Los huachicoleros de los fideicomisos

Fideicomisos públicos públicos que operan en el estado de Chihuahua como Ficosec, Centro de Convenciones (Paso del Norte), el de los Puentes Fronterizos y Fechac, creados para administrar recursos e impulsar proyectos específicos de seguridad y obra pública, han sido expuestos como organismos donde prevalece la opacidad, la falta de transparencia en el manejo de al menos 4 mil 134 millones de pesos durante la última década en Ciudad Juárez.

Luego de extensas investigaciones publicadas por NORTE en relación a la operación y dudosa administración de cada uno de los fideicomisos mencionados, prevalecen las interrogantes sobre el costo-beneficio de los programas y sus objetivos, lo que hace necesario un replanteamiento para reformar dichos organismos, manipulados y cooptados por un grupo de empresarios que privilegian proyectos de grupo, en lugar de atender los severos rezagos de la ciudad en materia de salud, educación y obra pública, por citar algunos casos.

De acuerdo a información pública de los fideicomisos así como de datos recabados por este medio, el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), desde 2012 a la fecha ha manejado y derrochado recursos por el orden de los 553 millones de pesos sin conocerse con claridad el beneficio derramado entre la comunidad y los impactos alcanzados. La confianza de decenas miles de contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas ha sido traicionada.

Pero la Auditoría Superior ha puesto especial énfasis en el fideicomiso de seguridad en virtud de que en 2015, la revisión de cuentas documentó gastos sin justificar por 144 millones de pesos, así como evidenció 30 observaciones que no quedaron solventadas.

Pese a la gravedad de los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización que encabezó el diputado panista Jorge Soto no encontró elementos para fincar responsabilidades y desestimó el reporte de la Auditoría Superior. Omitió castigar a los culpables implicados en conflicto de interés, particularmente de aquellos consejeros que favorecieron a asociaciones civiles creadas por ellos mismos para recibir recursos públicos.

Por su parte, el Fideicomiso Paso del Norte para la construcción del centro de convenciones, ha derrochado literalmente un monto que oscila entre los 250 millones de pesos entre proyectos ejecutivos, cambio de ubicación de la obra, en lo que también se interpreta como un posible fraude en contra de 11 mil contribuyentes juarenses del sector industrial, comercial y de servicios quienes llevan 14 años pagando una sobretasa al Impuesto Predial para la fallida obra que ni una sola pared lleva levantada.

Por su parte, el Fideicomiso de los Puentes Internacionales, que opera desde 2016 para retener y administrar los ingresos de los cruces fronterizos en Juárez y que recauda en promedio un millón de pesos diarios, ya debió acumular hasta este momento alrededor de mil millones de pesos, que debieron ser invertidos en obras a favor de la ciudad como pavimentación. No obstante, solo se han invertido 159 millones de pesos en arreglar calles en tres años, lo cual habla de una administración deficiente de los recursos, también entre amplios cuestionamientos sobre el manejo de los recursos.

El principal señalamiento al fideicomiso de los puentes, es su mala administración y poca claridad en el manejo de los fondos recabados, pues solo en 2018 había invertido el 8 por ciento de los recursos disponibles, cantidad tres veces inferior a lo que invertía la federación antes de que los recursos fueran administrados por el gobierno del estado.

Por otro lado está el fideicomiso de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), creado en 1996 para atender necesidades en educación, salud preventiva y desarrollo de capital social. Dicho fideicomiso es quien más contribuciones ha hecho a la sociedad por un monto de 2 mil 331 millones de pesos en dos décadas.

El citado fideicomiso opera gracias a las aportaciones de 39 mil empresarios de todo el estado, a través de una aportación hecha a través del Impuesto Sobre Nóminas.

No obstante, el pasado 21 de enero, diputados del Congreso del Estado sostuvieron una gran discusión luego que la Comisión de Fiscalización intentó presentar un dictamen en el que pediría a la Auditoría Superior del Estado que presentara acciones jurídicas por supuestas irregularidades en la cuenta pública de 2017 de Fechac, y que reseñaban la supuesta no justificación en la disposición de 380 millones de pesos.

