La tragedia ocurrida tras el incendio en el Instituto Nacional de Migración que dejó 40 extranjeros muertos, no solo le ha dado la vuelta al mundo sino se ha convertido en el tema central de asociaciones civiles, ciudadanos, religiosos y diplomáticos, que piden llevar hasta las últimas consecuencias la investigación federal.
Hasta las 2: 40 de la tarde, la información oficial indica que murieron 40 personas y otras 28 se encuentran lesionadas, algunas de ellas de gravedad.
Se sabe que hubo un operativo ayer por parte del Instituto Nacional de Migración y que en el INM se encontraban detenidos 68 extranjeros de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
Los extranjeros colocaron colchonetas en la puerta y las quemaron poco antes de las 10:00 de la noche. El fuego los arrinconó y la mayoría trató de refugiarse en los baños, donde fueron encontrados la mayoría de los cadáveres.
Un perito de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que los 68 migrantes encerrados en un área de confinamiento, confirmó que el fuego inició en la puerta, donde fueron colocadas las colchonetas.
La FGR investiga a personal del INM, se dio a conocer, ante las versiones de que la persona que tenía las llaves del lugar huyó del lugar mientras el incendio crecía.
Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició queja de oficio por los hechos ocurridos.
La Comisión añadió que se realiza una estrecha vigilancia del proceso de identificación de las personas fallecidas para que las autoridades competentes localicen a sus familias y sus restos sean repatriados a sus lugares de origen.
Diversas organizaciones e instituciones internacionales han advertido que el Gobierno federal debe llegar hasta las últimas consecuencias en sus investigaciones, además de que lamentaron los hechos.
Por ejemplo, Maureen Meyer, vicepresidenta de programas en la organización, señaló en su cuenta de Twitter que este “trágico incendio es resultado de políticas represivas que encierran a migrantes y solicitantes de asilo, con frecuencia en condiciones duras e inseguras”.
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, aseguró que “no es suficiente que el gobierno condene el hecho (sin explicaciones aún)”. Urge, añadió, una “política de alternativas a la detención que no prive de la libertad a personas migrantes”.
Por otra parte, el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, afirmó que la tragedia pone de manifiesto la vergonzosa, incongruente y escandalosa ausencia de un paradigma integral de política migratoria mexicana.
Agregó que si esto hubiera ocurrido con migrantes mexicanos en un albergue de Estados Unidos, desde el atril presidencial en Palacio Nacional hasta el último rincón de la opinión pública se estaría airadamente reclamando y pidiendo rendición de cuentas.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que se unía al dolor de los familiares de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados.
Nos unimos al dolor de los familiares de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en incendio en Ciudad Juárez. Es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular.
— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) March 28, 2023
“Es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular”, escribió en su Twitter.
También la iglesia católica lamentó el hecho a través de los obispos fronterizos de México-Estados Unidos.
Por medio de un comunicado, Gustavo García-Siller, Arzobispo de San Antonio y Eugenio Andrés Lira Rugarcía, Obispo Matamoros, manifestaron que confían en que las autoridades esclarecerán los hechos y tomarán las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los hermanos migrantes.
La gobernadora Maru Campos lamentó los hechos y dijo que su prioridad desde el primer momento ha sido ayudar a las víctimas, a sus familias y apoyar a la investigación.
“Sigamos mostrando nuestra solidaridad”, pidió a los chihuahuenses.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar solicitó que el tema no se usara para lucrar políticamente.
Finalmente el Gobierno de Chihuahua informó que rentó tráileres con refrigeración para resguardar los cuerpos de los migrantes que perdieron la vida en el incendio.
“Nosotros estamos coadyuvando, poniendo a disposición el personal y ofreciendo toda la colaboración que necesite la Fiscalía General de la República”, indicó el fiscal estatal, César Jáuregui.
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