley que sanciona la difusión de imágenes de víctimas, una fotografía de la escena comenzó a circular en redes sociales. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes inició de oficio una carpeta de investigación por la filtración y publicación de imágenes del magistrade y su pareja en las condiciones en que fueron hallados sin vida.
Se trata de la Ley Ingrid, que son un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares.
¿Qué dice la Ley Ingrid sobre filtración de imágenes de víctimas?
Ésta surgió a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de imágenes del cuerpo mutilado de la joven Ingrid Escamilla tras el feminicidio en 2020, por lo que la sociedad exigió que pararan las filtraciones de pruebas que forman parte del expediente de la Fiscalía.
En respuesta, la fiscalía capitalina presentó una iniciativa para adicionar al artículo 293 Quarter del Código Penal de Ciudad de México, una iniciativa que contempla:
Tipificar de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan imágenes o videos, así como archivos de la carpeta de investigación. Además de fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática.
La propuesta escaló hasta la Cámara de Diputados, que en marzo de 2022 aprobó la Ley Ingrid, dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal. Mismo que fue avalado en septiembre de 2023 por el Senado.
“La persona servidora pública que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta, a quien no tenga derecho o facultad para ello, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos, que obren o se encuentren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o estén relacionados con las condiciones personales de la víctima o las circunstancias del hecho que la Ley señale como delito, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización”.
¿Qué sanciones marca la Ley Ingrid a servidores públicos?
De acuerdo con lo avalado por el Senado de la República, las sanciones van de 100 a 150 días de multa y de seis a 10 años de prisión para servidores públicos que publiquen o transmitan evidencia o algún objeto relacionado a una investigación penal, así como las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de un hecho.
Las penas aumentan hasta una mitad más cuando la víctima u ofendidos sean niños, niñas, adolescentes o mujeres.
En el caso específico de le magistrade y su pareja Dorian Nieves Herrera, la conducta ilícita también está prevista en el artículo 183 fracción VI del Código Penal del Estado de Aguascalientes.