No obstante el dictamen fue devuelto a la Comisión de Fiscalización pues a decir de los diputados del PAN, no fueron tomados en cuenta varios argumentos y aclaraciones que hico Fechac en torno a las observaciones de la Auditoría Superior.

De los 11 fideicomisos auditables que existen en el estado y pese a las dudas expresadas por los legisladores sobre la cuenta 2017, ciertamente Fechac es quien mejor rendición de cuentas ha llevado a cabo, al contar con mecanismos de transparencia que son modelo a nivel estatal, nacional e internacional, incluidos también los mecanismos para la asignación de recursos a asociaciones civiles, comprobación de resultados y medición de impacto en la sociedad.

Entre los cuatro fideicomisos públicos con presencia en Juárez, han manejado recursos que alcanzan los 4 mil 134 millones de pesos en las últimas dos décadas.

Con dichos recursos, fácilmente se habrían construido 82 escuelas de primer nivel en esta ciudad para contrarrestar el histórico rezago de infraestructura educativa, o bien construir y equipar tres veces el hospital de oncología y de especialidades (el fallido proyecto de la pasada administración de César Duarte).

10 cosas que debes saber sobre los Fideicomisos

1.- Reciben fondos de origen público que recaudan los gobiernos estatal y municipal vía impuesto sobre la renta, impuesto sobre nomina e impuesto predial.

2.- Son organismo copiados y manipulados por una élite de empresarios que privilegian los intereses de sus grupos en lugar de atender las necesidades de la ciudad.

3.- En la ultima década, fideicomisos como Fechac, Centro de Convenciones Paso del Norte, Puentes Fronterizos de Chihuahua y Ficosec, han recibido alrededor de 4 mil 100 millones de pesos de los contribuyentes en el Estado.

4.- Los recursos son aportados para financiar programas para la seguridad o con un enfoque social, sin embargo, se dan casos como el de la organización empresarial Desarrollo Económico de Juárez que también recibe recursos y no es fideicomiso, a pesar de que su objeto social es la promoción, atracción y fomento de las acciones de innovación y desarrollo de empresas.

5.- El común denominador en los fideicomisos es el influyentismo, los conflictos de interés, la poca claridad en los logros obtenidos basados en metas planteadas (opacidad).

6.- El Ficosec de 2012 a la fecha ha manejado 553 millones de pesos sin conocerse con claridad el beneficio derramado entre la comunidad y los impactos alcanzados. Este año 160 millones de pesos, mientras que los indices de violencia siguen creciendo, principalmente en Juárez y Chihuahua.

7.- El fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones ha derrochado 250 millones de pesos. Por 14 años 11 mil contribuyentes han aportado para la consolidación de un proyecto fantasma, lo que podría constituir un fraude a los juarenses porque los contribuyentes siguen pagando por una obra que ni siquiera tiene una pared levantada y cuyo proyecto ha cambiado al menos seis veces de ubicación.

8.- El Fideicomiso de los Puentes Fronterizos que opera desde 2016 ha acumulado mil millones de pesos. De esa cantidad se han usado discrecionalmente apenas 159 millones para arreglar algunos tramos de calles de la ciudad.

9.- Por otro lado está la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), cuyo fideicomiso fue creado en 1996 para atender necesidades en educación, salud preventiva y desarrollo de capital social. Ha recibido 2 mil 331 millones de pesos en dos décadas. Es el fideicomiso menos opaco aunque el pasado 21 de enero de 2018 el Congreso intentó, sin éxito que se les investigara por irregularidades en el uso de 380 millones de pesos.

10.- Es necesario reformar estos organismos o evaluar su existencia para que dejen de beneficiar intereses particulares y de grupo y se centren en las demandas de toda la comunidad, como salud, educación u obra pública, necesario también llamar a cuentas a los responsables y redirigir los dineros que reciben.

