El Juzgado Cuarto de Distrito llamó a cuentas al gobernador Javier Corral Jurado, luego de que conociera una demanda de juicio de amparo en contra del jefe del ejecutivo del Estado, porque ha omitido los procedimientos para garantizar la efectividad de la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, aprobada por el Congreso de Chihuahua y publicada el 23 de julio de 2018.
Paradójicamente esta ley fue promovida por la misma administración panista demandada que, tras su aprobación en el Poder Legislativo, por conducto del gobernador, tenía que haber creado el reglamento y conformado el consejo consultivo estatal de participación ciudadana, con representantes de diversas instituciones y actores políticos locales, conforme a los artículos tercero y cuarto transitorios de dicha Ley.
El abogado Cuauhtémoc Estrada informó que un grupo de ciudadanos interpusieron la demanda de amparo que el viernes 1 de abril pasado, debió haber sido respondida por el Poder Ejecutivo del Estado, a solicitud del Poder Judicial de la Federación que les requirió un informe justificado con respecto a las omisiones en las que incurrieron para garantizar la efectividad de la Ley.
La Ley fijó entre 30 a 60 días para la instalación del consejo consultivo y 180 días para la creación de la reglamentación, pero ambos plazos vencieron el año pasado, confirmó el abogado.
La demanda fue interpuesta hace poco más de un mes en los juzgados distritos de la localidad.
“Sin el cumplimiento de los transitorios que el Poder Legislativo transfirió al jefe del Poder Ejecutivo del Estado, para su cumplimiento, la Ley de Participación Ciudadana, existe y está publicada pero no tiene eficacia porque faltan los requisitos referidos”, expusó el abogado quien acompaña a un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran personas quienes esperan la oportunidad de demandar la revocación del mandato en contra del gobernador Corral y presidente del Municipio de Juárez, Armando Cabada Alvídrez.
La demanda interpuesta podría llevar a las autoridades judiciales a ordenar al gobernador el cumplimiento de los transitorios indicados, a partir de lo cual diferentes figuras de participación ciudadana serán activadas como el referéndum, plebiscito, además de la revocación del mandato y la consulta, entre otras herramientas que dotan a los ciudadanos de más poder, incluso para influir en el diseño del presupuesto.
La parte quejosa del proceso judicial es representada por un grupo de unos 22 ciudadanos de diversas ideologías políticas, incluso personas que se asumen como apolíticos, todos con un mismo interés: aplicación efectiva de la Ley de Participación Ciudadana.
“A todos los ciudadanos y a todos los partidos políticos nos debe interesar contar con un marco jurídico para llamar a los servidores públicos a rendir cuentas”, dijo Estrada.
¿Hay detrás de esta acción un interés que busca la revocación del mandato del gobernador?, se consultó al abogado.
“Hay algunas personas que lo buscan, yo no soy una de ellas, pues a mi juicio, una acción colectiva como la nuestra, no es deseable que la encasillemos la aplicabilidad de la ley, en la revocación del mandato. La ley considera posibilidades mucho más amplias, con una batería de herramientas poderosas, por lo que nuestro objetivo principal no es remover al gobernador del poder, si no la participación ciudadana en un sentido más amplío que puede significar una experiencia única, un antes y un después para la cultura política”, señaló el abogado.
La Constitución Política del Estado, en su articulo cuarto ya contempla la participación ciudadana como un derecho fundamental, expuso el abogado con respecto a la sustancia de la demanda interpuesta hace poco más de un mes.
Estrada consideró que la resolución final podría tardar entre dos y tres meses adicionales.
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