La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) logró obtener la propiedad de bienes que pertenecieron a Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario del Gobierno duartista, y a su esposa Mayra Julieta Urbina Arzola.
En un comunicado oficial, la FGE dio a conocer que se trata de la primera sentencia de extinción de dominio que se logra en la entidad desde la instauración de una instancia dedicada específicamente a ese fin.
En el caso en cuestión, el juez de la causa dictaminó que los bienes inmuebles asegurados pasarán a favor de Gobierno del Estado, los cuales tienen un valor comercial aproximado de 79 millones de pesos.
La resolución fue emitida por el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio en la que dictaminó que dichos bienes, los cuales eran propiedad de los exfuncionarios Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y su esposa Mayra Julieta Urbina Arzola, pasaran al Estado, de conformidad con la Ley Nacional de Extinción de Dominio que entró en vigor en noviembre de 2019.
Hermosillo, quien fuera diputado federal, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento y funcionario de la Secretaría de Hacienda del Estado durante el gobierno de César Duarte, falleció el 20 de marzo del 2017 en un accidente de carretera en la vía Chihuahua-Parral.
Meses antes de su percance, se había reactivado una demanda por presunto peculado y enriquecimiento ilícito cuando fue titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
Posteriormente, en junio del 2022, surgió el nombre del ya difunto exfuncionario durante las audiencias de vinculación a proceso contra el exgobernador por el presunto desvío de 96 mdp de recursos públicos en favor la asociación Unión Ganadera División del Norte y de la SOFOM Financiera División del Norte, ambas vinculadas al político ballezano.
Según versiones de los testigos protegidos que declararon durante el proceso, Hermosillo fue el operador clave para transferir los recursos de diversos programas de apoyo al campo en beneficio de las dos instancias ante mencionadas.
Acerca del reciente fallo judicial, la FGE informó en su comunicado que se ha posicionado “a nivel nacional al llevar casos de corrupción por la vía de extinción de dominio y cuyo recurso, servirá para el pago de la reparación del daño, así como para programas encaminados a la seguridad pública”.
Agregó que en el 2020 fue creada la Dirección de Extinción de Dominio en la que se trabaja para llevar a juicio diversos casos por los delitos establecidos en el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este uno de los diversos expedientes con los que se cuentan.
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