Ficosec y Desarrollo Económico: En la mira de las autoridades por malos manejos

El pasado 15 de septiembre, NORTE inició con la publicación de una serie de reportajes sobre los fideicomisos públicos titulado “Ficosec y Desarrollo Económico: el gran fraude”, en el que se evidenció la cadena de engaños y conflictos de interés en que incurren integrantes del organismo al favorecer con decenas de millones de pesos a asociaciones civiles creadas por ellos mismos, en un evidente conflicto de interés.

Además, de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, tan solo de la cuenta de Ficosec del 2015, se documentaron gastos sin justificar por 144 millones de pesos, y sumando más de 30 observaciones que según el documento oficial de la revisión, tuvo poco más de 30 observaciones que no fueron solventadas.

Pese a la gravedad de los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización que encabezó el diputado panista Jorge Soto no encontró elementos para fincar responsabilidades y desestimó el reporte de la Auditoría Superior. Omitió castigar a los culpables.

Previamente, en 2016 el gobernador Javier Corral exigió cuentas claras al Ficosec, que de la mano con Desarrollo Económico de Juárez resultó ser corresponsable del mal uso y posible corrupción en el manejo del fideicomiso fondeado con recursos públicos a través del Impuesto Sobre Nómina estatal.

“En caso de comprobarse un manejo irregular habrá sanciones porque se trata de recursos públicos. Les insisto mucho en que deben rendir cuentas, manejarse con mucha escrupulosidad”, dijo Corral en noviembre de 2016.

Apenas en diciembre pasado (2018) la Auditoría Superior del estado confirmó la existencia de irregularidades en el uso de 125.3 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.

Dicha situación provocó que el congreso solicitara denunciar a los funcionarios del fideicomiso, así como a los miembros de Desarrollo Económico por la opacidad registrada en el manejo de los recursos.

Estos incurrieron en falta de transparencia y movieron los recursos como si se tratara de fondos privados, sin rendir cuentas de su correcta aplicación.

Todos ganan menos la sociedad

Creado en 2013 con el propósito de contribuir a apoyar programas sociales para incidir en la reducción de los índices de violencia, el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec) fue tomado como rehén por un grupo de empresarios que han dispuesto de por lo menos 553 millones de pesos de recursos públicos desde que fue constituido a la fecha, mientras la inseguridad se ha desbordado como nunca.

Ha quedado claro que los objetivos para los cuales fue creado dicho fideicomiso, no brindó los resultados esperados. El costo-beneficio indica que el monto de lo invertido no refleja la derrama de beneficios para alcanzar a cubrir los objetivos planteados por el mismo fideicomiso.

El fracaso de la élite

De acuerdo a reportes de NORTE en 2013-2014, el Ficosec se planteó como meta que para el año 2018 los indicadores de seguridad estuvieran a los mismos niveles que las ciudades más pacíficas de América, lo cual evidentemente no ocurrió, pues de acuerdo a información pública del mismo fideicomiso los indicadores delictivos indican que Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua tuvieron un reporte preocupante en homicidios. 

Juárez cerró el año 2017 con 767 asesinatos, estadística que fue rebasada a mediados del mes de agosto de 2018, en tanto que al cierre de esta edición había un total de 1 mil 119 crímenes, es decir, 145 por ciento más.

Pese a la nueva crisis de inseguridad, quienes se organizaron para ayudar a la ciudad en la reducción de índices de violencia (representantes de la iniciativa privada pertenecientes también a la asociación civil Desarrollo Económico), propiciaron el desvío del rumbo apostándole a la voracidad.

De acuerdo a la investigación publicada por NORTE el pasado mes de septiembre, el fideicomiso en mención habría cometido una serie de anomalías como actos de corrupción por parte de algunos de sus integrantes, dispendio y manejo irresponsable de los recursos públicos, tráfico de influencias de varios de sus consejeros que favorecieron a sus propias organizaciones las cuales recibieron fondos, esto de acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior del Estado en el ejercicio 2015 que documentó 20 irregularidades.

