La volcadura de una unidad de transporte público con saldo de 15 heridos evidencia un Estado omiso e irresponsable en sus obligaciones con la ciudadanía.
Así lo manifestó el abogado litigante y activista Óscar Altamirano, quien señala que los tres órdenes de Gobierno son corresponsables de este accidente.
“No tenemos garantizado el derecho a trasladarnos con seguridad de un lugar a otro; es claro que el Estado está fallando en el ejercicio de los derechos de la población para respetarlos y garantizarlos”, indicó.
Uno de los detalles que más destacó, el también maestro universitario, fue la innegable condición de deficiencia de la unidad siniestrada; que los frenos tuvieran improvisada una funcionalidad con pinzas evidencia, a su juicio, total ausencia de mecanismos de verificación de la calidad de los vehículos.
Esto significa total incumplimiento de los ordenamientos constitucionales que en el Artículo 1° mandata al Estado proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos, aseguró.
Dentro de este apartado destacó el derecho humano de libre tránsito, además del derecho a la movilidad, a una ciudad sana y a la vivienda.
“Si tenemos este tipo de accidentes es claramente evidente; la autoridad incumple su obligación de proteger el derecho humano a la movilidad, a la libertad y todos los demás”, destacó.
Criticó la intención de tratar de restar importancia a este nuevo accidente por parte de las autoridades de Transporte, toda vez que hubo heridos; fue enfático al expresar que este asunto no es una simple falla sino algo más de fondo en la vida del país, y la ciudad.
Volcadura reveló negligencia
“Los tres órdenes de Gobierno tienen obligaciones específicas que la Constitución señala para efecto de satisfacer el ejercicio de los derechos de la población”, puntualizó.
“Yo creo que sí amerita que la población exprese lo que aquí objetivamente se puede advertir; no es una cuestión de posiciones políticas o ideológicas en contra o a favor de nadie, sino una cuestión de seguridad para la gente”, agregó.
Reiteró que el Estado es negligente y corresponsable de la pésima calidad del servicio que brindan la mayoría de las rutas de transporte público.
Tocó también la puesta en circulación de unidades en desuso para resolver de emergencia el problema que la pandemia generó en el transporte de personal; en este sentido criticó la postura de las autoridades ecológicas del municipio de querer resolver amablemente la falta de condiciones apropiadas para circular.
“Dicen en el ámbito judicial que a confesión de culpa relevo de pruebas. Están claramente confesando que no están en proceso de regularización de las unidades y de mejorar la calidad del servicio público de transporte”, acotó.
Destacó que en sus más de 40 años viviendo y participando en la vida social y periodística local, sigue escuchando las mismas promesas.
“¿De qué estamos hablando? De negligencia pura. El Estado es evidentemente negligente en el manejo del transporte público y en el manejo de la calidad del aire”, destacó.
Finalizó afirmando que con esto los tres órdenes de Gobierno demuestran carecer de la capacidad, deseos o herramientas metodológicas para resolver el problema.
“No tienen capacidad, no tienen deseos, no tienen ánimos y casi creo que no tienen herramientas intelectuales ni metodológicas para resolver estos problemas; por eso se la pasan lanzándose la pelotita y diciendo de cosas para ver qué hacen para evadir el problema y no resolverlo», dijo.
“Me parece que es pura negligencia con mucha evidencia, se requiere estar ciego, o ser partidario o ser empleado para no quererlo ver”, concluyó.
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