Incluso estaríamos ante un caso en el que se podrían tipificar cierto tipo de delitos como fraude a los contribuyentes, conflicto de interés, mal uso de recursos públicos, tráfico de influencias, sin dejar de mencionar la alta traición a la confianza pública.

Al igual que en los otros fideicomisos públicos con representatividad en Juárez, no hay indagatorias (o es muy incipiente) para fincar responsabilidades por el mal uso de los recursos, aunado a que varios de los consejeros de Ficosec, han formado parte de la estructura del gobierno del estado, como Alejandra de la Vega, consejera del fideicomiso y actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico; el consejero Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, y Jorge Contreras, presidente cuasi vitalicio de Ficosec, persona de confianza de Alejandra de la Vega.

Dentro del grupo de hombres y mujeres de negocios que tienen coptado este y otros fideicomisos, hay personajes “pudientes” que inclusive tienen su residencia en El Paso, Texas, como evidencia del desapego por la ciudad de la que se sirven.

El caso del Ficosec, es tal vez el más emblemático en las malas prácticas del manejo de los recursos públicos bajo el disfraz de un fideicomiso en el que todos ganan, menos la sociedad.

14 años defraudando

La existencia de dos fideicomisos creados en 2004 y 2011(uno privado y otro público) para la supuesta construcción de un centro de convenciones en Ciudad Juárez, es otro ejemplo de como gobernantes y empresarios se coluden para malgastar y desviar recursos públicos, sin que haya ninguna consecuencia legal para nadie y mucho menos un beneficio social para los juarenses.

Durante catorce años, 11 mil contribuyentes juarenses han aportado recursos para hacer posible el centro de convenciones, y ni una sola pared ha sido edificada en lo que podría representar un gran fraude, de acuerdo a especialistas en derecho consultados por NORTE para esta investigación.

Por un acuerdo de cabildo del año 2004 se estableció que mes con mes sería cobrada una sobretasa del 3 por ciento al Impuesto Predial a miles de contribuyentes del comercio y la industria.

El primer fideicomiso llamado Paso del Norte quedó registrado como un ente privado bajo el número 553 y recibió un total de aportaciones de los juarenses por 11 millones de pesos.

A la fecha no se ha informado con claridad qué le pasó a ese dinero y esa falta de claridad y transparencia destrozó el proyecto desde su base, promovido ante la opinión publica por la ex presidenta de Coparmex Guadalupe De la Vega, quien se ha ostentado públicamente como la presidenta del mismo, aunque quien legalmente seguía siendo presidente era su compadre Carlos Enrique Murguía Chávez.

Hasta que NORTE publicó un reportaje exhibiendo el despropósito, la empresaria decidió aclarar el yerro, culpando a este medio de que por publicar sus pifias, quienes apoyan el fallido proyecto podrían abandonarlo en definitiva.

No rinden cuentas

Lo cierto es que a mediados de 2018 NORTE tuvo acceso a archivos en los que consta que desde que el fideicomiso 553 existe, nunca se ha aclarado con documentos fidedignos, qué le hicieron al dinero.

Lo único que se sabe es que de los 11 millones de pesos recibidos por el organismo, el saldo a la fecha es de apenas 1.7 millones de pesos.

Los hombres y mujeres de la iniciativa privada sumados al fideicomiso, son de la idea de que no le deben rendir cuentas a nadie y hasta se molestan cuando se les exhibe en su opacidad.

Al cambiar las reglas de operación de los fideicomisos a nivel federal y esto forzó a que en 2011 nuevamente los mismos empresarios, con diferentes gobernantes, formaran otro ente pero ahora de carácter público, con el mismo objetivo de construir un centro de convenciones.

Le asignaron el número 214 y le pusieron el nombre de Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez Paso del Norte.

A partir de este fideicomiso la contabilidad se empezó a empantanar aún más, porque cuatro alcaldes (Héctor Murguía, José Reyes Ferriz, Enrique Serrano Escobar y Armando Cabada) decidieron no depositarle los recursos del Predial a que los obligaba la ley.

La deuda se fue acumulando hasta alcanzar hoy los 95 millones de pesos, de los cuales, únicamente fueron depositados por la administración de Serrano-González Mocken, 27 millones.

Con los intereses generados al 31 de julio de 2018, la fiduciaria Actinver reportaba un saldo de 29 millones 161 mil 178 pesos, lo cual significa que la administración actual de Armando Cabada tiene una deuda, propia y heredada, por cerca de 65 millones de pesos.

El desfalco y engaño -sinónimo de fraude- a los contribuyentes es inocultable. 

Empresarios cautivos

Miles de propietarios de predios industriales, comerciales y de servicios han estado pagando la sobretasa del 3 por ciento durante más de 14 años, con la promesa de que edificarían un centro de convenciones y es hora que no les construyen ni siquiera un tejaban.

Y como si se tratara de una competencia de ver quién es más inepto, las administraciones de César Duarte y Javier Corral también le aportaron a esta trama de corrupción.

El exgobernador cambió de la noche a la mañana y sin consultar a nadie el lugar original donde se edificaría la obra y se la llevó a los abandonados terrenos del Ex-hipódromo, violentando todas las reglas para la asignación de obras y provocando un daño al erario de casi 100 millones de pesos.

En cuanto a la administración estatal actual, han pasado más de dos años y ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de la Función Pública han sido capaces de aplicar una sola sanción ante el evidente latrocinio.

La investigación de NORTE publicada en octubre de 2018, detalló cada una de las pifias cometidas, y los responsables de ello optaron por esconderse en lugar de ofrecer explicaciones a todas las dudas y de las complicidades en que incurrieron.

Entre políticos corruptos y omisos así como empresarios sin apego por la ciudad, poco a poco han destruido la confianza de los contribuyentes. Se les entregaron 95 millones en talentos y solo han podido conservar una tercera parte.

En el aspecto del presupuesto público que debieron aplicar en la obra han desperdiciado más de 200 millones de pesos y, por los documentos que fueron compartidos para este reporte, es obvio que no tienen intenciones de parar. 

Están encaprichados en construir obras que solo benefician a su élite, como el Centro de Convenciones, el Centro de Inteligencia Artificial (CIA) o el Centro de Innovación e Integración en Tecnologías Avanzadas (CIITA), mientras en las colonias de la periferia y el centro de Juárez, prolifera la falta de servicios públicos y el abandono.

Fideicomiso Puentes Fronterizos: Ejemplo de pésima administración

Pese a que fue una lucha de muchos años impulsada principalmente por administraciones locales panistas que demandaban nuevas políticas de federalismo en materia de una retribución fiscal equitativa a los municipios, de poco ha servido que el gobierno local haya logrado retener los ingresos de los puentes fronterizos internacionales.

La concesión que otorgó el gobierno federal durante 30 años, para recaudar y aprovechar los recursos de los puentes Zaragoza-Ysleta, Córdova-De Las Américas, Reforma, Paso del Norte y Guadalupe-Tornillo, de muy poco ha servido.

El decreto ordena que los ingresos serán para la “rehabilitación y desarrollo de proyectos de infraestructura en beneficio de Juárez” y para el mantenimiento de los mismos puentes.

El nuevo organismo tiene autorización para ejercer una línea de crédito por 1 mil 550 millones de pesos para inversiones en la ciudad, poniendo en garantía los mismos ingresos, y desde hace dos años y medio recauda en promedio un millón de pesos diariamente.

Durante el tiempo del usufructo de la concesión, la administración del Fidecomiso solamente ha invertido 159 millones 737 mil pesos en repavimentar calles y 23.4 millones para el mantenimiento de los puentes.

Grandes proyectos como el inicio de los trabajos de la segunda ruta troncal de transporte y la edificación del Centro Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Avanzada (CIITA), impulsado por los “empresarios líderes” de Juárez, representados en Desarrollo Económico, “duermen el sueño de los justos” pues aunque se cuenta con recursos, éstos no han fluido hasta la fecha por supuestas complejidades técnicas.

Un año después de la entrada en vigor de la reforma hacendaria que incrementó el IVA en las fronteras del 11 al 16 por ciento, la cual también se tradujo en nuevos impuestos y gravó más las ganancias de las empresas y de los profesionistas, a principios de 2015 representantes de los sectores empresariales de esta frontera, respaldados por el gobierno local, obtuvieron el compromiso de la federación de  generar  una  fuente segura de  ingresos del gobierno de la República,  para la financiación de los proyectos de inversión, demandados a partir de la instalación de la llamada: “Mesa de Interinstitucional de Recuperación Económica de Juárez”.

Hasta entonces no se habían concretado apoyos extraordinarios del gobierno federal después de la inversión de tres mil millones de pesos del gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, con la implementación de la estrategia Todos Somos Juárez para la prevención social de la delincuencia.

No practican la inclusión

Los gremios de profesionistas no entraron en este diálogo, porque no fueron incluidos en las negociaciones pese a que los ajustes hacendarios y fiscales suponían una afectación a sus intereses.

La Mesa Interinstitucional integrada por funcionarios de gobierno de los tres niveles de gobierno y liderazgos de la “sociedad civil”, encabezados por las empresarias Alejandra y Guadalupe de la Vega Arizpe y otros representantes del sector, barajaron 21 proyectos, entre los que ya se encontraba el CIITA y otros de los proyectos que el mismo grupo de empresarios consideran “prioritarios” para la comunidad.

La continuidad de las obras de construcción del Centro de Convenciones, revitalización del centro histórico, el seguimiento al proyecto de transporte de pasajeros, la conclusión del hospital de tercer nivel del IMSS y del  hospital de especialidades, la ampliación del bulevar Juan Pablo II,  infraestructura pluvial y  pavimentación en las colonias, la construcción del nuevo puente Carlos Villarreal, infraestructura logística para comercio exterior, la edificación de un centro multimodal de exportación, un museo de la maquila en las instalaciones del ex-hipodromo, la construcción de tres puentes para mejorar la movilidad, la edificación de gimnasios y hasta un nuevo estadio de futbol, fueron algunas de las demandas planteadas por la clase empresarial.

Tras un año de negociaciones, el 4 de febrero de 2016, el presidente Peña puso en marcha el “Fondo Ciudad Juárez”, financiado con recursos de los puentes internacionales para proyectos sociales y económicos.

La Asociación Civil Desarrollo Económico de Juárez, posicionó el proyecto conocido como el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Avanzada (CIITA), consensuado con funcionarios y políticos locales y nacionales del más alto nivel; mientras, otros proyectos prioritarios que suponen la protección de vidas y patrimonio de las familias, como el desarrollo de obras de control pluvial,  drenaje y hospitales, son sólo mencionadas y reconocidas por la misma elite de funcionarios  que participa en la toma decisiones en el Fidecomiso, pero no se ha determinado de igual manera su pertinencia prespuestaria.

Con los cambios políticos en el estado de Chihuahua, a partir de 2016, un grupo de empresarios, promotores del CIITA y de la construcción de un estadio de futbol profesional, entre otros 19 proyectos de infraestructura de crecimiento económico, tomaron puestos importantes en el gobierno panista de la entidad y en el propio Fidecomiso donde participan como juez y parte, desde prominentes puestos públicos.

El fideicomiso opera a través de un Comité de Inversión que seleciona,  prioriza y da luz verde a los proyectos de inversión; la decisiones que se toman de manera colegiada, mayoritariamente participan en el mismo empresarios de la Asociación Civil Desarrollo Económico de Juárez (sus integrantes en información anexada). 

Su estructura se completa con la integración de un Comité de Vigilancia, responsable del seguimiento y cumplimiento de la ejecución de los proyectos,  donde participa Mario Dena Torres como representante de sociedad civil, aunque este es el representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.

De la misma manera otros empresarios del mismo grupo de hombres y mujeres de negocios toman decisiones en el mismo espacio.

Cuenta pública de Fechac enfrenta a diputados en el Congreso por supuestas irregularidades

Mediante una trama política que fue encabezada por diputados locales del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, la cuenta pública del fideicomiso de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) correspondiente al ejercicio 2017, fue devuelta a la Comisión de Fiscalización por lo que no surtió efecto el dictamen que solicitaba a la Auditoría Superior de ejercer acciones legales por supuestas “irregularidades” en el manejo de 380 millones de pesos.

La postura de la fracción panista provocó todo tipo de reproches en el salón de sesiones del Congreso el pasado 21 de enero, ante la postura de los diputados de Morena cuyo coordinador, Miguel Ángel Colunga (presidente de la Comisión de Fiscalización) insistió en que el dictamen debió ser votado por el pleno. Sin embargo tras un largo debate, los morenistas cedieron y el decreto fue devuelto para que volviera a ser revisado y se aclararan las observaciones realizadas al fideicomiso de Fechac.

Junto con el dictamen de Fechac, también fueron devueltos los dictámenes del Ichisal y del Instituto del Deporte.

El dictamen que iba a ser presentado por la Comisión de Fiscalización, daba instrucciones a la Auditoría Superior para presentar acciones jurídicas por supuestas “irregularidades” en la disposición de 380 millones de pesos.

Ya cuando la sesión del Congreso había iniciado, la diputada panista Carmen Rocío González (a la vez secretaria de la comisión de Fiscalización del Congreso), pidió la palabra para pedir que se quitara del orden del día la revisión de las cuentas de Fechac, Ichisal y el Instituto del Deporte, y que se devolvieran a comisiones.

En el caso particular de la cuenta 2017 de Fechac, los dimes y diretes de los legisladores estuvieron de ida y vuelta en el salón de plenos.

El diputado panista Miguel LaTorre consideró que “en el Congreso tenemos un problema cuando se toca el tema de las cuentas públicas, pues no todos son medidos con la misma vara”.

“A veces hacemos escarnio de dependencias o de funcionarios públicos de manera indebida. Desafortunadamente informamos mal y se juzga de manera anticipada a un servidor público o un ciudadano. En el caso de Fechac, nos consta que se hicieron las observaciones desde el año pasado. Fechac entregó aclaraciones para solventar las observaciones o las supuestas irregularidades y de la Auditoría Superior jamás le volvieron a requerir o decir nada”.

“Incluso los funcionarios de Fechac hablaron con nosotros, incluido el diputado Colunga (titular de la comisión de Fiscalización) y les dijimos que lamentábamos que no se les hubiera dado la oportunidad de aclarar. Es mentira cuando se afirma que hay irregularidades por tantos millones, y es mentira cuando se señala como si hubiera habido malversación de recursos. Se les dijo que se iba a reconsiderar las aclaraciones, cosa que no se está haciendo”, añadió el legislador panista.

A su vez, Alejandro Gloria, diputado del Partido Verde, expresó que “es una irresponsabilidad de este pleno aprobar dictámenes que no hayan sido aprobados adecuadamente. Fechac es un órgano que todos conocemos bien su operación, sabemos lo que hacen, de su altruismo, ayudando a subsanar los errores o descuidos del gobierno para ejecutar cierto tipo de ayuda social”.

“Lo que pido es que se revise bien el dictamen y las observaciones, pues al darle un carácter de duda a la cuenta de Fechac, estamos comprometiendo incluso recursos internacionales que le son otorgados a Fechac. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte tachar de poco eficiente la administración de Fechac y comprometer los recursos que ellos reciben”, abundó el diputado Gloria.

El diputado Rubén Aguilar, del PT, hizo un llamado a los diputados integrantes de la comisión de Fiscalización, integrado por Miguel Ángel Colunga (Morena, titular de la comisión), Carmen Rocío González Alonso (PAN), Rocío Sarmiento Rufino (Movimiento Ciudadano), Omar Bazán (PRI), y Misael Máynez (Encuentro Social), “para que hagan bien su trabajo y no se presten a cosas incorrectas que llegan de la Auditoría Superior, y que sus decisiones podrían afectar no solo a Fechac, sino a todos los entes auditables”.

Más claridad y transparencia

Finalmente, el diputado de Morena, Miguel Ángel Colunga respondió que “entre más claras y transparentes las cosas se hagan, mucho mejor. Aquí no se trata de afectar a nadie, no es nuestro objetivo. No tenemos ningún inconveniente de que se vuelva a revisar el informe de la Auditoría Superior. Nunca hemos sido cerrados a que se solventen las observaciones que correspondan”.

Por su parte el presidente de Fechac Juárez, la acción de haber devuelto el dictamen a la Comisión de Fiscalización significa que “a los legisladores les falta información”.

“En Fechac siempre estamos abiertos a cualquier tipo de aclaración. La apreciación que tienen los diputados y la Auditoría Superior deberá aclararse porque no es correcta”, precisó.

AMLO se pronuncia por desaparecer los fideicomisos

En su lineamiento 18 para combatir la corrupción establece que durante su gestión serán cancelados los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos, o bien que evadan la legalidad y la transparencia

De los 374 fideicomisos federales que existen en el país, se estima que solo el 8 por ciento de ellos (29) cumple con lo dispuesto en materia de transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo a un estudio presentado este año por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

De acuerdo al estudio, pese a manejar recursos públicos por 835 mil millones de pesos, la mayoría de los fideicomisos esquivan sus obligaciones en materia de transparencia, incurren en la opacidad y discrecionalidad en el uso de los fondos sin ninguna consecuencia.

Se trata del mismo fenómeno que ocurre en los estados, y Chihuahua no es la excepción, donde se administran 11 fideicomisos públicos y que reciben fondos públicos de origen local.

La nueva administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto, como parte de su estrategia para el combate a la corrupción, cancelar dichos mecanismos.

Como parte de los “50 lineamientos generales para combatir la corrupción” de AMLO, en el punto 18 se establece que durante su gestión “serán cancelados los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos, o bien que evadan la legalidad y la transparencia”.

La postura del nuevo mandatario mexicano fue derivada luego de que su partido, Morena, fuera multado por el INE con 190 millones de pesos después que el fideicomiso “Por los demás” recibió alrededor de 40 millones de pesos en efectivo y cuyo origen fue desconocido, violando así la ley electoral y las normas del fideicomiso que prohibía los depósitos que no fueran en cheque o por transferencia bancaria.

Así como ocurre a nivel federal, en el estado de Chihuahua no existen respuestas oportunas y accesibles para conocer los alcances y resultados palpables de los fideicomisos públicos que año con año reciben cientos de millones de pesos.

De 2013 a 2016, las transferencias a los fideicomisos tuvieron un incremento del 62 por ciento, en particular a aquellos que son públicos que fueron constituidos por privados, así como por entidades federativas, de acuerdo a Fundar.

La organización precisó que la falta de mecanismos de control en estas figuras permite que los recursos escapen del escrutinio público y se abran espacios para posibles actos de corrupción.

De manera reiterada, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que existen severos riesgos de la opacidad, luego de identificar que los fideicomisos sin una estructura administrativa transparente permiten la discrecionalidad en el manejo de los recursos.

Un fideicomiso público es una herramienta financiera que el estado constituye para impulsar determinados fines de interés público como cultura, seguridad, salud, educación, etc.

Como ya se explicó, frecuentemente son utilizados también como instrumentos para desviar recursos públicos, que se ingresan a fideicomisos opacos y así evitan la rendición de cuentas.

Las grandes dudas

¿Cumplen los fideicomisos con los fines para los cuales fueron creados?

¿Cuántos fideicomisos no han cumplido sus objetivos y por lo tanto fueron extinguidos?

¿Cuáles son las fuentes que incrementan su patrimonio?